AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
El Pacto por México parece dictar a muchos actores políticos el ritmo y el tono de la reforma energética. ¿Se convertirá esta iniciativa en la obra maestra del presidente, o habrá alguien que se anime a desafinarla?
Como una orquesta bien afinada, los actores del Pacto hablan de “modernización y apertura”, no de privatización y pérdida de la renta petrolera.
Todo indicaría que la reforma avanza al ritmo concertado para modernizar la industria petrolera nacional.
Sin embargo, la palabra “privatización”, políticamente incorrecta, se ha sustituido por otras menos provocadoras, como atracción de inversiones, flexibilidad y aumento de la rentabilidad.
Los actores involucrados en el Pacto, desde la derecha hasta la izquierda, insisten: “no vamos a privatizar a Pemex”.
Pero la reforma va mucho más allá de Pemex. El elemento en común de este nuevo camino es la afirmación, también cantada, en coro, de que “el petróleo no es de Pemex, es de la Nación”.
Con ello la paraestatal pasa a un segundo plano, para convertirse en “competidor”, no en “monopolio”, otro término políticamente incorrecto.
La sinfonía hasta el momento ha interpretado piezas maestras.
Los puntos medulares de la propuesta de reforma energética planteada por el PAN son los mismos que ha esbozado el gobierno de Enrique Peña Nieto desde su campaña por la presidencia.
Se igualan a lo que prometió el líder disidente de Acción Nacional, Ernesto Cordero, cuando anunció públicamente su apoyo a Peña Nieto para aprobar la reforma en el Senado, que será la Cámara de origen en la discusión parlamentaria.
Estos temas centrales no se tocan en los planteamientos que hizo en enero el líder emblemático de la izquierda y heredero directo de la tradición no privatizadora: Cuauhtémoc Cárdenas.
Tampoco en los que presentó el PRD a finales de junio.
Las propuestas divulgadas hasta el momento difieren en algunos temas adyacentes, pero tienen en común los puntos claves de la reforma.
Reforma y Constitución
Cuando se habla de que hay que modificar artículos constitucionales y leyes secundarias, de que los proyectos no convencionales, como shale gas y aguas profundas, se deben abrir a la inversión privada, de que el régimen de impuestos de Pemex debe modificarse, y que la paraestatal debe convertirse en una empresa, los músicos están de acuerdo.
También asientan al unísono que la refinación es un “fracaso”, que es necesario rescatarla.
Sus propuestas le dan la vuelta a Pemex y se enfocan en la Secretaría de Energía (Sener) y en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Para apaciguar las voces de los detractores a la reforma, los firmantes del Pacto proponen mantener en Pemex la exclusividad para la explotación de los hidrocarburos en los proyectos que ya están asignados, y en las subsidiarias que hoy controla Pemex.
A cambio, dejarían en manos privadas las ganancias de los nuevos yacimientos.
Hasta ahora Enrique Peña Nieto ha sido un actor paciente. Alimenta el debate con declaraciones poco específicas, que contienen, sin embargo, líneas claras sobre los temas centrales, específicamente sobre la explotación de gas.
En los inicios del debate público sobre la reforma, Peña Nieto declaró que si México quiere energía natural y electricidad más barata, “tenemos que ampliar nuestra generación de energía y por eso tenemos que asegurar la participación del sector privado”. Nadie le espetó.
El detractor más visible, Andrés Manuel López Obrador, tampoco ha tocado estos temas.
Su llamado a manifestaciones contra la reforma no habla de los proyectos no convencionales. Es mucho más general, mucho más abstracto.
Si las negociaciones del Pacto van por buen camino, la “mediación” que ha prometido el gobierno federal hacia las propuestas de los partidos, no abordará estos tópicos medulares, apuntados en la lista de los “intocables” en la reforma que se presentará a finales de agosto para su discusión en el Congreso.
La sinfonía inicia con la ‘apertura’ para Pemex S.A.
Aunque con diferentes términos, los que influyen en el Pacto coiniciden en hacer de Pemex una empresa rentable.
El coro entona que la cuerda de las reformitas se venció, que es necesario hacer cambios importantes y de fondo. El primero es que Pemex debe convertirse en una empresa.
Esto está contenido en la propuesta que presentó en enero Cuauhtémoc Cárdenas, en la que replicó el PRD en junio, está en el Pacto por México y en la propuesta del PAN.
El compromiso 55 del Pacto por México dice: “Se realizarán las reformas necesarias (…) para transformar a Pemex en una empresa pública de carácter productivo”.
El PRD coincidió con Cuauhtémoc Cárdenas en la propuesta de dotar a Petróleos Mexicanos de autonomía presupuestal y de gestión, y convertirla en “una empresa pública de carácter productivo”.
El PAN hizo eco de estos puntos en su propuesta preliminar.
Cárdenas y el PRD proponen mantener la exclusividad de Pemex en “el área estratégica del petróleo”, pero no especifican en cuáles funciones dentro de esta.
Buscan que Hacienda ya no controle el presupuesto de la petrolera.
En este esquema la paraestatal administraría sus ganancias y pérdidas fuera del presupuesto federal anual.
