AUTOR: JUAN CARLOS MIRANDA.
Hay inconsistencias porque con la reforma hacendaria recién propuesta quedan "reducidas" las reformas aprobadas por la 62 legislatura, dijo Gerardo Gutiérrez Candiani.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que entre el Plan Nacional de Desarrollo, las reformas aprobadas por la 62 legislatura, y la reforma hacendaria propuesta por Enrique Peña Nieto hay muchas inconsistencias que hacen que gran parte de las reformas aprobadas “queden reducidas o neutralizadas con las nuevas disposiciones fiscales”.
En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani dijo que la propuesta de reforma hacendaria “prioriza la recaudación de corto plazo” y fue aprobada bajo consideraciones políticas de peso en un contexto económico difícil.
Agregó que en materia de seguridad jurídica, la reforma implica un “grave retroceso”, ya que establece nuevas responsabilidades penales que pueden afectar a personas “totalmente ajenas a la comisión de posibles delitos, así como la reducción injustificada de los plazos para interponer medios de defensa”.
Puntualizó que la eliminación del régimen de consolidación fiscal “merma de manera importante la competitividad para atraer, generar y retener inversiones”.
De acuerdo con Candiani, con esta reforma, las utilidades distribuidas por las empresas tanto a personas físicas como a residentes en el extranjero tendrían un nuevo gravamen con una tasa de 10 por ciento, con lo que la carga tributaria llegaría a 46 por ciento, al adicionar al 30 por ciento original de ISR, el impuesto sobre dividendos, más el pago de la PTU y un 2 por ciento adicional a las personas físicas.
Además, criticó que la homologación del IVA en la zona fronteriza puede tener consecuencias graves para la economía de esta zona ya que la tasa de 16 por ciento en México estaría compitiendo con el 8 por ciento promedio que prevalece en impuestos al consumo en Estados Unidos.
Señaló que la incorporación de nuevas restricciones para deducir parcialmente la previsión social y demás prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo y la no deducción de aportaciones complementarias a fondos pensionarios y de jubilación, aumentarán de manera importante el costo operativo de muchas empresas y pueden tener como saldo una pérdida neta de beneficios en la calidad de vida de los trabajadores.
Finalmente el sector empresarial llamó a la discusión de las iniciativas y sostuvo que cualquier reforma corre el riesgo de no alcanzar los objetivos que se plantea si antes no se toman medidas eficaces para contener la corrupción, que deben incluir el diseño de una política articulada de transparencia y rendición de cuentas.
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