FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
XALAPA, Ver. (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investiga la actuación de elementos de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJE) por presuntos actos de tortura en agravio de Deyanira Hernández García, exjefa del departamento de Autorización de Crédito de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien actualmente se encuentra recluida en el penal de Pacho Viejo, acusada de un presunto fraude por un millón 800 mil pesos.
De acuerdo con el acta circunstanciada DAM-0100/2013 de la CEDH de fecha 30 de enero, la exservidora pública fue torturada por elementos de la PGJE para que se declarara culpable del probable quebranto.
“Tiene que declarar, de lo contrario se cae todo… Si el superior jerárquico se molesta (sic), se la va a cargar su madre”, le dijeron los agentes policiacos a cargo de la investigación.
Se agrega en el documento:
“Fue golpeada por elementos de esta institución, uno de los elementos de la AVI decía al momento de golpearla: Así me gusta que chillen las viejas; señala que le dieron toques eléctricos tanto en los pezones como en el abdomen y partes íntimas. Al momento de la tortura se encontraba vendada”.
A seis meses de los hechos, la familia Hernández García decidió romper el silencio y buscar apoyo de la prensa para exponer el viacrucis de su hija pues temen por su vida; apenas en mayo pasado, Deyanira Hernández salió sólo dos días del penal de Pacho Viejo en Coatepec para ser trasladada al Hospital Civil de Xalapa para aplicarle exámenes hepáticos.
“Se veía muy mal” –expone su madre, Emma Rosa García–, a la fecha los análisis clínicos no han sido entregados. También en mayo pasado, Deyanira ganó un amparo ante un Tribunal Federal Colegiado, que ordena reponer el proceso debido a las irregularidades durante la detención de la inculpada.
“La detuvieron sin una orden de aprehensión, dentro de un inmueble propiedad del gobierno del estado, la esposaron sin una orden de presentación y durante 24 horas la trajeron desaparecida dando vueltas entre las instalaciones de la AVI y la Procuraduría de Justicia”, expone Julián Hernández, hermano de la exfuncionaria pública en el gobierno de Javier Duarte.
Deyanira, junto con Víctor Hugo Dávila Barrientos y José Luis Noriega Uscanga, empleados estatales, fue involucrada por el entonces titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, en un fraude de un millón 800 mil pesos cometido en perjuicio de la dependencia a su cargo. El presunto fraude consistió, explicó Ruiz en una rueda de prensa, en “condonar” multas o eliminar adeudos de tenencias atrasadas a cambio de “mordidas”, lo cual quedó asentado en la investigación ministerial 137/2012 de la Procuraduría General de Justicia.
“Mi hija llevaba más de 10 años trabajando en el servicio público, jamás robó, trabajó en la Comisión del Agua, en el DIF con la esposa de Miguel Alemán, de Patricio Chirinos y ahí manejó mucho dinero y nunca tocó un solo peso que no fuera suyo. Hoy en día, ella en la cárcel, tiene problemas de hipoteca, pues estaba pagando un crédito de una casa a 20 años en la colonia Emiliano Zapata”, reseña Emma Rosa García.
Reunida con su esposo, Julián Hernández Valencia y con su hijo del mismo nombre, entregaron al reportero copia del expediente que abrió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en donde los primeros días de febrero reconvino a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Agencia Veracruzana de Investigación a dar “medidas cautelares” de protección y seguridad a Deyanira Hernández.
En respuesta, la SSP y la AVI negaron haber utilizado la tortura como método de coacción para obtener la culpabilidad confesa de la exfuncionaria de Sefiplan; sin embargo, el reporte médico de Derechos Humanos y una comisión que ingresó al penal el día 11 de diciembre del 2012 para una revisión física completa de la inculpada observa lo siguiente:
“A nivel de glándulas mamarias se observan lesiones hipercrómicas producidas por quemaduras de .5 cm x .5 cm. A nivel de abdomen se observan múltiples lesiones puntiformes hipercrómicas secundarias a quemaduras en proceso de costra, aproximadamente un número de 15 lesiones de aproximadamente 30 días de evolución”, señala el diagnóstico del galeno enviado por la CEDH.
En el tórax y en la pierna derecha también se encontraron lesiones de menor gravedad. La familia de Deyanira Hernández asegura que las quemaduras fueron producidas por más de 40 “toques” (descargas eléctricas), que tres agentes de la Agencia Veracruzana de Investigación le pusieron para lograr su declaración.
“Me decían que tenía que inculpar a Víctor Hugo Dávila Barrientos y que todos los movimientos que había hecho los había hecho bajo coacción y amenazas; respondía que quería un abogado, que no tenía por qué declarar cosas que no eran ciertas, me contestaban: ‘Pinche vieja pendeja, no, entiende lo que tienes que decir, a ver si vamos por su marido. Vayan y tráiganme a ese hijo de la chingada, y a ver dónde queda su hijo, a merced de un albergue’”, expone el acta circunstanciada de Deyanira Hernández ante Derechos Humanos, misma que la SSP, la AVI y la PGJ de Veracruz se han negado en aceptar.
En el expediente 137/2012 de la Procuraduría General de Justicia, ni los testigos a favor o en contra de Deyanira Hernández (abogada y con un postgrado en Administración Pública Gubernamental) acudieron a declarar por “amenazas” que vinieron desde adentro del gobierno de Duarte.
Víctor Hugo Dávila ya salió libre y el otro implicado continúa prófugo, reseña la familia.
“Solicito amparo y protección a mi presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a mi gobernador, Javier Duarte, porque temo por mi vida, la de mi familia y la de mi hija presa en Pacho Viejo; hemos solicitado audiencia con el gobernador para mostrarle el expediente donde habla de la tortura, para que tome cartas en el asunto y deje libre a mi hija, en el momento en que quede libre mi hija, no actuaremos en contra de nadie”, suplica Emma Rosa García.
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