AUTOR: J. ARTURO GARCÍA.
El texto de una cuartilla habla sobre el juicio que ahora enfrenta él y su compañera, Layda Negrete, en el juzgado civil 17 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), y en donde la jueza María del Rosario Mancera Pérez negó la presencia de los medios de comunicación en la audiencia y, también, que la productora del documental pudiera grabar la primera diligencia para el desahogo de pruebas.
Los directores de Presunto Culpable mantienen una demanda por daño moral a partir de las acusaciones que interpusieron en su contra José Manuel Ortega Saavedra, ex comandante de la policía judicial que detuvo a José Antonio Zúñiga, la familia del hombre que fue asesinado y por quien Zúñiga pasó dos años en la cárcel, además de Víctor Daniel Reyes Bravo, quien aparece como testigo en el documental y el pasado miércoles declaró no haber visto el documental.
La carta, que a continuación se reproduce íntegra, dice lo siguiente:
Mensaje de Roberto Hernandez, Desde La Haya, Países Bajos, a 11 de Julio de 2013
Toda persona tiene derecho a un juicio justo e imparcial para la determinación de sus derechos. Así lo dicen numerosos tratados internacionales de derechos humanos y así lo dice la Constitución Mexicana. Pero el tribunal que hoy nos juzga por haber hecho el documental “Presunto Culpable” no ha cuidado su imparcialidad. Eso es visible en la forma en que ha manejado los litigios en contra del documental más visto en la historia de México.
Por ejemplo, la juez 17 civil ha hecho comentarios que prejuzgan el conflicto que se litiga frente a ella y que supuestamente se trata de si la filmación causó daño moral a los demandantes, pero en realidad podría ser simplemente una revancha del Poder que ha sido criticado por el documental. Como no tenemos un registro digital de las audiencias, los comentarios de los jueces nunca quedan registrados en los expedientes del juicio. Por lo tanto, carecemos incluso de la protección más básica: una memoría exacta de la realidad.
El líder del Tribunal, Edgar Elías Azar, ha hecho comentarios negativos sobre la película tanto a la prensa como a sus jueces, dicendo que “nos ensuciaron la cara injustamente” y acusando a la cinta de estar manipulada y editada; avanzando incluso la idea de que el caso de Toño Zúñiga es “un caso aislado.” Como si no hubiera miles de personas inocentes presas en las cárceles de la Ciudad de México. Como si no hubiera en la cárcel más de 40,000 reos que nunca vieron al juez que los sentenció. Como si en el ranking del World Justice Project, presentado en la Haya esta semana, la justicia penal en México no estuviera en el lugar 90 de 97 países encuestados: peor que la mayoría de las naciones africanas.
Hace unos días solicitamos permiso de grabar las audiencias para el efecto de tener un registro fidedigno de ellas. El mismo nos fue negado, argumentando que el litigio frente al tribunal versa sobre “el daño moral motivado por la grabación de la imagen de la parte actora,” pero omitiendo por completo que esa filmación fue autorizada por el propio Tribunal que hoy nos juzga; e ignorando por completo que nuestra petición de videograbar se sustenta en que no tenemos un registro fidedigno de la audiencia, la protección más elemental que un tribunal debe ofrecer a los que litigan ante él.
Ayer diversos medios de comunicación pidieron acceso a la audiencia: los dejaron afuera del tribunal, incluso a los medios impresos que portaban sólo una libreta. Entonces ¿Qué tenemos? Un tribunal que labora en secreto, lejos del escrutinio de los ciudadanos. Un tribunal que apunta en los expedientes sólo lo que le conviene, no lo que realmente pasa en las audiencias. Un tribunal que se pronuncia sobre nuestros derechos incluso antes de la sentencia. Un tribunal que una y otra vez, no nos permite interrogar a las personas que nos demandan, como ayer de nuevo sucedió. Un tribunal que permite que nos demande el testigo que no vio a Toño Zúñiga cometer el delito del cual lo acusó y que ayer reconoció tampoco haber visto la película por la cual nos demandó.
En México estamos lejos de un justicia confiable y tememos no por lo que nos pueda suceder a nosotros sino por lo que pudiera suceder a quienes quieran seguir nuestros pasos y hacer periodismo sobre el Poder Judicial en México. Sin duda ese Poder intocable y sus retrasadas ideas constituyen el más grande lastre y obstáculo para que en México tengamos una democracia plena. Una democracia creativa. Una democracia imaginativa. Nada de eso es posible cuando ese poder rutinariamente asfixia la labor de quienes quieren cuestionarlo.
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