AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Más que por su peso político, Baja California se convirtió en un estado estratégico para el PAN al coincidir la elección para gobernador con su guerra intestina y el debate sobre su permanencia en el Pacto por México. Sin embargo sólo un sector del PRI tenía añejas ambiciones en la península y el hilo se rompió por lo más delgado: ahora persiste la sospecha de que el gobierno de Enrique Peña Nieto sucumbió a los amagos panistas y perredistas para cederles aquel estado a cambio de que permanecieran en el Pacto por México.
El 27 de febrero, cuando agentes de la Procuraduría General de la República aprehendieron a Gordillo en Toluca al bajar de un avión que venía de Baja California, los priistas pensaron que la estrategia aliancista había sido inutilizada. No se les ocurrió que en realidad ya estaba en marcha: el principal operador de la campaña de Kiko Vega era Osuna, quien –como se denunció– dispuso de mil 300 millones de pesos y usó los programas sociales para apuntalar a su candidato mediante el llamado Plan Baja Azul.
Después de su derrumbe en la elección de 2102 el PAN sabía que parte de su futuro inmediato estaba en juego en Baja California. Por ello su dirigencia no tuvo reparo en aliarse con sus enemigos ideológicos: el PRD y el empresario de los casinos Caliente, Jorge Hank Rhon, a quien el PRI le negó la candidatura a gobernador para dársela a Castro Trenti.
Al mismo tiempo los panistas amagaron al gobierno de Enrique Peña Nieto con salirse del Pacto por México si apoyaba a Castro, lo que dio lugar a una nuevaconcertacesión –como la de Carlos Salinas de Gortari en 1989 para que Ernesto Ruffo Appel asumiera el gobierno bajacaliforniano a cambio de que el PAN apoyara sus reformas constitucionales–, denunció el candidato ciudadano Daniel Ruanova.
Este es un adelanto del número 1915 de la revista Proceso, ya en circulación.
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