Tras escuchar la resolución judicial, La Reina del Pacífico abrazó a su abogado, emocionada.
Sandra Ávila compareció ante el Tribunal sin esposas pero con grilletes en los tobillos. Se espera que sea trasladada a un centro de inmigración y deportada en breve.
Stephen Ralls, abogado de Ávila Beltrán, comentó que “son 70 meses que cuentan desde el 28 de septiembre de 2007, cuando fue encarcelada en México, por lo tanto, desde el próximo fin de semana ella podría quedar en libertad”.
El defensor, que trabaja en Arizona, confió en que “este proceso se tome más o menos un mes”.
La Reina del Pacífico culmina su sentencia este domingo 28 de julio y será entregada a autoridades estadunidenses de Inmigración y Aduanas.
Se espera que la deportación ocurra en una o dos semanas, a partir del domingo entrante.
Ávila Beltrán se declaró culpable en abril, ante un Tribunal estadunidense, del delito de asistencia económica a un narcotraficante convicto. La declaración formó parte de un acuerdo con las autoridades judiciales de ese país.
La Reina del Pacífico aceptó entonces haber brindado “asesoría” a su pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre, quien fuera considerado uno de los enlaces más importantes del mexicano cártel de Sinaloa con el del Norte del Valle con sede en Colombia.
Luego del acuerdo, Sandra Ávila evitó ir a un juicio en el que hubiera tenido que enfrentar el cargo de asociación ilícita para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos.
La mujer fue detenida en 2007 en la Ciudad de México, en compañía de su pareja, El Tigre, acusada de intentar trasladar a Estados Unidos al menos nueve toneladas de cocaína en el buque Macel, decomisadas en 2002 en el puerto de Manzanillo, Colima.
Después de su captura, La Reina del Pacífico inició una batalla legal que se prolongó por años. Sin embargo, un Tribunal Colegiado finalmente autorizó su extradición a Estados Unidos, que se concretó en agosto de 2012.
En México, sin cargos
Una vez que regrese a México, Sandra Ávila podrá desplazarse con absoluta libertad porque la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene cargos en su contra.
En los cinco años en que estuvo presa en territorio nacional, la dependencia nunca pudo probar sus vínculos con el capo Ismael El Mayo Zambada, y mucho menos que haya sido la encargada de recibir los embarques de cocaína que llegan a México, por lo que fue exonerada por un juez federal por dicho delito.
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