En conferencia de prensa, en la que nueve comuneros aparecieron con el rostro cubierto por temor a ser identificados, acusaron que el edil forma parte de la organización criminal que opera en la zona, pues señalaron que no les brindan protección para evitar ser extorsionados. Los indígenas señalaron que los grupos criminales les exigen hasta 2 mil pesos por hectárea de cultivo.
Los purépechas dijeron que existe complicidad entre autoridades y delincuentes: “Nosotros tenemos la certeza de que no hay voluntad (para protegernos), creemos, y tenemos fundamentos para así creerlo, que (el presidente municipal y sus policías) son parte de la organización, que en ve z de ser nuestra protección , ellos nos fustigan por otro lado”.
Pidieron al gobierno federal apoyo para proteger sus comunidades, así como para localizar a su compañero Roberto Serrano Cervantes, quien fue secuestrado por no pagar “la cuota”, según acusaron los inconformes.
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