La impartición de justicia en jaque: grupos de autodefensa y policías comunitarias

FUENTE: REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO.
AUTOR: ÉRIKA PAZ.

En México, la violencia social se ha incrementado en los últimos años, razón por la cual, a principios de esta década, las policías comunitarias y los grupos de autodefensa han proliferado en algunos estados como Michoacán, Oaxaca o Guerrero.

Violencia social que no sólo se expresa en los robos o las extorsiones, sino en delitos de mayor impacto como lo son los asesinatos o los feminicidios. Con esto, y aunado a la cada vez más difusa línea entre la delincuencia y el crimen organizado, se ha edificado una seria amenaza para la impartición de justicia del Estado mexicano.

La aparición de grupos de civiles armados en México merece una especial atención sobre los objetivos de cada uno, pues como señaló el investigador Miguel Ángel Mijangos Leal existen varias categorías y cada grupo tiene un propósito diferente. Encontramos “los grupos comunitarios, los grupos de autodefensa, los grupos paramilitares, los grupos de crimen organizado que pueden ser comunitarios pero también pueden ser paramilitares o las policías ciudadanas”.

En los medios de comunicación en general, indicó Miganjos Leal, existe la tendencia de encasillar a todo actor en grupos de autodefensa, asociarlos con el narcotráfico o bien, hablar de agrupaciones en coordinación con las autoridades para el desarme de las policías comunitarias. Éstas últimas tienen como objetivo “tratar de acabar con la impunidad y quitar a cualquier mando vinculado en el orden y la impartición de justicia que no actuaba y que además estaba vinculada al crimen organizado”.

Tal el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que se ubica en las regiones Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, una entidad que se ha caracterizado por una alta participación social como lo son “los movimientos guerrillero, magisterial e indígena”, contextualizó el investigador mexicano en el marco del foro “Civiles Armados: uso de la fuerza y estado de derecho”.

Por su parte, Javier Ciurlizza, director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, explicó que este fenómeno no solo ocurre en México, sino también en países como Guatemala o Colombia, y se debe a aquellos “procesos de violencia interna, e intensa, que provocan un cuestionamiento directo al monopolio y a la legitimidad de la fuerza por parte del Estado, lo que genera una proliferación de actores privados vinculados con la violencia y en este contexto deben ser entendidas las diversas expresiones, legítimas o no, de grupos armados civiles”.

En el caso de Colombia, “los grupos de autodefensa y paramilitares pareciera que fue una forma contestataria a los grupos guerrilleros, pero si hacemos una revisión detallada en su historia, éstos han sido una política estatal, porque quien las auspició directamente fue el gobierno en convenio con Estados Unidos en la lucha contrasubversiva que había en los años 60 en medio de la expansión comunista”, aclaró Elizabeth Yangana del Colectivo Mujeres en Resistencia, en este país.

Esta acción fue “dirigida por todas las élites de Colombia llámese, política, mafiosa y militar, como una alianza estratégica para acallar a quienes en un momento dado eran disidentes o se oponían al régimen en Colombia”, asimismo, Elizabeth Yangana denunció que la Ley de Justicia y Paz, promovida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue un mecanismo mediante el cual “se legalizó a los militares, quienes habían delinquido y prácticamente se les dejó en impunidad, con esta ley se buscó legalizar todo lo que ellos hicieron. Y el paramilitarismo persiste y se permea en la cúpula del Estado colombiano”, concluyó la defensora de derechos humanos.