AUTOR: EPIGMENIO IBARRA.
Han convertido la justicia mexicana en puta del régimen, sirviente del rico, esclava del criminal. Cortesana para los poderosos, guillotina para los humildes.
Sobre la impunidad como única norma, la corrupción como valor supremo se levanta y sostiene este régimen. Su poder corrosivo, que ha contaminado todos los órdenes de la vida pública, se ceba, sobre todo, en el sistema de impartición de justicia.
Porque si la justicia fuera, en este país, una realidad, este régimen no podría sobrevivir ni un solo día.
Si la ley se cumpliera y todos fuéramos iguales ante ella, en este país, hace mucho ya que los que nos gobiernan, en lugar de cruzar con tanta indecencia el umbral de Los Pinos y de las casas de gobierno de los estados, habrían cruzado el umbral del presidio.
De la injusticia se alimentan. Solo por la impunidad se mantienen en sus puestos, acrecientan sus enormes fortunas, preservan sus prebendas y privilegios. Pueden continuar saqueando, ensangrentado a México, humillándolo.
Mientras decenas de miles de inocentes languidecen en la cárcel, la puertas de ésta se abren, con enorme facilidad, para los criminales.
Mientras sobre los más débiles se deja caer todo el peso de la ley de sus ataduras, se deshacen, sin pudor alguno, los más poderosos. Nada les detiene si de medrar se trata. Nada los limita para imponerse sobre los demás. Al contrario.
Usan la justicia, la prostituyen para mantenerse en el poder.
De fiscales, jueces y magistrados disponen a su antojo. Los ministerios públicos y las procuradurías de justicia obedecen sus órdenes: actúan por consigna, persiguen al que se les opone y cierran, conveniente y oportunamente, los ojos ante los delitos cometidos por quienes sirven al sistema.
Todo comienza al no hacerse justicia al votante, al ignorar su voz, su voluntad, sus derechos y todo ahí mismo termina.
Los crímenes de los que se van se hilvanan con los crímenes de los que llegan a hacerse cargo del gobierno. El manto de impunidad se extiende de un sexenio a otro. El presidente municipal es encubierto por el gobernador, el gobernador por el presidente, el presidente por su sucesor.
Solo unos cuantos caen, los chivos expiatorios que el ritual sexenal de sacrificio exige o los que han traicionado al gobernante en turno.
No se trata, en todo caso, de justicia, sino de ajustes de cuentas.
Con la libertad se premia a capos y secuestradores. Laxa es la autoridad si se trata de otorgar beneficios a los grandes capos del crimen organizado como Caro Quintero.
Inflexible, brutal, implacable si se trata de revisar el caso de esos que, sometidos a ley de plata o plomo, se han visto involucrados en el trasiego de pequeñas cantidades de droga.
Y mientras a quienes al amparo del poder han medrado, como Raúl Salinas, se les exonera y devuelve el botín, a los que a los agravios del poder responden en las calles se les persigue y condena con dureza ejemplar.
Libre y enriquecido está en Miami, Genaro García Luna, quien violando las garantías de debido proceso hizo de la mano de la dos televisoras un burdo montaje y libre, gracias a estas oscuras maniobras de García Luna, está una secuestradora: Florence Cassez.
Y lo que a la francesa, convertida en celebridad, en pieza de negociación diplomática, se le concede, a un profesor tzotzil, Alberto Patihstán, se le niega. De nada valen los vicios procesales en su caso. A morir en la cárcel, donde lleva ya trece años, lo condenan.
Justicia se niega a las víctimas de la guardería ABC. Impunidad se garantiza a funcionarios que otorgaron las concesiones en procesos viciados por la corrupción y el nepotismo.
No han escuchado los jueces el clamor de justicia de las madres y padres de esas 25 niñas y 24 niños víctimas de este atroz crimen de Estado. Sordos y ciegos han permanecido ante tanto dolor Felipe Calderón primero y Enrique Peña Nieto ahora.
Han pasado 51 meses y las autoridades judiciales solo atienden, diligentes y sumisas, las órdenes de aquellos que, desde el poder, les dicen que no miren, que no señalen, que no procesen a los dueños que convirtieron esa guardería concesionada en una trampa mortal.
De la mordida en el trámite más simple al fraude electoral vive el régimen burlando la ley y burlándose del ciudadano, pisoteando la Constitución, poniendo en riesgo la paz que solo puede existir ahí donde se hace justicia.
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