AUTOR: JUDITH AMADOR TELLO.
Hace unas semanas, el especialista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM refutó, en el programa radiofónico de Carmen Aristegui, a quienes aseguran –entre ellos Andrés Rozental, expresidente y fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, AC– que no hay intención de privatizar Pemex.
En una carta increpó al también diplomático, quien dijo que “los países que han abierto al sector privado su sector energético, han permitido que las empresas que descubren hidrocarburos puedan anotar esas reservas o descubrimientos como parte de sus activos, lo cual no quiere decir que ya no son propiedad de la nación”.
Por ello, tras ironizar que Rozental “ha descubierto la propiedad dual”, lo retó: “Vamos, Andrés, ¿puedes asegurar esto sin que te gane la risa?”.
Para Navarrete la discusión no debe ser semántica. En entrevista con Proceso subraya:
“Es claro que estamos aludiendo a un concepto de privatización que no se limita, como con una visión muy estrecha argumenta el Ejecutivo, a la venta de activos de Petróleos Mexicanos. Privatizar es un concepto más amplio: Es hacer participar a agentes privados en actividades económicas de las que por ley –sea constitucional o de otro rango– estaban excluidos.”
Recuerda las palabras de quien fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, el fallecido Juan Camilo Mouriño, quien declaró en abril de 2006 al diario La Jornada que el proyecto energético “no representa la venta de ningún fierro” de la paraestatal. Y deplora que se maneja un enfoque “extremadamente limitado del amplio concepto de privatización”.
En su opinión, tanto la iniciativa del gobierno de Enrique Peña Nieto como la del Partido Acción Nacional son privatizadoras, pues su esencia es permitir la participación privada, nacional o extranjera, en la industria petrolera en su conjunto, que por disposición constitucional es exclusiva del Estado.
No le cabe duda de que la reforma será lesiva para el país pues “en general los retrocesos históricos son negativos”. Y de la campaña publicitaria con la cual el gobierno pretende convencer a la ciudadanía de que vuelve al texto constitucional de noviembre de 1940, propuesto por Cárdenas, recuerda que la ley reglamentaria posterior no respetó su espíritu.
Ahora se propone un nuevo texto constitucional pero, al no conocerse la ley reglamentaria, considera legítimo sospechar que puede ocurrir lo mismo, y que la ley, que eventualmente se aprobaría hacia finales de 2013 o en 2014, vaya más allá de la reforma constitucional. Explica:
“Si uno recuerda el discurso del 12 de agosto del señor Peña Nieto, encuentra que el instrumento clave de la reforma que él propone es la firma de los llamados acuerdos o contratos de utilidad compartida, una figura que viene del derecho inglés. Se llaman profit-sharing agreements y es de uso común en las industrias extractivas, la petrolera, la minería, etcétera.”
Sin embargo, en la iniciativa de reforma al artículo 27 y en la exposición de motivos ya no se habla de ese tipo de contratos, “sino, en términos más generales, de contratos y permisos… Pienso que se quiere dejar la puerta abierta para establecer contratos no sólo de utilidad compartida, como ellos les llaman, sino también de producción compartidos o concesiones de los que habla Acción Nacional”.
Si bien por ahora en el texto propuesto por Peña Nieto quedarían prohibidas en la Constitución las concesiones, Navarrete señala que en este momento no hay garantía de que en el debate legislativo se quede como está:
“Una posible hipótesis es un acuerdo entre el PRI, el PAN y los partidos satélites de estos dos para ir más allá en el texto del 27 y reabrir la posibilidad de concesiones… Es lo que puede pasar y sería una verdadera desgracia.”
Si realmente sólo se quisiera abrir el campo a los contratos de utilidad compartida, la exposición de motivos de la iniciativa lo diría con claridad:
“No soy jurista, pero entiendo que hay una relación muy estrecha entre la iniciativa de ley, en este caso iniciativa de decreto para reformar la Constitución, y la exposición de motivos (no se pueden contradecir)… pero hay un marco de diferencia que se presta para la maniobra legislativa y para hacer pasar por debajo de la mesa, o por debajo de los mantos petrolíferos en este caso, cuestiones que se prefiere no discutir abiertamente, y ésta (la de las concesiones) podría ser una de ellas.”
Las propuestas de ambos partidos, a decir suyo, no tienen ninguna diferencia sustantiva y son lesivas, pues “están enfocadas a que la atención se centre en el artículo 27, cuando es aún más importante y más dañina la modificación del artículo 28, mediante la cual se le retiraría al Estado la exclusividad en la industria petrolera y en la distribución de energía eléctrica. De modo que ojalá no se aprueben”.
Navarrete participó en el Encuentro Universitario: Transición Energética y Reforma Estructural, realizado el 27 y 28 de agosto en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en donde hizo ver que la pretensión del gobierno de seguir exportando la mitad del petróleo extraído, siendo que está en extinción, no es “la política más responsable”.
Sería mejor, dijo, que una vez localizadas las reservas no se extraigan, sino que se guarden para el futuro industrial “que creo nos está esperando para México”.
En la entrevista con este semanario expresa que luego de las reformas de 2008 no se necesitan más cambios en materia de petróleo o de electricidad, quizá sí disposiciones para impulsar nuevas fuentes de energía que no tengan un impacto ambiental negativo, sobre todo en términos de calentamiento global o de cambio climático. Y subraya:
“Lo importante es hacer de Pemex esa entidad, esa empresa pública integrada, fuerte, con recursos suficientes –de los cuales dispone–, y dejar de tenerla como la vaca de la hacienda pública a la que se ordeña todo el tiempo porque es una fuente de ingresos relativamente segura y a la que no cuesta ningún trabajo expoliar.”
