AUTOR: MARCO ANTONIO MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-09-2013/750983
En el norte del país se registran violaciones de derechos humanos derivados de la presencia militar; en Coahuila y Chihuahua asesinatos y desapariciones; en Puebla violaciones a los derechos laborales, en Oaxaca y Chiapas proyectos de mineras o energías renovables encabezados por empresas trasnacionales afectan a comunidades indígenas enteras; en 13 entidades las cifras de feminicidios van a la alza, y en todo el país se vive el paso de los migrantes, vulnerables a sufrir abusos y maltratos.
La Ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas (TDT), Agnieszka Raczynska, quien el 10 de septiembre acudió a Madrid, España, para recibir el V Premio Rey de España en Derechos Humanos, describió este panorama para México.
Raczynska, entrevistada vía Skype desde la capital española por SinEmbargo el mismo día que recibió el premio a nombre de la organización, expuso que además de la violación de los derechos humanos, existe desinterés de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto por revertir esta situación. En su opinión, no hay el objetivo de dignificar la vida de los mexicanos y mexicanas.
“Las acciones impulsadas desde el gobierno carecen de visión de derechos humanos. Consideramos que es necesaria una revisión a fondo de lo que está ocurriendo en México. También hemos visto un discurso del gobierno federal que ignora estas cifras, datos, de esta manera es muy difícil porque no estamos partiendo de un diagnóstico común”.
Asimismo, han registrado descalificaciones de procuradores estatales y del Gobernador de Chihuahua, César Duarte.
Expone que la labor de defensa de los derechos humanos es una actividad con cada vez mayores riesgos de ejercer en México, por las amenazas, allanamientos, e incluso encarcelamientos y asesinatos que sufren los integrantes de algunas de las organizaciones expertas en la materia.
Los defensores enfrentan intereses poderosos, y en algunos casos perciben a las autoridades coludidas con la delincuencia organizada.
“El que quiere denunciar la violación a los derechos humanos también está enfrentándose a intereses que pueden limitar el acceso a la justicia en algunas zonas del país”.
A ello se suma la debilidad de las instituciones de procuración y administración de justicia, y la desconfianza con que es vista su labor.
La activista espera que con el reconocimiento otorgado por una autoridad extranjera el gobierno federal, pero también los estatales, vean la importancia de la defensa de los derechos humanos.
Desea que con el premio la labor casi desconocida de los defensores de derechos humanos sea más visibilizada.
LARGA EXPERIENCIA
En 1990 se formó la red TDT, ante la preocupación de organizaciones por las violaciones a los derechos humanos y por construir estrategias conjuntas en la defensa y promoción de los derechos humanos.
A lo largo de estos años han organizado talleres, compartido agendas e información. Actualmente está formada por 73 organizaciones, pero cada año se suman más, dice la Secretaría Ejecutiva de TDT.
En estos 23 años, se crearon las comisiones de derechos humanos, se ha integrado México a tratados internacionales, se hizo una modificación constitucional en 2011 en materia de derechos humanos, ¿cómo ha cambiado en estos 23 años la situación de las ONG? ¿Se ha mejorado durante este tiempo, o perciben que estamos en una situación parecida?
Hay cambios importantes de contexto. Hoy en día estamos presenciando, documentando y monitoreando las consecuencias de una fuerte crisis en materia de seguridad y de violencia. Esto es algo que hace 20 años las organizaciones de derechos humanos no imaginaban que ocurriría, sin embargo esto ha sido un cambio importante y ha marcado la agenda de organizaciones de derechos humanos, sobre todo las de la red. Uno de los temas que nos ocupan hoy en día es la gran debilidad y desconfianza que tenemos hacia las instituciones gubernamentales, sobre todo una debilidad institucional de aquellas encargadas de administración y procuración de justicia y esto marca en gran medida una agenda que tiene que ver con casi cualquier tema que las organizaciones de derechos humanos trabajen y se enfoquen.
