AUTOR: DANIELA SANTOYO.
La iniciativa presentada el pasado 21 de marzo pretendía modificar el artículo 141, el cual establece que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y multa hasta de diez mil pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos “contra la seguridad de la nación”.
En el texto presentado por el panista, se establecían penas de 10 a 20 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años a quien realice “actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados, que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, utilizando sustancias tóxicas, inflamables o explosivas”.
Además, se especificaba que las penalizaciones se incrementarían “en dos terceras partes cuando dicha conducta se realice utilizando elementos que impidan total o parcialmente la identificación de las características fisionómicas del sujeto activo”.
Apenas unos días después, el 12 de abril, el diputado subió a su canal de YouTube un video donde intentaba explicar su iniciativa. En él, Sotomayor asegura que “no están en contra de la libre manifestación de ideas, de las marchas y mucho menos de que lo hagan cubiertos del rostro”; sin embargo, agrega que si “tiene capucha tendrá mayor sanción”.
Si bien el panista aseguraba que tanto él como su partido reconocen y defienden el artículo 6° constitucional, donde se concreta la libertad de expresión y ampara la libre “manifestación de las ideas”, insistía en que éstas deberán realizarse de forma ordenada y sin violencia con el objetivo de “proteger a las personas que desafortunadamente se ven agredidas en su persona por los sujetos que correcta o incorrectamente se manifiestan por no estar de acuerdo con alguna postura de gobierno”.
La iniciativa suscitó gran preocupación por parte de más de 70 organizaciones de defensa de los derechos humanos, que emitieron un comunicado público apenas tres días después de su presentación, el 25 de marzo, en el cual rechazaron este último argumento del diputado por considerar que “sirve como fundamento (y dota de legitimidad), a prácticas que disimulan el autoritarismo, la intolerancia y la represión por parte de los agentes del Estado en contra de minorías y grupos que son calificados como disidentes del supuesto ‘orden social’”.
Además, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados votó en sentido negativo la iniciativa de Sotomayor con votos de integrantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), del Trabajo (PT) Y Nueva Alianza (PANAL), argumentando, entre otros aspectos, “que el establecimiento del tipo penal planteado por el iniciante [Jorge Sotomayor] resultaría innecesario, toda vez que la normatividad vigente ya contempla disposiciones que penalizan la comisión de actos que atentan contra los bienes jurídicos respecto de los que el iniciante aduce que existe un vacío jurídico”.
El 26 de junio, tres meses después, diputados del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano presentaron un boletín de prensa contra el pronunciamiento de la iniciativa, donde se informaba sobre la misma, las críticas de organizaciones y la Comisión de Derechos Humanos para exhortar a la Comisión de Justicia a que verificara la propuesta antes de su aprobación.
El 18 de septiembre, casi seis meses después, Jorge Sotomayor Chávez solicitó el retiro de su iniciativa. El día de hoy, 24 de septiembre, la solicitud fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados.
Ésta no fue la última vez que el diputado se pronunció en contra de las marchas, protestas y manifestación de ideas. El 12 de septiembre pasado, subió a la tribuna del Pleno e hizo un llamado a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, para “poner orden” porque “los capitalinos estamos hartos” y criticó que “pide tolerancia para los intolerantes”.
Sobre los abusos de autoridad cometidos el 11 de septiembre en la Ciudad de México, opinó: “dicen que ayer hubo represiones, no son represiones. Simplemente es el uso legítimo de la fuerza”. Y agregó que ésta debía ser utilizada para que “podamos los mexicanos celebrar nuestra fiesta histórica”. Al día siguiente, la Policía Federal desalojó a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Zócalo capitalino.
El 22 de septiembre, su partido, anunció que presentará en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) un paquete de iniciativas así como la Ley de Manifestaciones Públicas para regular las marchas en el Distrito Federal y poner fin a los bloqueos. Sotomayor se manifestó a favor e informó que en días pasados hubo más de 10 mil despidos de capitalinos que no pudieron llegar a sus trabajos.
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