AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
No obstante, el exfuncionario sigue acusado por el delito de “encubrimiento”, cuyo proceso enfrenta en libertad porque no es grave y alcanza fianza.
Hasta ahora, de los cinco exfuncionarios de la Procuraduría local acusados por la PGR durante la administración del expresidente Felipe Calderón por su presunta responsabilidad en delitos derivados del desalojo realizado por policías estatales y federales el 12 de diciembre en esta capital que dejó un saldo de dos estudiantes asesinados a balazos, cuatro se encuentran libres y sólo uno sigue en la cárcel.
Esta mañana en conferencia, Hernández Paz y Puente explicó que el delito por el que estuvo preso un año y 21 días fue “contra la administración de justicia”, relacionado con la liberación de 24 personas detenidas durante el desalojo del 12 de diciembre en esta capital donde dos normalistas fueron asesinados a tiros.
Al respecto, dijo que el lunes 22, durante el cierre de la instrucción procesal, el Ministerio Público de la federación ya no sostuvo la acusación inicial por la que fue consignado, por lo que el juez Primero de Distrito decretó su libertad ante la falta de conclusiones acusatorias de la PGR.
Por ello, este viernes 27, Hernández Paz y Puente salió del penal de esta capital y dos días después reapareció públicamente para informar los detalles de su absolución.
De esta forma, el juez federal sobreseyó la causa sin entrar al análisis de los elementos del delito ni la responsabilidad penal, indican documentos oficiales consultados por este medio.
Es decir, la liberación del exsuprocurador Alejandro Hernández representa un revés del gobierno de Enrique Peña Nieto a la administración calderonista, como lo hizo con el caso de los militares acusados y encarcelados por presuntos nexos con el narco, quienes fueron absueltos luego de que la PGR determinó decidió no presentar conclusiones acusatorias.
Al respecto, el exsubprocurador de Justicia pidió al gobernador Ángel Aguirre ser “reivindicado ante la sociedad” por considerar que “no lo defraudó” y que su proceder durante los hechos relacionados con el caso Ayotzinapa “no fue incorrecto”.
En julio del año pasado, la PGR ejerció acción penal por los delitos de encubrimiento y contra la administración de justicia en contra del exprocurador Alberto López Rosas; los exprocuradores César de los Santos Mendoza y Alejandro Hernández Paz y Puente; así como las agentes del Ministerio Público del fuero común, Gloria Rocío Méndez Cruz y María Seberiana Peña Flores.
Los cinco exfuncionarios enfrentan la misma causa penal 23/2012, pero optaron por distintas vías de resolución, refieren documentos consultados por este medio.
El exprocurador Alberto López se encuentra libre luego de que un Tribunal Colegiado de Circuito lo amparó en contra del auto de formal prisión dictado por un juez de Distrito y actualmente desempeña el cargo de subsecretario de Trabajo del gobierno estatal.
También el exsubprocurador César de los Santos fue beneficiado con un amparo del Tribunal Colegiado de Circuito en contra del auto de formal prisión dictado por un juez de Distrito y recientemente apareció públicamente como asesor en materia jurídica del alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto.
Por su parte, la exfiscal en la región Centro, María Severiana Peña actualmente se encuentra escondida para evitar ser detenida y tramitó un amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito para dejar sin efectos la orden de aprehensión en su contra y está en espera de que le otorguen la medida o la rechacen.
Luego de ser aprehendido y encarcelado, el exsuprocurador Alejandro Hernández agotó la etapa de instrucción del proceso donde logró que la PGR se desistiera al no presentar conclusiones acusatorias en su contra y este viernes salió libre.
Mientras que la agente del Ministerio Público del fuero común, Gloria Rocío Méndez Cruz, es la única que sigue presa en la cárcel de esta capital.
Méndez Cruz enfrenta directamente las acusaciones de la PGR debido a que ella firmó las actuaciones donde se integra el oficio de liberación de los 24 detenidos durante el desalojo del 12 de diciembre.
La exfuncionaria apeló el auto de formal prisión dictado por un juez de federal y está en espera de que le otorguen el amparo o rechacen su petición, indican los reportes oficiales.
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