Explica que desde hace dos años notan una situación nueva por los megaproyectos de desarrollo.
“Hay también una situación de contexto nueva, de hace un par de años que ha estado muy presente en nuestra denuncia pública y también en el trabajo de litigio de nuestras organizaciones, son los conflictos que ocurren en México a raíz de los llamados proyectos de desarrollo o megaproyectos y sobre todo aquellos que involucran empresas nacionales o trasnacionales que tiene presencia en comunidades indígenas o no indígenas, que desarrollan algún proyecto de industria extractiva, como pueden ser mineras o proyectos o de generación de energía renovable, como los eólicos o cualquier otro proyecto donde afloran muchos pendientes en materia de derechos humanos, que tienen que ver con los pueblos indígenas y su derecho a la consulta, al territorio, a la cultura. Una cuestión que en estos años hemos estado denunciando es la impunidad que en un contexto de violencia se hace aún más perceptible y más presente pero también de abordarse de manera más seria e integral.
–En su discurso daba cifras de 100 mil muertos asesinados, 27 mil desparecidos, más de 2 mil mujeres asesinadas por cuestiones de género, ¿cómo calificaría esta situación?, ¿qué tan grave la considera? ¿Ve posible revertirla, sobre todo con el cambio de gobierno?
Son cifras que no son datos nuevos, mi discurso no revela nada que no se haya dicho antes. El propio gobierno mexicano habla de veintitantos mil desaparecidos, la cifra de los muertos asesinados en el contexto de la violencia es un dato que ha sido mencionado anteriormente por Movimiento por la Paz por México (encabezado por el poeta Javier Sicilia). Estos datos nos hablan de una crisis de derechos humanos que estamos viviendo en México y también un deterioro importante en materia de derechos humanos en los últimos años. Estas cifras hablan de una consecuencia de la política gubernamental que no visibiliza, no tiene como objetivo dignificar la vida de los mexicanos y mexicanas, sino todo lo contrario. Creemos que tenemos que transformar nuestras instituciones, también nuestra cultura. Las acciones impulsadas desde el gobierno carecen de visión de derechos humanos. Consideramos que es necesaria una revisión a fondo de lo que está ocurriendo en México. También hemos visto un discurso del gobierno federal que ignora estas cifras, datos, de esta manera es muy difícil porque no estamos partiendo de un diagnóstico común.
–¿No hubo cambio de visión con nuevo gobierno?
No, la verdad es que no. No estamos viendo que haya cambio en el fondo, al contrario, este año además de todo hemos estado documentando con mucha preocupación casos de agresiones contra personas que defienden derechos humanos en México. Es triste decirlo, además tenemos un saldo de varios defensores asesinados en el país, las amenazas y hostigamientos, la vigilancia, el allanamiento contra quienes defienden los derechos humanos tanto contra quienes denuncian abusos o tocan intereses de algún funcionarios o funcionaria o grupos de crimen organizado son incómodos para este gobierno y gobiernos porque tenemos que involucrar en esta responsabilidad y obligación a los gobiernos estatales.
–¿Los gobiernos estatales complican aún más la defensa de los derechos humanos? ¿Qué tan difícil es en México defender derechos humanos?
Estamos trabajando en un contexto complejo, cuando hablamos de crisis de seguridad hay zonas del país donde es muy difícil separar a la autoridad de grupos del crimen organizado o por lo menos entender la acción de crimen organizado sin por lo menos la colusión de autoridades es casi imposible. Esto es un contexto muy delicado y muy complicado para las organizaciones de derechos humanos y también para la ciudadanía. El que quiere denunciar violación a los derechos humanos también está enfrentándose a intereses que pueden limitar el acceso a la justicia en algunas zonas del país.
AMENAZAS, HOSTIGAMIENTOS, DESCALIFICACIONES
–¿A usted le ha tocado recibir amenazas u hostigamiento?