Miopía
En el número 1921 de Proceso los investigadores Carlos Elizondo Mayer-Serra, Ricardo Pérez Montfort y Bolfy Cottom dieron su punto de vista sobre la idea del petróleo como bien cultural. En la misma edición se presentó un adelanto del nuevo libro Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México, del historiador Lorenzo Meyer, donde señala que el petróleo es un elemento de identidad nacional. El embajador Navarrete expresa su acuerdo con ese enfoque:
“Si uno quisiese mencionar un número limitado de elementos importantes constitutivos de la identidad nacional, el petróleo sería uno de ellos. Otro, la defensa de la integridad territorial del país, sobre todo en el siglo XIX, cuando se libraron las guerras con Estados Unidos y con las potencias europeas, que ha quedado y está reflejada en la letra del Himno Nacional que seguimos cantando en el siglo XXI.
“Un tercero que se ha ido diluyendo pero sigue siendo importante para la identidad de una población altamente mayoritaria, es la religión católica y algunas de sus expresiones mexicanas, entre comillas, como sería la Virgen de Guadalupe. Pienso que el petróleo, sobre todo por la gesta expropiatoria de 1938, alcanzó un rango similar a los otros dos.”
Juzga como un error que “de pronto algún tecnócrata” considere al petróleo como una mera mercancía. Ciertamente lo es, pero tiene particularidades propias por ser un recurso no renovable, una dimensión e importancia internacionales, y porque ha estado en el origen de diversos conflictos entre regiones y naciones. No cualquier mercancía produce ese tipo de fenómenos políticos, militares e históricos de luchas por el control y el dominio del recurso, recalca.
Así, “es enormemente reduccionista y miope decir: ‘el petróleo debe tratarse como cualquier mercancía, y lo importante es sacarlo lo más pronto y venderlo al mejor precio posible’. Esas actitudes mercantilistas o de mercaderes no consideran las cuestiones verdaderamente importantes”.
Tras evocar algunas de las distintas obras literarias y plásticas de la cultura mexicana que aluden a la gesta petrolera y “los veneros del petróleo” como los llama Ramón López Velarde en La suave patria o los murales de José Clemente Orozco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el economista insiste en que los efectos de las reformas, tanto del PRI como del PAN (ésta última modificaría además de los artículos 27 y 28, el 25), serán muy negativos.
“Nos hemos concentrado en lo más sencillo: sacar el petróleo y vender más de la mitad de lo que producimos y es lo que se quiere seguir haciendo, incluso aumentar la proporción”, lamenta.
Y expone que en el Proyecto Alternativo de Nación, en cuya elaboración participó el año pasado cuando un grupo de intelectuales se sumaron a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, se propuso ir reduciendo gradualmente la exportación de crudo y aumentar la transformación industrial de México para, en todo caso, exportar derivados petrolíferos o petroquímicos “que es donde se complementa la cadena de valor y donde el país obtiene los mayores beneficios”.
Lo que se requiere, puntualiza, “es una empresa petrolera del Estado, fuerte, integrada, moderna, que eventualmente podría establecer asociaciones con otras, de preferencia las grandes empresas estatales de otros países, para actividades de beneficio común en terceros mercados o en el mercado mexicano, pero no por la vía de renunciar a la exclusividad del Estado en el manejo del sector petrolero”.
Para mediados de este siglo, anticipa, se estarán explotando yacimientos en zonas marítimas cuyo subsuelo no pertenece a ningún país, son mares internacionales y habrá que integrar consorcios con operadores de varias nacionalidades para explotarlos “y establecer un régimen que debe discutirse y convenirse en Naciones Unidas”.
“En ese momento, ya para la segunda parte del siglo XXI, Pemex debería estar en posibilidad de ser una de las empresas que participe en esos grandes proyectos, que en materia petrolera son el equivalente de los viajes en materia del espacio extraterrestre.”
En el proyecto alternativo hubo ideas específicas. No se consideró una reforma inmediata pero sí corregir el régimen fiscal de Pemex, que en la actualidad es “confiscatorio” (el Estado le despoja de buena parte de sus ingresos) e impide su crecimiento. Pero antes de cambiar el régimen de Pemex, aclara el embajador, hace falta una reforma hacendaria de fondo.
La reforma prevería eliminar recursos fiscales a Pemex y sustituirlos con otras fuentes. Por desgracia, explica Navarrete, éste, como los anteriores gobiernos, no tiene más imaginación que incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su generalización, lo cual sería muy “regresivo” en términos de la distribución de ingresos:
“No imaginan el tipo de reforma fiscal que el país necesita: una reforma progresiva con impuestos al ingreso y a la riqueza. Por desgracia, los partidos de izquierda han adoptado una actitud negativa ante las posibles y necesarias elevaciones de impuestos. Obviamente cobrar impuestos es una de las tareas más ingratas que tienen los Estados y los gobiernos, a nadie le gusta pagar parte de su ingreso, sobre todo si no está claro a qué se va a aplicar y si se va a hacer con transparencia y honestidad.
“Pero para resolver la situación de Pemex, entre muchas otras cosas, para tener un régimen de seguridad decente, este país necesita captar más impuestos. México es uno de los países, de este tamaño de economía, que capta menos, y tiene que captar más.”
En su intervención en el foro de la UNAM, el economista indicó que sería útil saber qué está pensando el gobierno al respecto, pues de entrada se ha reconocido que los actores externos a los cuales se abriría la inversión en Pemex tienen ventajas tecnológicas, industriales y administrativas por encima de las nacionales, y de aprobarse la reforma se debe estar preparado para un campo donde no son extraños “la brutalidad y la falta de escrúpulos”.
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