AUTOR: ILÁN SEMO.
El historiador Ilán Semo publicó el 20 de julio este texto en 'La Jornada', en el que subraya la conexión que hay entre extorsiones a agricultores, precios, y creación de autodefensas. Advierte que el estado de excepción se ha vuelto permanente en el país.
Desde 2011, año en que los poderes locales del estado de Michoacán cambiaron de mano, los carteles del crimen organizado empezaron a extender sus dominios al control de las cosechas y la comercialización de los prósperos cultivos de limón y aguacate en el fértil territorio donde habitan los pobladores de La Ruana, Bellavista y Tepalcatepec. En un breve lapso, lograron establecer quién, cuánto y cuándo sembraba qué cultivo en la región y, sobre todo, el pago de onerosas cuotas para entregar las cosechas a los transportistas.
Los pagos por derecho de aduana para comercializar los frutos pronto se reflejaron en los precios al consumidor. Si el limón y el aguacate llegaron a costar (durante ¡dos años!) cuatro o cinco veces más de su valor habitual, esto no se debió al cambio de las condiciones climáticas ni a las demandas de la exportación –que son explicaciones en las que incluso las amas de casa creen en la actualidad–, sino simplemente al aumento del costo producido por la extorsión a los agricultores. Las cientos de denuncias enviadas al gobierno de Felipe Calderón por los vecinos de La Ruana fueron inútiles, como también lo fueron las que enviaron al gobierno de Peña Nieto en los primeros meses de su gestión.
A partir de febrero, los pobladores de las tres localidades comenzaron a reunirse en asambleas públicas para formar cuerpos de policías comunitarios que los protegieran frente a la extorsión. Se desató la guerra. Siguieron los enfrentamientos y los muertos. El gobierno federal reaccionó hasta fines de mayo, enviando tropas y logrando algo que parecía imposible desde 2007 (cuando se iniciaron las primeras incursiones militares en Michoacán): despejó las carreteras, al parecer pactó con Los Templarios y otros grupos y, súbitamente, el precio del limón se redujo a sus niveles normales.
¿Qué fue lo que obligó al gobierno federal a adoptar las medidas que bien podía haber emprendido dos años antes?
La aparición de los policías comunitarios fue el primer aviso de que la ominosa conjunción entre la indiferencia federal, la complicidad del gobierno local y la voracidad de los carteles había empezado a perder su poder. Pero lo que provocó la reacción oficial, según el reportaje de Bloomberg, no fueron los muertos, ni las extorsiones ni los secuestros que mantenían en zozobra a la población local, sino el aumento de los dígitos de la inflación. Según esos cálculos, el precio del limón –que se consume masivamente en el país– contribuye en 0.17% al costo general de la canasta básica. Los expertos en Estados Unidos que velan por la estabilidad de la economía mexicana, llegaron a la conclusión de que, sumados, los precios acumulados de alimentos de la canasta básica, propiciados por las extorsiones en todo el país, podían afectar hasta en 1% o 1.5% a los dígitos del inflación (que calculan entre 4.5% y 5% en total). Los telegramas empezaron a acumularse en las oficinas de Hacienda y el Banco de México, y entonces sí, la Secretaría de Gobernación, encargada por Peña Nieto, decidió actuar de inmediato.
Hay un ingrediente de portentosa perversión en los paralajes que definen en la actualidad a las prácticas de gobierno. Al parecer, la única razón que ha logrado afectar realmente a los cuerpos tecnocráticos es la sensibilidad de los dígitos: el estado de las aguas gélidas del mercado. Las vidas, los muertos, la emigración forzada, el abandono, la destrucción son una suerte de capital desechable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario