AUTOR: JUAN CARLOS ORTEGA PRADO.
El quebranto para el país fue de 75 mil millones de pesos, según dijo ayer la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIA). Esta cantidad implica desde carreteras dañadas, puertos, edificios y automóviles hasta casas de lámina y micronegocios.
¿Quién pagará por ello? Sólo 20% de las propiedades afectadas tenía seguro. Sin embargo, el 80% restante corre a cargo del gobierno o de los afectados.
El caso más triste, por supuesto, será aquel en el que a los propios damnificados les toque pagar. Tres veces serán víctimas de su pobreza: por sólo poder vivir en zonas peligrosas, por perder sus propiedades y por tener que poner dinero para recuperarlas (dinero, claro, que nunca han tenido). Esto significará una debacle para regiones enteras, que retrocederán años en su nivel de bienestar. No es una proyección. Ya pasó con los huracanes Paulina (1997) y Wilma (2005): aún hay destrozos y comunidades enteras que migraron.
Todo parece indicar que éste será el caso de la Costa y, sobre todo, de la Sierra de Guerrero. Como se sabe, ese estado es el más pobre del país en muchos aspectos. Ahí están los municipios más depauperados de Latinoamérica, por ejemplo, que ya desde antes tenían un nivel de desarrollo similar al del África subsahariana, según la ONU.
Para paliar esta situación se requieren, entonces, recursos del gobierno federal. Provendrán tanto del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), del Fondo de Pavimentación y del flamante Plan de Reconstrucción Nacional. Sin embargo, el modo en que está proyectado este gasto implica tantas repercusiones negativas que el saldo final difícilmente será positivo, tanto en términos personales y locales como nacionales.
El Fonden, explicó la Secretaría de Hacienda, está conformado por 12 mil 507.9 millones de pesos. Siete mil millones de pesos vienen del propio fondo y otros 5 mil millones del Seguro de Riesgos Catastróficos.
El problema es que, amén de ser pocos recursos (comparados con el total de 75 mil millones), buena parte se destinará a solventar daños en infraestructura y no a las necesidades inmediatas y familiares de los afectados:
Ocurre que el gobierno federal no tenía aseguradas sus carreteras. “La parte de infraestructura carretera que le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la que no está asegurada, porque la SCT no ha contratado desde la administración pasada este seguro”, dijo la AMIS. Hace años se aseguraban, pero “buscaron una racionalización presupuestal que nosotros consideramos que es una racionalización mal entendida, porque al transferirse esos riesgos a una aseguradora pues no pasa lo de ahora, que se lleva una parte muy importante de los recursos del Fonden”.
Así que la Federación deberá correr con la carísima reconstrucción de 57 carreteras libres: 40% del total que hay en el país, que es 141.
Hagamos sumas y restas: las aseguradoras valuaron en 75 mil millones de pesos los daños. Ellas pagarán 15 mil millones (20%) y el Fonden pondrá 12 mil 500. Así que aún faltan 47 mil 500 millones de pesos. No hay que perder de vista que en caso de llegar a esta cantidad sólo se habría alcanzado el estado previo al de las lluvias, sin ninguna mejora.
Para cubrir este faltante, el presidente Enrique Peña Nieto propuso el jueves su Plan de Reconstrucción Nacional. Incluye al Fonden y al Fondo de Pavimentación (5 mil millones). Además, pedirá recursos al Congreso.
El Plan tiene cuatro grandes problemas. El primero es que se distraerán partidas presupuestales por el “bomberazo”.
Esto es grave porque significa que fue totalmente rebasado el Fonden y porque otras áreas serán descobijadas (aún no se sabe cuáles).
El segundo, como consecuencia, es que se ignora con cuánto dinero se contará y eso atranca cualquier planeación.
El tercero es que, de nuevo, una parte va a infraestructura. ¿O sea que ni todo el Fonden alcanzará para reconstruir? En efecto, para hacernos una idea basta recordar que, en 2010, el gobierno federal invirtió en vías de comunicación terrestres —en todo el país— 50 mil millones de pesos.
El último es el de la instrumentación. El gobierno federal quiere pasar “casa por casa” y evitar intermediarios. Nunca lo ha logrado; ni siquiera fue capaz de difundir efectivamente la alerta. ¿Cuánto tardará en hacerlo, cómo? El plan suena a populismo y a improvisación.
Este es un asunto central: lo que el gobierno no sabe pero debe hacer. De hecho, el periodista Andrés Juárez, en emeequis (m-x.com.mx/2013-09-19/10-razones-por-las-que-el-desastre-no-es-natural-por-andres-juarez/), documentó diez razones por las que el desastre no puede considerarse natural: la evacuación defectuosa, la deforestación (permitida de facto), el nulo desazolve de vías fluviales, la descoordinación entre autoridades, la urbanización a la buena de dios, la marginación (del deslave en La Pintada, con 68 muertos y desaparecidos, el país tardó en enterarse tres días), la vulnerabilidad al cambio climático, la corrupción y la nula prevención. Se pueden agregar los subejercicios (proceso.com.mx/?p=351766) y el olvido de las lecciones dejadas por otros huracanes.
Si se trata de un plan de reconstrucción estaría bien comenzar arreglando la base podrida. En la propuesta de Peña Nieto no están las propuestas contra esos problemas estructurales. Pagarán los afectados, pagarán todos los mexicanos.
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