AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
Jerezano Treviño fue suspendido luego del ataque al Royale, pero en ese tiempo ha percibido casi 3 millones de pesos del Poder Judicial e insiste en apropiarse de un casino.
La suspensión que tiene Jerezano Treviño por parte del Consejo de la Judicatura Federal, para investigar sus vínculos con casineros, no ha impedido que este juzgador siga operando para hacerse del control de ese centro de apuestas.
La semana pasada Jerezano Treviño, quien enfrenta una acusación que lo liga al crimen organizado, consiguió que un homólogo suyo, un juez federal de Coahuila, revocara las atribuciones que tenía el apoderado legal de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., operadora de La Fortuna.
La decisión del Juzgado Primero de Distrito en Coahuila revoca el poder que tenía Francisco Sergio Jiménez Escobar, representante legal de esta empresa, y reconoce en cambio la representación de Erick Garza Treviño.
Este hombre se acredita como representante legal de la empresa que maneja el casino La Fortuna, utilizando un poder que le otorga Gerónimo Garza Chaib, quien enfrenta en Nuevo León acusaciones por delitos graves.
La resolución fue firmada por René de Hoyos Martínez, secretario de este juzgado y que está en funciones de juez, y por el secretario de ese juzgado, Javier Alberto Coronado Escamilla.
“Se reconoce como representante legal de la persona moral denominada Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., al señor Erick Garza Treviño”, señala el acuerdo judicial con fecha del 28 de junio de 2013.
“…Y asimismo se tiene por revocado el poder de dicha persona moral a favor del señor Francisco Sergio Jiménez Escobar, y en consecuencia se revocan las autorizaciones otorgadas a Pedro Arturo Cardona Calderón, Rodrigo Alejandro Villarreal Yerena y César Jiménez Vargas”.
El secretario en funciones de juez, René de Hoyos Martínez, firmó este acuerdo y solicitó vacaciones en el Poder Judicial de la Federación.
La resolución judicial forma parte del juicio de amparo 416/2011, suspensión que tiene el casino La Fortuna, en Monterrey, y que evita sea clausurado por las autoridades municipales y por la Secretaría de Gobernación.
El juez federal en funciones de Coahuila –compañero de Jerezano Treviño en el Poder Judicial de la Federación- aceptó como válida una escritura pública que presentó Garza Treviño para acreditar su personalidad jurídica en este proceso judicial.
Sin embargo, la escritura de la asamblea general de accionistas de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., no está inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Nuevo León.
Esto, porque los propietarios que tienen la posesión del Casino La Fortuna, en Monterrey, lograron una amparo para evitar que los casineros que reclaman ser dueños no registren este documento.
No sólo eso: la escritura que el juez en funciones de Coahuila avaló, es parte de una denuncia por falsificación de firmas.
Y en esa querella dice que además fue firmada bajo amenazas por uno de los socios de La Fortuna, por Arturo Cardona, cuando fue privado de su libertad por un grupo del crimen organizado.
Cardona ha denunciado penalmente ante la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y el Consejo de la Judicatura Federal al juez Jerezano, por encabezar el grupo delictivo que pretende apropiarse de su centro de apuestas, ubicado en la avenida Fidel Velázquez.
Pero el año pasado la Procuraduría de Nuevo León dictó el inejercicio de la acción penal para Jerezano Treviño, a pesar de que se presentaron audios y videos que incriminaban al juez en esta disputa legal por el casino.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza el ministro Juan Silva Meza, mantiene congelada la investigación en contra del juez federal, suspendido desde hace casi dos años por sus resoluciones a favor de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V.
Permisos de esta empresa, vinculada al abogado Eliseo Martínez, ejecutado hace dos meses en San Pedro, se utilizaron para que el Casino Royale abriera sus puertas en el 2007, hasta que fue atacado por el crimen organizado y murieron ahí 52 personas inocentes.
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