FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: ÓSCAR BALDERAS.
No sólo con votos se ganan las elecciones. Para el crimen organizado, también se puede triunfar con balazos y armas de alto poder.
Y es que las elecciones de este 7 de julio pondrán a prueba los primeros siete meses de la nueva estrategia de seguridad que ha implementado el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La prueba es complicada: en sólo cuatro meses de campaña electoral, la incursión del crimen se enlista en postulaciones canceladas, candidatos asesinados, municipios donde no hay forma de introducir encuestadores para mediciones o, de plano, intimidación de grupos delictivos a la comunidad para que vote por el nominado de la mafia.
En Sinaloa, tierra de origen del Cártel de Sinaloa que dirige Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 29 de junio fue encontrado el cuerpo de José Antonio Loaiza Zamora, de 19 años, hijo de Arturo Loaiza Delgado, coordinador de campaña del candidato del Partido Revolucionario Instituciona (PRI) y del Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de San Ignacio.
Seis días antes, en tierra sinaloense, el candidato a suplente regidor de la capital por la coalición formada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT), Eleazar Armenta, fue asesinado después de que un comando armado lo expulsó de su casa.
En el estado contiguo, Durango, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de San Dimas, Ricardo Reyes Zamudio, fue secuestrado y asesinado el 1 de julio; quien tuvo el mismo destino fue el priista Mario Landeros, quien aspiraba a ser alcalde del municipio Lerdo, pero fue hallado sin vida el 6 de marzo, luego de que su familia reportó su desaparición.
Rumbo al norte, en Chihuahua, el cuerpo de Jaime Orozco Madrigal, abanderado del PRI a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, fue encontrado el 12 de junio con varios impactos de bala.
En la entidad colindante, Coahuila, habitantes del municipio Escobedo han reportado que presuntos miembros del Cártel del Golfo los han presionado para promover el voto a favor del PRI; lo mismo sucede en Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas, donde el crimen estaría operando a favor de los tricolores.
En Veracruz, el escenario se tiñe de rojo: Isaac López, candidato suplente por el Partido Cardenista a la alcaldía de Martínez de la Torre, fue hallado muerto en un pozo y con señales de tortura; el panista Carlos Triana García, quien compite por la alcaldía en Tlalixcoyan, denunció que el 1 de julio su casa fue baleada por desconocidos; Quintín Mendoza, nominado del PRI a la alcadía de Tantoyuca, fue emboscado el 28 de junio por desconocidos, quienes lo golpearon e incendiaron su vehículo.
Hacia el sur, en Oaxaca, hay tres muertos: Nicolás Estrada Merino, presidente del Consejo Estatal del PRD, fue encontrado muerto el 27 de junio; y Rosalía Palma, candidata del PRI y PVEM a diputada local, fue herida de bala en una emboscada que le tendió un grupo armada. Ella tuvo heridas menores, pero su esposo y su sobrina fallecieron.
La última víctima ocurrió horas antes de que inicie la jornada de 7 de julio: este sábado, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, reportó en Twitter que uno de los coordinadores generales de la campaña del Sol Azteca en Zacatecas, Aquiles González Mayorga, fue hallado sin vida frente a su domicilio.
“Mi pésame a la familia de Aquiles González #Zacatecas en el @PRDmexico pugnaremos porque su muerte no quede impune”, tuiteó Zambrano Grijalva.
A la ola de violencia nadie escapa: priistas, panistas, perredistas, nominados por partidos locales, todos cuentan bajas en el proceso electoral.
Este domingo se conocerá si las armas derrotan a los votos en las urnas y la elección del 7 de julio abre una nueva etapa para los narcopolíticos.
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