AUTOR: JESUSSA CERVANTES.
La propuesta de regresar el documento la hizo el presidente del Consejo, Leonardo Valdés Zurita, aunque en ningún momento se refirió en específico al PRI, PVEM o a la coalición que ambos formaron para impulsar a Enrique Peña Nieto.
Los criterios que hoy fueron cuestionados por los consejeros del IFE benefician únicamente a los partidos mencionados, y gracias a ellos se determinó que el actual presidente de la República no rebasó (en libros contables) el tope de campaña.
Los otros siete consejeros respaldaron la propuesta de Valdés Zurita y, en un debate de tres horas, ampliaron su inconformidad por la forma en que Alfredo Cristalinas, director de la Unidad de Fiscalización, hizo nulas las normas del Reglamento de Fiscalización, en particular las que tienen que ver con el “prorrateo”, es decir, el dinero que PRI y PVEM distribuyeron entre los candidatos a legisladores federales y locales, y a la presidencia de la República.
Debido a la estrategia que utilizaron los partidos mencionados, de cada peso gastado sólo 1% se sumó a la campaña presidencial de Peña Nieto, y ello dio como consecuencia que no rebasara el tope de campaña establecido en 336 millones de pesos.
La sesión de este miércoles arrancó con la postura del consejero presidente, quien planteó regresar el dictamen para que Cristalinas incluya cinco nuevos criterios en la valoración y presentación de los gastos de campaña.
Para sorpresa de muchos, los consejeros Marco Baños y Francisco Guerrero, además de Valdés Zurita, modificaron la posición que desde el 30 de enero habían sostenido respecto de la forma en que el PRI y su aliado presentaron sus gastos de campaña, mismos que fueron avalados por la Unidad de Fiscalización.
En su propuesta, el consejero presidente pidió corregirle la plana a la Unidad de Fiscalización. Por ejemplo, como primer punto planteó que a los gastos no reportados no se les aplique el prorrateo.
Sin ese prorrateo, PRI, PVEM y la coalición de ambos salen afectados, debido a que no reportaron poco más de 130 millones de pesos que la Unidad de Fiscalización detectó como utilizados, sin embargo aceptó que en su informe de gastos se les aplicará el artículo 177 párrafo B, que establece que 50% (65 millones aproximadamente) se distribuya entre los candidatos a legisladores federales y la presidencia, a consideración del partido. Fue así como los priistas decidieron que de esos 65 millones de pesos, sólo 1% se sumara al gasto presidencial, y de ahí el no rebase del tope de campaña.
Otro criterio que el consejero presidente demandó a la Unidad es la aplicación correcta del artículo 195 del Reglamento de Fiscalización, que establece que tratándose de campañas a diputados locales y federales, así como la presidencial, el gasto se aplique a todos los candidatos beneficiados. Aquí el PVEM dejó de sumarle cerca de 130 millones de pesos a la campaña de Peña Nieto.
Estos dos puntos que Valdés Zurita exigió hoy a la Unidad de Fiscalización fueron los mismos en los que hicieron hincapié, desde el pasado 30 de enero, los consejeros Alfredo Figueroa y Benito Nacif, respaldados por Lorenzo Córdova y María Marván, pero en aquella ocasión Valdés, Baños, Guerrero y Elizondo se opusieron.
Al fijar su posición este miércoles, Figueroa destacó y ejemplificó la manera en que la Unidad de Fiscalización violentó los artículos 125 y 177 del reglamento, y aplicó el prorrateo o distribución de los gastos de PRI, PVEM y la coalición de ambos en casos en que no debió hacerlo porque contravienen la ley.
“Estos son los criterios de la Unidad de Fiscalización, contrarios al artículo 125, (pero además) no obedecen a una sanción. ¿Ante qué estamos? Porque, como dice el representante del PAN, Rogelio Carbajal, se dieron beneficios a quienes no debían”, subrayó el consejero.
Añadió:
“Tal dispersión del gasto (a la cual recurrió el PRI) afecta la equidad. No puede un partido político beneficiarse de su propio dolo y además prorratearlo”.
Figueroa, uno de los consejeros más críticos al trabajo de la Unidad de Fiscalización, pidió que en el nuevo dictamen se sancione a los partidos por no haber reportado gastos, no solamente por haber distribuido ilegalmente los recursos. Y es que aquí, dijo, “la Unidad de Fiscalización ha establecido varios criterios”.
Ello en referencia a que dicho organismo sí sancionó a la coalición “Movimiento Progresista”, integrada por PRD, PT y MC, por no reportar recursos al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Hoy también se pidió modificar este punto.
