AUTOR: JESÚS CANTÚ.
El 17 de junio Peña Nieto anunció en Londres al Financial Times y al semanario Bloomberg su propuesta para terminar con el monopolio estatal sobre la exploración y producción del petróleo y el gas, a fin de abrir a compañías privadas –mexicanas y extranjeras– la extracción de crudo en aguas profundas y el gas de esquisto, entre otros campos.
Peña Nieto fue puntual: “Es obvio que Pemex no tiene la capacidad financiera para estar presente en cada uno de los frentes de la generación de energía…La del gas esquisto es una de las áreas en las que existe espacio para las compañías privadas, pero no es el único”.
Al Financial Times le precisó: “Hay diferentes opciones sobre lo que debe ser la reforma, pero tengo confianza… en que será transformacional”. De acuerdo con el diario, el presidente mexicano agregó que la reforma incluirá “los cambios constitucionales necesarios para dar certeza a los inversionistas privados”.
El jueves 18, en la sede nacional del PAN, Madero, acompañado de los líderes parlamentarios de su partido, presentó una iniciativa para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el fin de que el capital privado, nacional y extranjero, participe en la industria petrolera.
El panista fue aún más preciso que Peña Nieto y aclaró que se pretende que la paraestatal compita con empresas privadas y asociaciones público-privadas en la exploración, producción, transportación, refinación y petroquímica mediante esquemas de concesión. Incluso el flamante coordinador de los senadores blanquiazules, Jorge Luis Preciado, manifestó que se rompería el monopolio de Pemex y habría diferentes expendedores de gasolina.
Aunque Peña Nieto se limitó al enunciado general, es obvio que la orientación de las reformas es exactamente la misma: abrir o “liberalizar” –como ellos dicen– el sector petrolero para permitir la inversión privada, lo cual, de acuerdo a sus expectativas, por cierto coincidentes con las de organismos de la iniciativa privada, permitiría revertir la caída de nueve años en la producción petrolera, incrementar la inversión extranjera en 30 mil millones anuales, aumentar el crecimiento del PIB en aproximadamente 1.5% adicional por año y añadir unas 100 mil plazas a la generación anual de empleo.
La apertura del sector petrolero al capital extranjero es la estrategia principal del gobierno de Peña Nieto para impulsar el crecimiento económico. La apuesta es que, aun con la oposición de los legisladores de los partidos de izquierda (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), cuentan con el suficiente número diputados y senadores para alcanzar las dos terceras partes de las cámaras que se necesitan para reformar la Constitución. Lo cual es cierto si se suman las bancadas del PAN, PRI, PVEM y Panal; sin embargo, al menos en el Senado, la división panista puede ser un obstáculo mayor, pues a la reunión convocada para presentar la iniciativa de Madero acudieron únicamente 10 de los 38 legisladores blanquiazules.
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1917 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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