AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Durante su campaña presidencial, Enrique Peña Nieto se comprometió a regular –apenas llegara a Los Pinos– la viciada práctica del otorgamiento discrecional de publicidad gubernamental; incluso prometió crear un organismo autónomo ad hoc. Sin embargo, a ocho meses de iniciada su gestión, el mandatario no ha cumplido: parece haber olvidado el tema que tantas expectativas generó en los medios. Ni siquiera ha dado respuesta a la recomendación emitida por la CNDH en favor de este semanario, castigado con el retiro de publicidad oficial durante los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
La iniciativa se integraría durante el periodo de transición –entre septiembre y noviembre de 2012– para que en los primeros días de su llegada a Los Pinos fuera presentada al Congreso, según anunció. El próximo jueves 1 de agosto su administración cumple ocho meses y Peña Nieto aún no cumple su promesa.
El 11 de mayo de 2012, durante la campaña, los estudiantes de la Universidad Iberoamericana (UIA) tocaron el tema cuando el entonces candidato priista visitó sus instalaciones; incluso lo confrontaron ásperamente.
Los medios informaron de manera sesgada sobre ese ríspido encuentro que detonó la integración del movimiento #YoSoy132, el cual cuestionó la antidemocracia en el ámbito de la comunicación.
Diez días después de aquel desaguisado, el 21 de mayo Peña Nieto presentó el Manifiesto por una Presidencia Democrática, donde abordó por primera vez el tema de la publicidad gubernamental.
Y el 12 de julio siguiente anunció reformas para, dijo, ampliar las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que empezarían a aplicarse desde sus primeros días en Los Pinos. Propuso además la formación de una comisión ciudadana cuya función sería auditar y monitorear la contratación de publicidad oficial en medios de comunicación, guardando siempre el respeto por la libertad de expresión.
Meses después volvió sobre el asunto. En septiembre, cuando fue declarado presidente electo, la página www.transición2012.org –que dejó de funcionar el martes 16– presentó la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y anunció la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, así como la iniciativa para regular la publicidad.
Y aun cuando no se hizo público ningún documento oficial sobre la regulación de la publicidad oficial, el sitio electrónico tenía una pestaña en la cual supuestamente se publicaría el documento rector con un mensaje:
“Durante la campaña”, decía, “uno de los principales reclamos de la sociedad fue el establecimiento de una relación más democrática y transparente entre el poder público y los medios de comunicación.
“El pilar para construir esta nueva relación está en las reglas, los procesos y la transparencia para contratar publicidad de todos los niveles de gobierno en los medios de comunicación.
“En mi gobierno vamos a establecer una nueva relación entre los medios y el poder público.”
El 16 de noviembre, dos semanas antes de la toma de posesión de Peña Nieto, se le preguntó a su equipo de comunicación, encabezado por David Epifanio López Gutiérrez, cuándo se emitiría el documento. La respuesta fue: apenas se está integrando, pero ya no se subirá a la página de la transición.
La coyuntura
El 1 de agosto de 2012, semanas antes de que Peña Nieto ratificara su compromiso para regular la publicidad oficial y lo anunciara tanto en rueda de prensa como en el portal de transición, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su recomendación 035/2012 en la cual confirmó que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón buscaron “castigar” o “premiar” a Proceso y a otras publicaciones según fuera su línea editorial hacia el régimen panista.
La recomendación era una respuesta a la queja presentada tres años antes por el director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, dirigida al ómbudsman nacional contra el entonces presidente Felipe Calderón, a quien acusaba de violar los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión e información, toda vez que de manera arbitraria censuró y castigó al semanario al negarle publicidad con el objetivo de causarle un daño económico (Proceso1873).
Dirigida a la Secretaría de Gobernación, la recomendación pedía, entre otras cosas, la definición de lineamientos y criterios claros para la contratación de la publicidad. El entonces titular de la dependencia, Alejandro Poiré Romero, la aceptó en septiembre, pero esto fue por mero trámite.
Como parte de un procedimiento de inconformidad presentado ante el IFAI, cuyo contenido se difundió el pasado 31 de mayo, la CNDH concluyó que no hay pruebas de que se haya cumplido la recomendación hecha por el ómbudsman nacional.
La regulación de la compra de espacios para publicidad oficial, cuyo propósito es evitar el control mediático por parte del gobierno, es un tema que se ha planteado en diferentes coyunturas.
Organizaciones ciudadanas como Fundar y Artículo 19 abrieron un sitio en internet donde divulgan los resultados de sus evaluaciones anuales respecto del comportamiento del gasto publicitario de los gobiernos, estatales y municipales, así como del federal, y en torno a la discrecionalidad en el manejo presupuestal de esas instancias.
De acuerdo con Fundar, entre 2002 y 2012 se presentaron 13 iniciativas al respecto procedentes de los distintos grupos parlamentarios. Ninguna prosperó.
Según Justine Dupuy, responsable del proyecto Publicidad Oficial de Fundar, desde la reforma al artículo 134 constitucional, realizada en 2007, se estableció el carácter institucional de la propaganda y la prohibición de difundir imágenes o nombres de servidores públicos. No obstante, esto aún no se ha reglamentado.
Tanto Fundar como Artículo 19 consideran que los recursos millonarios asignados de manera opaca por concepto de publicidad constituyen una herramienta de captura de los medios y control de sus contenidos, lo que vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información.
En un comunicado conjunto emitido el miércoles 24 ambas organizaciones explican que “han compartido múltiples evidencias del efecto perverso del uso inapropiado de la publicidad oficial sobre la independencia editorial de los medios, la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Ese día las bancadas del PAN y el PRD presentaron a la Comisión Permanente su propuesta de incluir una iniciativa de reglamentación al artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental, en el marco de la discusión de la reforma política. El PRI la rechazó, en una actitud que contrasta con la aparente disposición de Peña Nieto a emprender la regulación.
