AUTOR: PAULINA VILLEGAS.
Gustavo Ruiz fue detenido cuando ejercía su trabajo como fotoperiodista, ahora enfrentará un juicio por los delitos de ultraje y resistencia de particulares.
Pero para el joven fotoperiodista de la agencia Subversiones, nada de esto es fortuito o producto de la mala suerte.
“Pareciera que esto es parte de una estrategia dirigida a inhibir nuestra labor, el derecho a la manifestación, desde el primero de diciembre del año pasado, se empieza a notar que el trabajo de las persona que documentan los excesos que puede haber tanto de militantes como de policía, empiezan a ser obstruido”, dice en entrevista con Reporte Indigo.
El pasado primero de septiembre fue un domingo cualquiera de descanso para muchos capitalinos, pero para cientos de miles de manifestantes y periodistas fue un día de confrontación y represión.
Durante la marcha convocada por la CNTE en oposición a las leyes secundarias de la reforma educativa, cuatro periodistas de medios independientes fueron aprehendidos mientras realizaban su trabajo y acusados de ser delincuentes.
Tal fue el caso de Gustavo Ruiz fotoperiodista de la agenda Subversiones, quien se encontraba grabando varias detenciones cerca del metro San Antonio Abad, cuando también fue arrestado por la policía.
Ultraje y resistencia
El martes pasado, el juez encargado del proceso de Gustavo Ruiz dictó un auto de formal prisión a partir de dos delitos: ultrajes a la autoridad y resistencia de particulares.
En términos legales, Ruiz es todavía sujeto a un proceso en el cual todavía puede ser declarado culpable debido a que el juez encontró elementos para considerarlo “probable responsable” de estos delitos.
Significa que el fotoperiodista sigue siendo indiciado y tiene hasta el próximo viernes para ofrecer más pruebas, para que el juez esté en posibilidad de dictar una sentencia definitiva.
“Es un golpe duro, estoy convencido de mi trabajo de que fue lo que hice, y ahí están las pruebas, de mi detención las grabaciones que hicimos mi compañero y yo (…) las pruebas son contundentes.
“Es muy duro darte cuenta de que a pesar de que uno tiene pruebas que desarman por completo la acusación que hay en mi contra, queda completamente deshechas, con los videos de mi propio arresto no es suficiente y los descartan por completo”, agrega Ruiz.
Ante los hechos de arrestos y violencia en contra de periodistas, diversas organizaciones de la sociedad civil organizada -entre ellas Artículo 19- denunciaron los hechos y exigieron la liberación inmediata y el respeto a los derechos humanos de periodistas y comunicadores.
La organización internacional Artículo 19 publicó recientemente un informe que señala que las agresiones a la libertad de expresión en la administración de Peña Nieto se incrementaron más de un 46 por ciento en los primeros seis meses del 2013, comparado con el mismo periodo del 2012.
“Aunado a ello, parece haber en los hechos y en el discurso una intención deliberada de reprimir la protesta”, concluye el informe trimestral que documenta en el mismo periodo 151 agresiones, dos asesinatos, una desaparición, cuatro ataques a medios, 26 amenazas y siete privaciones ilegales de la libertad, cuyo principal agresor es el funcionario público.
Criminializan la libertad de expresión
Las detenciones arbitrarias y arrestos a periodistas en el contexto de cobertura de protestas masivas y manifestaciones, da pie al debate de un tema sobre las actuales medidas de protección a profesionales de la información y los protocolos de seguridad en ciudades como la capital, escenario de un creciente número de movilizaciones.
“Parece que el protocolo de control de masas de la policía del Distrito Federal empiezan a incluir a los medios como parte de estas masas que hay que contener, es preocupante que no solo ataquen a periodista sino que también se van contra cualquier persona que este grabando con su celular”, reflexiona Ruiz ante lo que llama un panorama desalentador y preocupante.
Y su defensor legal, concuerda.
“Nos parece que atendiendo a un patrón muy grave de criminalización de la libertad de expresión”, opina Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial adjunto del programa legal de Artículo 19 y defensor legal de Gustavo Ruiz.
En representación de Artículo 19, Maldonado exige al gobierno del Distrito Federal ,al procurador y al jefe de Gobierno que desistan de las acusaciones en contra de Ruiz, y al poder judicial le pide que “se conduzcan con imparcialidad y dependencia y que garanticen las reglas del debido proceso”.
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