AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
Durante el sexenio de Felipe Calderón el gobierno federal, gracias a la Secretaría de la Función Pública, “perdió” más de 30 mil millones de pesos en multas no cobradas a funcionarios que incurrieron en diversas faltas. Para los analistas esto sólo se puede explicar por una torpeza monumental… o porque a fin de cuentas la administración panista tomó la decisión política de no castigar la corrupción.
Las cifras muestran un aparato “débil”, incapaz de disuadir actos de corrupción o ilegales y que sólo sirve a intereses políticos, asegura Daniel Márquez Gómez, especialista en derecho administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Por su parte Edna Jaime, directora general de México Evalúa, organización dedicada al análisis, monitoreo y evaluación de políticas públicas, coincide y asegura que con la desaparición de la SFP, en este sexenio el gobierno federal cooptará totalmente la fiscalización pública.
Dos bases de datos
Mediante una solicitud de acceso a la información, Proceso requirió la lista de los servidores públicos sancionados por la SFP entre 2000 y diciembre de 2012; esta relación debería incluir el nombre del funcionario, tipo de sanción, monto en caso de sanción económica, estatus del proceso y dependencia.
La SFP sólo dio información relativa al último sexenio en dos bases de datos: una, denominada créditos pagados, contiene mil 535 nombres de servidores públicos que cubrieron su adeudo. Otra, más grande, es la relación de los 63 mil 13 sancionados, entre los que están los 6 mil 344 que no pagaron.
En la de los mil 535 servidores públicos que cubrieron la sanción económica aparecen montos risibles, como el cubierto por Octavio Adolfo Klimek Alcaraz, quien pagó cinco pesos; en contraste, el más alto es de 11 millones 403 mil 375 pesos, cubiertos por Sandra Luz Ordaz Castro. Algunas multas se liquidaron en efectivo, otras por subastas hasta de segunda almoneda y otras más por adjudicación a favor del fisco. En total se recaudaron 195 millones de pesos.
En la segunda lista la dependencia que aparece más veces es la Policía Federal, con 8 mil 46 sanciones. Le siguen el ISSSTE, con 4 mil 992; Pemex, con 3 mil 441; el IMSS, 2 mil 878; la Procuraduría General de la República, 2 mil 348, y el Servicio de Administración Tributaria, 2 mil 300. Entre las instancias oficiales incluidas en esta lista también está Caminos y Puentes Federales, con 2 mil 55 funcionarios multados; la SEP, mil 488; Diconsa, mil 341, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con mil 15.
La relación de los 63 mil 13 servidores públicos detalla el tipo de sanción impuesta: debieron aplicarse 13 mil 242 amonestaciones públicas, cuatro apercibimientos públicos, 3 mil 88 destituciones, 14 mil 502 amonestaciones privadas, 16 mil 32 suspensiones, 9 mil 792 inhabilitaciones y 6 mil 344 sanciones económicas.
Respecto a multas, la SFP registra 31 mil 413 millones 554 mil 931 pesos sin recuperar. La mayor sanción impuesta corresponde a Rogelio Montemayor Seguy, exdirector general de Petróleos Mexicanos.
El Órgano Interno de Control de Pemex y la SFP le impusieron dos multas más por mil 421 millones 149 mil 746 pesos cada una; aparecen fechadas el 17 de diciembre de 2009.
Una anterior, más pequeña (de 69 mil 992.62 pesos) tampoco ha sido cubierta y le fue impuesta en la misma fecha de su inhabilitación: 29 de marzo de 2007. El funcionario incurrió en abuso de autoridad, violación de leyes y normatividad presupuestal. Se le implicó en el desvío de más de mil millones de pesos de la paraestatal al sindicato petrolero, de los cuales 500 millones terminaron en la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000.
De acuerdo con la SFP, el exdirector general de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrade, y su jefe de la Unidad Jurídica, Luis Ricardo Bouchot Guerrero, no pagaron sanciones en lo individual por mil 390 millones 293 mil 765 pesos. El expediente 17/2002 y acumulado 52/2002 de la SFP concluyó que ambos cometieron negligencia administrativa. Al primero se le giró orden de aprehensión por fraude, estafa y peculado en 2004 por supuesta defraudación por 140 millones de pesos. Willars aparece como deudor desde el 22 de noviembre de 2008, mientras Bouchot, desde el 14 de febrero de 2007.
Otra de las sanciones de mayor monto económico se impuso en 2007 a Raúl Muñoz Leos, exdirector general de Pemex, y al entonces abogado de esa misma institución, Juan Carlos Soriano Rosas; las multas individuales ascendieron a 862 millones 259 mil 470 pesos. Fueron acusados de violar las leyes y normatividad presupuestal causando un quebranto de mil 724 millones de pesos. Además fueron inhabilitados 10 años.
