miércoles, 31 de julio de 2013

Pobreza, jóvenes sicarios y narcoviolencia

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

MÉXICO, D.F. (apro).- En una escueta y reveladora conferencia de prensa, el procurador general Jesús Murillo Karam informó que los tres presuntos responsables del crimen del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, asesinado en una carretera de Michoacán, presuntamente recibían 7 mil 500 pesos por robar, secuestrar, extorsionar y cometer otros delitos en la entidad.

Son jóvenes sicarios que pertenecen a Los Caballeros Templarios, la denominación del grupo criminal que ha acaparado la atención en los últimos diez días tras los enfrentamientos en Michoacán para repeler la acción de la Policía Federal.

La revelación del procurador general sobre el “salario” y las características de los jóvenes sicarios se produjo el mismo día que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer los datos brutales sobre el avance de la pobreza en México en los últimos seis años, de 2006 a 2012, el mismo periodo de la “guerra frontal” al crimen organizado lanzada por Felipe Calderón.

El fracaso del combate a la pobreza es tan brutal como el de la estrategia para “liberar” a entidades como Michoacán del narcotráfico. En los últimos seis años, según Coneval, ocho de cada 10 mexicanos están pobres (45.5%) o en condiciones de vulnerabilidad cercanas a la pobreza (34.8%).

Los años más violentos del enfrentamiento contra el crimen organizado coinciden con el incremento de la pobreza: de 2010 a 2012 el número de pobres aumentó en 500 mil personas al pasar de 52.8 millones a 53.3 millones de personas, casi la mitad de los 117.3 millones de mexicanos, según los datos del INEGI.

En apariencia, no hay relación entre el crecimiento de la pobreza y el fracaso de la guerra contra el narco. Sin embargo, Coneval advierte en su informe que la población menor de 18 años es la más vulnerable a caer en la pobreza o la pobreza extrema. El 53.2% de esta población (21.2 millones) están en pobreza, en contraste con 45.5% la media nacional.

Del total de niños y adolescentes mexicanos, 12.1 (4.7 millones) están en pobreza extrema), la mayoría de origen indígena.

Del universo total de menores de 18 años, 28.2% de niños no tienen acceso a alimentos; 3.3 millones tienen rezago educativo; 7.8 millones carecen de servicios de salud; 25.8 millones carecen de acceso a la seguridad social; 7.3 millones no tienen acceso a calidad y espacios de vivienda y 9.8 millones carecen de servicios urbanos básicos.

En otras palabras, el Estado neoliberal fracasó rotundamente para darles una oportunidad de presente y de futuro para más de la mitad de las próximas generaciones de los próximos adultos mexicanos.

Frente a este panorama, no es extraño que el crimen organizado encuentre un auténtico “ejército de reserva” en adolescentes dispuestos a convertirse en sicarios, soplones, burros o consumidores de la narcoeconomía que, a la vez, se ha convertido en narcoviolencia y en narcocultura.

El crimen contra el vicealmirante Salazar Ramonet es una fotografía conmovedora y trágica de lo que está sucediendo como causa y efecto de la violencia en Michoacán.

Fueron jóvenes quienes lo asesinaron. Han sido niños y mujeres los que fueron utilizados en las manifestaciones y bloqueos en Michoacán para protestar contra la presencia de la Policía Federal. Precisamente uno de esos bloqueos obligó al vicealmirante Salazar Ramonet a desviar su ruta.

La nota publicada este martes 30 de julio por el periódico Reforma indica que las autoridades michoacanas registraron al menos cinco protestas en diversos puntos de la entidad.

“Una de esas movilizaciones congregó a casi 2 mil personas en el municipio de Arteaga, uno de los bastiones del grupo criminal Los Caballeros Templarios.

“En esa movilización, niños y mujeres marcharon junto a los hombres del pueblo por las calles principales, mostrando mensajes de rechazo a la Policía Federal”, advierte la crónica de la nota.

Las fotografías publicadas son todavía más elocuentes. Se observan a niños pobres, menores de 10 años, portando cartulinas de colores, con leyendas escritas a mano que reclaman: “PFP arbitrarios y abusivos”.

No estamos ante otra “narrativa” de la lucha contra el crimen organizado. Nos enfrentamos a los efectos perniciosos de una década de neoliberalismo y al surgimiento de un rostro que nunca se quiso ver de la limpieza social.

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