Al desvincular a Pemex de Hacienda, la petrolera ni la Comisión Federal de Electricidad tendrán que pedir la autorización a la Secretaría de Hacienda, sino a la Cámara de Diputados, cuando requieran contratar créditos.
El negocio del petróleo se diversificaría y Pemex sería un actor más, no el regente de la industria.
Lo que podría modificarse:
Artículo 25 Constitucional
Artículo 27 constitucional
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas (…) Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, o de mineras radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos.
Artículo 28 constitucional
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: (…) petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, (…) electricidad.
Reformas ‘a fondo’
Hasta ahora, Peña Nieto, Madero y Cordero ha aceptado abiertamente que se harían cambios constitucionales.
En una entrevista con The Financial Times, el presidente aseguró que la reforma tendría “cambios constitucionales para dar certeza a los inversionistas”.
Madero y Cordero coinciden en que se modificarían los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
Actualmente el artículo 27 de la Carta Magna especifica que en cuestión de hidrocarburos “no se otorgarán concesiones ni contratos”.
La propuesta del PAN incluyó que los cambios establecerían, justamente, un régimen “donde las nuevas concesiones serán asignadas a través de un proceso de licitación abierto a empresas privadas, público-privadas o Pemex”.
Los planteamientos de la izquierda no tocaron el régimen de contratos. Se enfocaron en los presupuestos, los fondos de recursos excedentes y la mejora de la preparación técnica de los trabajadores de la petrolera.
Tampoco López Obrador se refirió al modelo de contratos en el video que difundió esta semana llamando a una protesta pacífica contra la reforma el próximo 8 de septiembre.
La otra modificación toca específicamente el artículo 28, el cual enfatiza que las funciones exclusivas del Estado sobre el petróleo, los hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad “no constituirán monopolios”.
En la presentación de su propuesta, Madero dijo que “los monopolios, ya sean públicos o privados, no son las mejores soluciones para un país”.
Todas las propuestas de los actores en el Pacto hablan de un régimen fiscal distinto, que baje las cuotas de pagos de derechos sobre los hidrocarburos.
Si se concretaran autorizaciones constitucionales para que las compañías tuvieran concesiones de explotación de yacimientos, también pagarían menos derechos e impuestos, no solo Pemex.
Mientras tanto, la izquierda se dedicó más a proponer la creación de un fondo para excedentes petroleros.
Según la propuesta del PRD, cada año la Cámara de Diputados pondrá un precio esperado para el barril de petróleo.
Solo si el precio sube a un 33 por ciento más de esta estimación, los recursos sobrantes se transferirán al fondo.
Poder fuera de la petrolera
El espacio está definido.
Sus interlocutores también. La pieza final del concierto tendrá altibajos sonoros, pero una melodía central es armada bajo una nota ambigua que se ha bautizado ya como ‘modernización’.
El compromiso 55 del Pacto por México, firmado por el PRI, el PAN y el PRD, anuncia que las reformas crearán competencia en refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos.
Como segunda voz en esta pieza, la propuesta del PAN coreó que “el sector de transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos, así como de todos sus productos derivados, también se abriría a la inversión privada”.
El PRD en su propuesta habló más de subsidios y petroquímica básica, que de refinación, pero también alentó la competencia.
Estas propuestas de “competencia” ignoran de forma implícita el precepto constitucional aún vigente de que la rectoría estatal sobre Pemex no es un monopolio.
Hasta el momento sólo el PAN ha propuesto que, la modificación del régimen fiscal para eliminar este “monopolio”, consistiría en un nuevo modelo en el cual otras compañías podrían explotar los yacimientos, sin la intervención de Pemex.
Sólo deberán pagar derechos e impuestos, con ganancias para los privados, sobre cada barril extraído.
Sobre estos contratos la izquierda no ha sido específica, pero sí coincidió en que debía modificarse el modelo fiscal de la petrolera.
Lo que sí apoyó abiertamente es el cambio estructural que avalaría un modelo de contrato que excluya a Pemex.
La propuesta de Cárdenas y luego la del PRD coincidieron con el PAN en que era necesario dar más poder a la CNH y a la Sener.
Cárdenas propuso “convertir a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en un organismo público descentralizado; promover un aumento sustancial de su presupuesto y de su personal, y ampliar sus facultades de regulador y supervisor”.
No solo la CNH, también la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y la Comisión Reguladora de Energía serían, en esta propuesta cardenista que respaldó el PRD, “organismos descentralizados” con mayor independencia.
Ninguno de los actores que se dicen en contra de la propuesta de Peña Nieto, se ha negado a la modificación fiscal, a los cambios en los poderes energéticos fuera de Pemex, ni a considerar esquemas distintos para los nuevos yacimientos.
En la interpretación del Pacto por México fue enfático el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, durante una entrevista sostenida en junio en el noticiero matutino de Carmen Aristegui en Noticias MVS.
El espacio está definido. Sus interlocutores también. La pieza final del concierto tendrá altibajos sonoros, pero una melodía central, armada bajo una nota ambigua que se ha bautizado ya como modernización.
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