Jesús Roberto Ramírez Benavides, extitular de la Gerencia de Abasto Institucional de Diconsa, fue sancionado el 31 de marzo de 2008 con 1 millón 808 mil 353 pesos; en la misma fecha fue inhabilitado. Sin embargo siguió en funciones y el 16 de junio de ese mismo año se le multó nuevamente con 4 millones 83 mil 19 pesos. Esta multa tampoco se hizo efectiva y cuatro meses después, el 31 de octubre, fue inhabilitado y sancionado económicamente con 46 millones 791 mil 50 pesos. Nunca pagó.
La SFP le impuso dos multas que alcanzan en total 55 millones 945 mil pesos, además de una inhabilitación acumulada de 21 años para actuar como servidor público, al exadministrador de la Aduana de la Ciudad de México, Héctor Castro Herrera. El expediente, abierto en 2007, condensa tres indagatorias bajo cargos de irregularidades administrativas y de permitir el acceso de mercancías sin el pago de los aranceles correspondientes.
En su columna Empresa, publicada en el periódico El Universal el 26 de enero de 2009, Alberto Barranco se refirió a que la sanción a Castro Herrera era simple y llanamente un intento de tapar el sol con un dedo frente a la corrupción galopante de las aduanas durante el sexenio foxista: “Es el chivo expiatorio, pues, de un alud que involucraría al exdirector general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, y salpicaría a la exprimera dama Marta Sahagún de Fox”.
En agosto de 2011 el exsecretario de la Función Pública Salvador Vega Casillas reconoció serias irregularidades en torno a la construcción de la Estela de Luz. Afirmó que se denunció penalmente ante la PGR por abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y usurpación de funciones a Agustín Castro Benítez, exdirector general de la empresa Triple I Servicios; Juan Alberto Bravo Hernández, exasesor técnico administrativo; Ricardo Morales Jaramillo, gerente de Administración y Finanzas, y Rubén Enrique Arenal Alonso, gerente jurídico.
Bravo Hernández no aparece en ninguna de las dos listas; los otros tres sólo tienen inhabilitación a partir del 9 de diciembre de 2011. Sus nombres están en la lista de los que no han cumplido.
Casos de “pacotilla”
De acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitido la semana pasada sobre el último año del gobierno de Calderón, la SFP perdió los casos debido a deficientes argumentaciones en tribunales, por dejar pasar meses o años sin presentar pruebas contra los acusados y por cometer “fallas simples” o por anotaciones “erróneas” de los datos personales de los acusados.
“Únicamente hacen efectivos los casos de pacotilla; aquellos en donde la responsabilidad patrimonial es mínima. En los emblemáticos, donde el adeudo es significativo, no hay castigo. Por ejemplo en el caso Estela de Luz los cuatro funcionarios implicados fueron exonerados. Da la impresión de que se genera un cálculo político y anuncian sanciones que sólo quedan en el impacto mediático; al menos así proceden en casos que implican un fuerte impacto en la opinión pública”, afirma Márquez Gómez.
–¿Qué opina de que la mayoría de los casos se caigan?
–La vox populi bautizó a la SFP como la Secretaría de la Disfunción Pública porque (contrario a lo que en antaño era: medianamente eficiente en su procedimiento administrativo y en la defensa jurídica de sus casos) en los dos últimos sexenios decayó mucho. Lamentablemente no se colocó a técnicos con buen background político al frente. Tenemos entidades anticorrupción inconexas porque a veces en lugar de coordinar acciones y establecer un efectivo sistema de rendición de cuentas (que existe en el papel pero no en los hechos), se estorban entre ellas.
Recuerda que cuando Francisco Barrio Terrazas estaba al frente de esa secretaría se decía que quienes ganaban todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera eran los oriundos de Chihuahua; en broma se afirmaba que ellos eran los más inteligentes. En realidad se preparaban las cosas de manera tal que quienes querían concursar se atoraran en la entrevista. Pocos de los no palomeados la pasaban, porque era el filtro del panismo.
Si esto lo trasladamos, agrega, a lo que sucede con las sanciones aplicadas por la SFP, encontramos que por un lado sí hay una infracción a los deberes que establece el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que haya provocado un daño o un perjuicio al erario; es muy común que en la fase de investigación ciertos casos no pasen este filtro y sólo lo superan aquellos a quienes realmente quieren sancionar. Hay un uso político de la auditoría y es todo un tema muy complejo, porque la evidencia sólo se puede desprender del análisis de los expedientes de los servidores públicos.
–¿Se incrementó la corrupción?
–Sí. Desafortunadamente el panismo imprimió un sello de soberbia a la administración pública. Mucho de lo que se había logrado en otras épocas, con los gobiernos del PAN se perdió; eran servidores públicos que desconocían la legislación, tanto que la fueron modificando a sus intereses particulares. Actuaron con bastante prepotencia en despidos, nombramientos, en uso discrecional de los recursos, en asignación de contratos a gente cercana.