Una vieja historia
Desde su nacimiento, el 6 de noviembre de 1976, Proceso ha sido objeto de innumerables presiones: agresiones y amenazas a sus reporteros, decomiso de ejemplares disfrazada de compra masiva de algunas de sus ediciones y vetos publicitarios. Estos últimos se intensificaron durante los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
El pasado 8 de mayo José Carreño Carlón, quien fuera titular de la Coordinación de Comunicación Social en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, organizó un foro en la Universidad Iberoamericana al que invitó a los extitulares de esa instancia para que expusieran sus experiencias.
Al encuentro asistieron Fausto Zapata Loredo, Luis Javier Solana, Manuel Alonso, Otto Granados Roldán, Fernando Lerdo de Tejada, Carlos Almada, Rubén Aguilar, Alejandra Sota y Roberto Calleja, este último en representación del actual coordinador de Comunicación, David Epifanio López.
Inmediatamente después de la exposición de Zapata, el moderador, Carreño, mencionó el golpe a Excélsior en julio de 1976, mediante el cual Julio Scherer García fue expulsado de la dirección de ese diario. Y aun cuando el veterano político evitó el asunto, Luis Javier Solana sí aludió a ese episodio; incluso habló de la cancelación de la publicidad a Proceso durante el gobierno de López Portillo.
De acuerdo con Solana, titular de Comunicación Social con López Portillo, Jesús Reyes Heroles convenció al mandatario acerca de la necesidad de legislar en materia de derecho a la información; también acusó a su sucesor, Francisco Galindo Ochoa, de cancelar la publicidad al semanario, y se explayó:
“Se hizo un trabajo de 20 tomos que planteaba el derecho a la información, se propuso una legislación y, al final, en el quinto personaje (quinto titular de comunicación de López Portillo), contra toda la lógica, Pancho Galindo Ochoa echó a perder toda la tarea que había hecho don José López Portillo y le quitó la publicidad totalmente a la revista Proceso, que había nacido a partir de la crisis que hubo con el señor Scherer y el grupo de Excélsior que salieron (con él).
“Proceso nace el último mes de Luis Echeverría, que quiso Julio Scherer que naciera antes de que Echeverría se fuera. Se debe fundamentalmente Proceso al apoyo que el gobierno de José López Portillo le dio en los casi seis años de gestión.
“Al final llegó don Pancho –fue un absurdo que llegara a esa posición– y le quitó la publicidad (al semanario) e hizo desaparecer a otro de los grandes medios que nacieron al calor de la libertad que desarrolló López Portillo: el programa Opinión Pública, de Paco Huerta.”
Oferta no cumplida
Carreño dio otro puyazo, esta vez a Solana, apenas concluyó su participación: “De ese episodio que hablas surgió una frase que resultó ser la autobiografía del manejo patrimonial del gasto en materia de publicidad gubernamental: ‘No pago para que me peguen’. Insisto: es un tema que debe quedar en el debate porque es un viejo tema el manejo de la publicidad gubernamental y su escasa reglamentación en el país”.
Salvo Rubén Aguilar, quien recordó que Peña Nieto había prometido una regulación en materia de publicidad gubernamental y medios, los demás participantes no aludieron al tema.
En entrevista con Proceso a propósito de ese comentario, Aguilar insiste: la publicidad gubernamental no debe existir en una democracia, pero en tanto ello ocurre, una instancia autónoma como la que planteó Peña Nieto sería ideal.
Al preguntarle por qué se canceló la publicidad con Proceso durante el sexenio de Fox (medida que fue denunciada por el semanario y documentada en la recomendación 35/20012 de la CNDH), dice que no fue decisión presidencial, puesto que los jefes de comunicación de cada entidad pública decidían lo que contrataban.
Sobre este punto, en su intervención Solana consideró que el gasto publicitario no requiere mayor legislación, y planteó que el asunto sea de la competencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A su vez Alejandra Sota dijo que había muchos candados en el gobierno federal y que la legislación en materia de transparencia había impactado el gasto publicitario.
En su turno Calleja expresó: “El presupuesto que ejerce el gobierno federal es definido y aprobado por el Congreso. En esa medida el gobierno de la República no hace uso arbitrario de medios económicos; se ajusta a lo que dispone el Congreso de la Unión en el presupuesto de egresos anual”.
La afirmación de Calleja coincide con la de Solana, según la cual la ASF es una de las instancias encargadas de supervisar y confirmar que el empleo de estos recursos se realice conforme al marco legal.
Calleja también le espetó a Aguilar: “Mi querido Rubén: nada más quiero pedirte que no seas tan drástico. Llevamos apenas cinco meses de gobierno. Se han impulsado grandes reformas, se está trabajando en el tema de la mejor aplicación de los recursos; es un tema (el de la publicidad oficial) que ocupa al gobierno; se sigue trabajando en él y seguiremos dando cuenta de los acuerdos a los que se llegue”.
La promesa de Peña Nieto de reglamentar la publicidad desde el arranque de su gestión no se ha cumplido, aun cuando está incluida en la agenda del Pacto por México. El Acuerdo 5.8 (Compromiso 95) establece la creación de la instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación.
A Fundar y Artículo 19 les preocupa esta situación, sobre todo porque, dicen sus representantes, el tema quedó fuera de agenda durante las discusiones de la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica.
Según Justine Dupuy se perdió la oportunidad para abordar ese punto, pues para avanzar y construir medios libres “es importante regular la relación financiera entre medios y poderes”.
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