AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Desde marzo pasado se comenzaron a detectar secuestros, asesinatos, amenazas y otros hechos de violencia en los estados de Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz y Coahuila, en los cuales, más allá de la competencia entre los partidos, la presencia de grupos del crimen organizado es más que evidente y se ha hecho notar en procesos electorales pasados, pero no de manera tan clara como en estos comicios.
El silencio del gobierno de Enrique Peña Nieto en estos cuatro meses de violencia ha sido público, pues en ninguno de sus actos ha dado respuesta a las demandas que distintos actores políticos han hecho para que se dé seguridad a candidatos y ciudadanos en este proceso electoral que culmina este domingo.
Consecuente con su estrategia de marketing político con la que pretende dar la impresión, a través de ciertos medios de comunicación, de que en su gobierno la violencia ha disminuido en todo el país, Peña Nieto quiere no hacer caso de la realidad, sino que volteando su mirada únicamente habla del blindaje de los programas sociales y afirma que no permitirá la intervención de algún funcionario en los procesos electorales de esos estados.
Pero la realidad es otra. En esos diez estados han ocurrido al menos 20 acciones en contra de candidatos y sus familiares. En Veracruz es donde se han presentado más atentados, secuestros, amenazas y ataques, seguida de Oaxaca, Chihuahua y Sinaloa.
En todos los casos se ha notado la actuación de grupos armados que llevan instrucciones precisas para atacar a los candidatos o representantes de los partidos políticos. El saldo es de 15 muertos, ataques con bombas molotov, un par de secuestros, violaciones y la presencia intimidatoria de sicarios en regiones apartadas en las que difícilmente habrá votaciones.
A la nube de terror que ha cubierto el desarrollo de las campañas en estos estados habría que sumarle los escándalos de corrupción en Baja California, donde los dos candidatos más fuertes, el priista Fernando Castro Trenti y el panista Francisco Kiko Vega, han sido denunciados de riqueza inexplicable. Asimismo, la intervención de funcionarios en los estados de Quintana Roo, Zacatecas y Aguascalientes.
No se trata de la violencia registrada tradicionalmente en las campañas en tiempos pasados –en Oaxaca, por ejemplo, casi siempre hay enfrentamientos y muertos–, sino de la presencia del crimen organizado como un actor que se está posicionando e imponiendo en la elección de los gobernantes en regiones de estos 14 estados.
Los líderes de PRD y PAN han solicitado que el gobierno federal despliegue un blindaje militar a las elecciones, pero esto resulta pueril si tomamos en cuenta la enorme extensión donde se desarrollarán los comicios en municipios muy apartados, en donde no hay más autoridad que la del narco.
El escenario para el desarrollo de las elecciones no es muy halagüeño, los barruntos de violencia se han acrecentado conforme se acercan los comicios. El domingo entrante podría haber una prueba de fuego para el gobierno federal si los focos de alarma se encienden al mismo tiempo en diferentes partes del país.
El problema es que tradicionalmente el “voto del miedo” ha favorecido al PRI y quizá sea por esa razón que Peña Nieto ha hecho oídos sordos a las protestas y demandas de una intervención férrea en la vigilancia del desarrollo de la votación del próximo domingo.
Pero si la apuesta es ganar a cualquier costo, estas primeras elecciones podrían ser una victoria con sabor a derrota para Peña Nieto, pues el único ganador sería ese personaje que ha ido creciendo en las sombras y que hoy quiere ocupar puestos de poder popular en ciertas zonas del país.
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