AUTOR: LUCÍA VERGARA/ SEBASTIAN AGUIRRE.
¿Sabe usted que hay libertad de expresión en México?, le preguntó el documentalista Roberto Hernández a un policía del Distrito Federal que en esos momentos lo detenía por filmar la captura de una persona en la Alameda Central.
Ante la pregunta de Hernández el policía respondió: “No sabría decirle, pero ahorita lo llevamos al juez cívico y usted le pregunta”.
Del 1 diciembre de 2012 al 01 de septiembre del presente año, once personas han sido arrestadas en el DF por documentar en espacios públicos, la mayoría cuando filmaban la actuación de alguna autoridad.
Para los policías capitalinos no ha importado que se trate de periodistas que documentaban una manifestación social o de ciudadanos que los observaban en su actuar. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF han llegado a que sea motivo de detención fotografiar flores en la Alameda central, cómo le sucedió a Dayana SanJuan.
El comportamiento de los policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del DF se ha caracterizado, desde el 1 de diciembre, por la criminalización de la libertad de expresión y el derecho a la información en contextos de manifestaciones y protestas sociales, a pesar de que uno de los objetivos principales de la institución, según se puede leer en su sitio web, sea “el respeto de los derechos humanos como condición indispensable en la función policial”.
La mala actuación de los miembros de la SSPDF se debe en gran medida a la ausencia de protocolos de actuación que delimiten la interacción entre periodistas y fuerzas de seguridad en situaciones como marchas y protestas. Siete de las once detenciones se dieron en este tipo de contextos.
Valdría la pena preguntarle a las autoridades capitalinas bajo qué criterios las personas detenidas mientras documentaban alguna protesta pueden ser acusadas por atentar contra la paz pública.
Diez de los once detenidos documentaban acciones de la policía, de ahí que en este contexto sea importante recalcar que fotografiar o grabar a una autoridad en el cumplimiento de su deber no es un delito. Al contrario, sirve para denunciar abusos o para dar a conocer las acciones de la autoridad.
Es todavía más preocupante que siete de los detenidos se identificaron como periodistas, seis de estos pertenencientes a medios alternativos, y pese a la demeritación por parte de las autoridades hacia este sector periodístico, la propia Organización de Estados Americanos (OEA) enfatiza que no debe haber discriminación en el derecho a recabar información; puesto que la garantía de éste es intrínseco a cualquier persona y no sólo de los medios de comunicación.
Las agresiones a la libertad de expresión no solamente dañan a los individuos en lo particular, sino a la sociedad en lo general. El desconocimiento absoluto de los derechos fundamentales por parte de los policías del DF, (como lo demuestra la declaración del oficial que detuvo a Roberto Hernández) hace necesario no sólo sancionar los abusos por parte de las autoridades, sino la urgencia de capacitar continuamente a las fuerzas de seguridad (llámese policías, militares o marinos) en relación con la labor social que cumple el periodismo –sea independiente, cívicos, sociales, comunitarios o de medios acreditados ante la autoridad- todo ello con el fin de crear más canales de comunicación y evitar vacíos informativos.
Lo ocurrido con los once detenidos del DF es una muestra que en la capital de México, como en el resto del país, es urgente establecer protocolos claros de actuación entre las fuerzas de seguridad y la prensa. Esto con el objetivo de fomentar una efectiva rendición de cuentas y difusión de información, recordemos que a mayor información que reciba la sociedad mayor capacidad en la toma de decisiones en la vida democrática.
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