FUENTE: REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO.
“Si la represión del 1° de diciembre fue tremenda, ésta fue mucho más”, señaló el abogado y asesor jurídico Francisco Estrada al referirse al desalojo violento de los maestros que se encontraban acampando en la plancha del Zócalo de la capital mexicana. “Desde el 68, 71, no veíamos actos tan violentos como los que vimos el pasado viernes, lo cual resulta extremadamente preocupante”, afirmó.
El abogado defensor afirmó también que se tiene un conteo de por lo menos 214 personas civiles que resultaron heridas después del desalojo y confirmó que sí se detuvieron a 4 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a pesar de que las autoridades federales hayan negado dicha información.
El abogado, quien ha acompañado los procesos de los detenidos del 1° de diciembre, de los detenidos del 10 de junio, del 1 de septiembre y del 13 de septiembre, explicó de la misma manera que se llevaron a cabo detenciones arbitrarias y la mayoría de los detenidos fueron golpeados por las fuerzas del orden.
“Para empezar, fue la Policía Federal: primero fueron por los maestros y luego por los transeúntes. Se detuvo a muchos que iban pasando y luego a estudiantes que apoyaban a los maestros”, explicó Estrada a REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
Señaló que se han documentado casos de jóvenes que estaban pasando por el lugar y decidieron tomar una foto con el celular, por ello fueron detenidos por la Policía Federal y golpeados brutalmente.
“Hay un caso de un chavo que trabaja ahí en el centro, quiso retratar con su celular y lo detienen, lo golpean y se lo llevan […] La mayoría de los detenidos fueron golpeados; hubo alguno que golpearon, que fue tal la cantidad de heridas que tenía que lo soltaron”, indicó el abogado.
Se refirió especialmente al encapsulamiento que se llevó a cabo en las calles de Eje Central y Madero, donde fueron detenidas más de dos decenas de personas, quienes en lo posterior fueron llevadas a un lugar desconocido e impreciso, donde permanecieron incomunicados hasta el día siguiente.
Señaló que las 31 personas detenidas, quienes se encontraban en el centro de mando de la Policía Federal en Iztapalapa y en el centro de la PGR en Camarones, Azcapotzalco, enfrentan su proceso en libertad después de que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México colaborara con el pago de la fianza de los procesados.
Asimismo, señaló que los cargos imputados van desde motín, portación de armas, hasta ultrajes a la autoridad. Al respecto mencionó que el proceso jurídico está lleno de delitos “inventados, fabricados y sembrados”.
También denunció la participación de personas infiltradas en el operativo, las cuales fueron responsables de las acciones violentas como las bombas molotov. Aseveró que en la lista de detenidos no existe una sola persona que tuviera la cara cubierta –a pesar de que los manifestantes están en su derecho pleno de taparse o no la cara- y en este sentido exige que se esclarezcan estos casos.
“A los infiltrados, a los violentos, a los provocadores, no los detienen; actúan en colusión con la policía y pretenden criminalizar a los jóvenes […]En la lista de detenidos no tenemos un hecho documentado de este tipo de agresiones. Exigimos que esclarezcan los hechos, porque culpan a los chavos de que son ellos los violentos”, denunció el abogado.
Asimismo, emplazó al gobierno de la Ciudad de México a que reflexione sobre la incursión de las fuerzas federales en la capital.
“Con la intervención de la policía federal se abren las puertas a violaciones a los derechos humanos. Debe hacerse una reflexión al respecto en el GDF -que se suponen que son de izquierda-, puesto que vienen más momentos de protesta social. Si se mantiene este ambiente de represión y colaboración de la secretaría de Gobernación Federal con la secretaria de Gobierno local, vamos a ver la repetición del 68”, pronosticó.
Explicó que la sociedad civil y el movimiento social deben exigir que se respete la ley y el derecho a la manifestación libre y la resistencia civil pacífica, ya que desde el primero de diciembre del año pasado, donde hubo represión y detenciones arbitrarias por parte del gobierno de la ciudad, la tendencia muestra que se avanza hacia la violación de los derechos humanos.
“Tenemos que exigirle al gobierno de la Ciudad de México que no se preste a la provocación que está pidiendo el Gobierno Federal”, concluyó.
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