“De los casos filtrados a la opinión pública se advertía que detrás estaba alguien que había dado la instrucción de violar las normas. Un caso es el de Jorge Serrano Limón, representante de Provida, quien hasta tangas llegó a comprar con los recursos públicos. También está el caso de las toallas de 400 dólares en Los Pinos durante el sexenio de Fox; la corrupción de Juan Camilo Mouriño, quien asignaba contratos que beneficiaban a su familia. Los no explicados 200 millones de dólares de Zhenli Ye Gon, que no se sabe de dónde salieron, qué hacían allí y sus nexos con Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo en el sexenio de Calderón.”
Continúa: “No hay explicaciones serias que nos ayuden a entender qué sucedía, por qué sucedía, quiénes se involucraban y qué implicaba eso para la institucionalidad mexicana, como lo advertimos con los generales arraigados primero y después consignados. Fue el uso de la justicia facciosa al servicio de un grupo político.
“Hay muchos indicios de que hubo una corrupción generalizada durante los gobiernos del PAN. Está el caso de los Bribiesca Sahagún, el papel que jugó Marta Sahagún en la toma de decisiones públicas en Los Pinos. O el hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara que el presidente Calderón había intervenido ilegalmente en los comicios al violar normas en materia de propaganda, pero que no pudo ser sancionado porque en opinión del TEPJF tenía una protección derivada del artículo 108 de la Constitución, pero se les olvido leer el 111 constitucional, que permite un juicio político al presidente.”
Recuerda que hay casos pendientes por revisar en el ejercicio de los expresidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo:
“El de Zedillo es emblemático por la acusación del caso Acteal. En México no existe la figura del ex. La etimología de la palabra es muy clara: fuera de. Y frente a la acusación que se le acumula en tribunales estadunidenses, en lugar de permitir que la justicia de aquel país evaluara la demanda que se interpuso en su contra y que él se defendiera, el gobierno del presidente Calderón se apresuró a emitir una nota diplomática dándole inmunidad. Argumentó que los actos que generó los hizo con la investidura de presidente.
“Entonces uno se pregunta por qué nos apresuramos a meter las manos al fuego –como Estado– por un individuo, cuando lo correcto es que esa persona demuestre que se apegó a la ley, como asegura. Pasa lo mismo con todos estos servidores públicos incluidos en las listas de sanciones de la SFP”, concluye.
Para Edna Jaime la falta de resultados de la SFP cuestiona la existencia de este órgano interno de control. La lógica de la Contraloría era que se trataba de un aparato de persecución política. Para perseguir enemigos políticos, para procurar la disciplina. Cuando la ley se aplica discrecionalmente siempre puede utilizarse con esos fines. Con el cambio de partido, con la alternancia, con la creación de la SFP se esperaba que esa racionalidad, esa lógica política desapareciera y que esta secretaría se constituyera realmente en un órgano interno de control de la administración pública federal, “pero no fue así”, señala.
Acota: “Si falla la SFP como órgano de control, tenemos a la Auditoría Superior de la Federación; la posibilidad de que ciudadanos a través del IFAI puedan acceder y hacer una especie de auditoría ciudadana y el control político del Congreso. Hablamos de que nuestro sistema anticorrupción está compuesto por distintos agentes o actores. En nuestro caso todos presentan debilidades y por eso es que no cumplen con su función, pero creo que la falta de resultados de la SPF para hacer efectivas las sanciones habla de que el órgano interno de control no cumple con su chamba”.
Acerca de la inminente desaparición de la SFP señala: Ahora los titulares de los órganos internos de control de cada una de las dependencias ya no van a ser nombrados por la SFP, sino por el titular de cada dependencia. ¡Imagínese! ¡El secretario de Hacienda va a nombrar a su propio contralor! Eso debilita aún más los mecanismos de control interno.
–¿El auditor no tendrá autonomía?
–Así es. Por eso me parecía arriesgado desaparecer la SFP; pero después de las enormes listas de sanciones no cobradas que otorga a través del IFAI nos damos cuenta de que no cumplió con sus funciones.
Explica que la ASF ha hecho un gran papel, el problema es que los resultados de sus auditorías de desempeño las presenta con un rezago de año y medio, cuando muchos delitos prescribieron; por eso cuando ejercita algún caso y lo presenta a la autoridad judicial, ahí se obstruye. Por lo tanto, la supervisión que ejerce no tiene consecuencias.
“Esto nos habla de que en México no tenemos realmente un órgano interno de control ni anticorrupción, como se suponía que era el papel de la SFP. Y es evidente que tampoco tenemos órganos externos que realmente funcionen”, remata.
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