En un desplegado publicado en los principales diarios de circulación nacional, los integrantes de la Agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños reconocen los esfuerzos que hace la PGR para esclarecer el caso, pero afirman que “el ritmo de trabajo que imprime a las investigaciones es tan lento que tranquilamente pasará su sexenio sin que haya una determinación”.
Esa dilación, argumentan, ha propiciado que una persona señalada en la investigación como uno de los participantes en la provocación del incendio de la Guardería ABC, cuyo nombre se reservan –dicen—por “razones obvias”, recientemente falleció “en un aparente ‘suicidio’ con motivo de un operativo policiaco”.
La noticia, añaden, les causó rabia, impotencia e indignación pero les molestó aún más que la PGR ni siquiera había realizado acción alguna para su localización y detención a pesar de que tenía conocimiento de su responsabilidad en la muerte de los pequeños, “desde dos meses antes de su supuesto suicidio”.
Los firmantes recuerdan que la muerte y lesiones de sus hijos fue un crimen de Estado.
“Se produjo como consecuencia directa e inmediata de una acción y decisión de gobierno, tomada y ejecutada por personas que ostentaban el poder en el sexenio anterior del gobierno del estado de Sonora quienes sin ningún recato ordenaron la destrucción de documentación oficial que eventualmente revelaría la comisión de prácticas y actos ilegales en el ejercicio de los recursos públicos”.
Y advierten que mientras haya impunidad y se sigan cometiendo delitos sin que sean castigados los responsables seguirán padeciendo y sufriendo.
“Mientras no se castigue a los responsables directos de la muerte y lesiones de nuestros hijos (PGR ya sabe quiénes son) no tendremos paz para vivir el duelo por tan grande pérdida”, dicen los padres a Peña Nieto, a quien también le recuerdan que cuando era candidato presidencial hizo un compromiso con ellos para resolver el caso y fincar responsabilidades.
“Aún estamos esperando que se dé cumplimiento y no le tiemble la mano para que los responsables por la muerte y lesiones de nuestros hijos, se pongan a disposición de la autoridad judicial para que respondan a la sociedad por sus graves acciones”, subrayan.
También le recuerdan que se comprometió a que el Estado cumpliría con la obligación que le corresponde en cuanto a la reparación del daño, ya que a pesar de los exhortos del poder legislativo, a la fecha el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que es la entidad responsable para cumplir con esa obligación, no lo ha hecho.
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