Así, en su propuesta de cambio al dictamen, el consejero presidente se refirió no sólo a un erróneo prorrateo, sino también al análisis de la notificación del IEEM, donde se establece que el “Movimiento Progresista” utilizó por lo menos 35 millones de pesos.
Los consejeros aprobaron que se hiciera un estudio aparte y no se sancionara a los partidos de izquierda, debido a que quedó comprobado que nunca se les notificó de tales recursos, por lo que se violentó el debido proceso sin darles la posibilidad de defenderse.
Valdés Zurita también planteó que en el caso de la sanción propuesta por la Unidad de Fiscalización por el uso del dinero por parte del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se realice un estudio aparte y, si procede, que la multa sea administrativa y no monetaria.
Durante la discusión, la consejera María Marván aclaró que la Unidad de Fiscalización es autónoma, pero que el Consejo General puede revisar su trabajo. El trabajo del Consejo, añadió, no debe asumirse como “de mero trámite (…) tenemos facultades de corregir”.
Y, al igual que Figueroa, se pronunció porque el gasto no reportado sea sancionado, además de que, subrayó, no debe prorratearse (como lo hizo el PRI).
“Esto porque escapan de la realidad, son gastos que un partido ocultó y esa es una de las faltas más graves (…) Con esto se traiciona el equilibrio de la contienda”.
Marván demandó que se derogue el apartado B del artículo 177 del Reglamento de Fiscalización, mediante el cual los partidos pueden determinar a cuál campaña y cuánto porcentaje sumar.
(O sea, como lo hizo el PRI, que sólo sumó 1% del gasto a la campaña presidencial y el resto se lo cargó a sus diputados y senadores).
De acuerdo con la consejera, no es válido prorratear el gasto de la campaña presidencial con la de la elección local (como también lo hizo el PRI y se lo avaló la Unidad de Fiscalización).
Sobre el caso de Morena, consideró que debe modificarse y no formar parte del dictamen. “Es un exceso de la Unidad de Fiscalización”, comentó.
En su turno, Benito Nacif cuestionó que se permita “una facturación conjunta de los gastos”. En el dictamen, añadió, se observa cómo se dispensan los recursos entre los partidos (PRI, PVEM y la coalición).
Por su parte, Lorenzo Córdova recordó que la fiscalización al gasto de campaña es porque mediante este proceso se da garantía de equidad en un proceso electoral, sin embargo, dijo, no ha sido del todo eficaz, “hubo reglas condescendientes con los partidos políticos, que han servido de beneficio para sus propias estrategias contables, como lo es el apartado B del artículo 177”.
Dicho apartado, continuó, permite a los partidos determinar libremente cómo registrar 50% de cada peso y a cual campaña sumarlo. “Es una mala norma porque vuelve irreales los topes de gastos de campaña y genera una verdad contable que no necesariamente coincide con lo que se invirtió en una campaña. Esta norma no abona como elemento de equidad”.
Más directo, pero sin dar nombres, Córdova dijo que gracias a esta norma “los partidos decidieron proteger a su candidato presidencial sacrificando a sus diputados”.
Y es que el PRI reportó 99% del dinero utilizado por Enrique Peña Nieto, en la campaña de sus 300 candidatos a diputados federales y algunos senadores, razón por lo cual ellos fueron quienes rebasaron el tope de campaña y no el mexiquense.
Esta regla se debe revisar, no podemos ir a otra elección con ella, insistió Córdova.
De manera sorpresiva, la consejera Macarita Elizondo sostuvo que “si se trata de gastos no reportados, no se le debe aplicar el inciso B del artículo 177”. Añadió: “No coincido con lo que hizo la Unidad de Fiscalización con los gastos no reportados del PRI, porque nadie puede beneficiarse de su propio dolo”.
Finalmente los siete consejeros, incluidos aquellos que han sido proclives a los beneficios del PRI, como Baños y Guerrero, respaldaron la propuesta de Valdés Zurita para que se regrese el dictamen a la Unidad de Fiscalización, tomando en cuenta los criterios expuestos.
Alfredo Figueroa planteó que en un plazo no mayor de 15 días se notifique a los partidos los nuevos criterios, que en 10 días presenten sus aclaraciones ante la Unidad de Fiscalización, y que en un tiempo no mayor a 15 días el organismo elabore el nuevo dictamen para someterlo al pleno del Consejo General.
Si bien este miércoles se votó el regreso del dictamen y el cambio de criterios para su reelaboración, no se fijó plazo para abordarlo de nueva cuenta en sesión y concluir por fin la revisión de los gastos de campaña presidenciales.
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