Afortunadamente no, hemos tenido la fortuna de no estar en una situación que nos implique amenaza, pero de las organizaciones de la red hay varios compañeros, compañeras, organizaciones enteras amenazadas, oficinas allanadas, robadas, teléfonos intervenidos, correos hackeados. También hemos documentado entre nosotras detenciones arbitrarias de compañeros y compañeras y aunque no directamente, sí hemos sido lamentablemente testigos de asesinatos de colegas de defensores y defensoras de derechos humanos. Toda esta situación pone en riesgo no sólo a una persona u organización, sino el derecho a la defensa de los derechos humanos.
–¿Y sobre las descalificaciones de autoridades, que nos puede decir?
Una de las más sonadas es una que a través del Secretario de la Marina (Mariano Francisco Sáynez Mendoza) se hizo en contra de las ONG hace ya un par de años. Gobernadores como el de Chihuahua (César Duarte) que ha descalificado los compañeros defensores y defensoras de derechos humanos, procuradores que también desprecian o desprestigian el trabajo de defensores, pero también empresas que a través de algunos medios de comunicación descalifican y difaman el trabajo de quienes defienden los derechos humanos, sobre todo quienes tocan un interés económico o importante y son objeto de descalificaciones.
–¿Hay una zona donde perciba que la violación de derechos humanos se a más grave en el país?
Tendríamos que diferenciar. Hay zonas del país que sufren consecuencias de esta crisis de seguridad que veníamos hablando y de los altos índices de violencia, consecuencias de la militarización que existe hoy en México, los estados norteños, del noroeste. Pero si hablamos de un deterioro en cuanto a los derechos laborales podemos centrarnos en Puebla; si hablamos de la problemática de trata de personas, estaríamos enfocándonos más en los estados más al centro de México. Luego estados con concentración de grupos indígenas más fuerte como Oaxaca y Chiapas, con presencia fuerte de empresas que explotan recursos naturales, eso es que ocasionan abusos y violaciones a derechos humanos. No podríamos calificar un estado más que otro, pero si podríamos empezar a hacer un diagnóstico de acuerdo a los distintos contextos que vivimos. Luego podríamos enfocarnos a la problemática de personas migrantes que atraviesa prácticamente todo el país, siendo la ruta del migrante ya muy conocida en México. Muy ubicada en los estados del sur hacia el norte. La violencia contra las mujeres prácticamente hablando de al menos 13 estados que reportan feminicidios.
–¿Cómo hacen este trabajo de acompañamiento a víctimas?
La red al estar conformada por tantas organizaciones, cada una hace un trabajo dependiendo el tema que promueve, que defienda, hace acompañamientos o hacen promoción o educación en materia de derechos humanos. Las organizaciones que hacen un acompañamiento y que hacen litigio y defensa integral son las más cercanas a las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos. Existen organizaciones en nuestra red que trabajan a favor de personas que se encuentran en prisión preventiva y que apoyan a presos y presas; hay organizaciones que hacen labor de acompañamiento a comunidades en sus luchas por tierras; otras que atienden casos de mujeres desaparecidas o familiares de mujeres asesinadas; hay organizaciones sobre todo ubicadas en Coahuila y Chihuahua que apoyan a familiares de personas desaparecidas, es una diversidad de acompañamiento a víctimas muy grande, tan grande como es la red. Cada una define sus capacidades, su tipo de trabajo y lo que hacen en esta plataforma de red es que suman esfuerzos, intercambian información y hacen intercambios de experiencia y es lo que permite fortalecer su trabajo.
–¿Cuál es su postura sobre la Suprema Corte de Justicia que la semana pasada determinó que cuando la Constitución y los tratados internacionales en derechos humanos se confronten, prevalecerá la Carta Magna?
Para nosotros esto es un retroceso muy preocupante, muy grave a un paso hacia adelante que se había dado con la reforma constitucional. Nos parece que esta discusión y la decisión de la Corte pone nuevamente en una situación de tensión este debate que se estaba dando sobre la jerarquía de los tratados. Para las organizaciones ha sido un paso hacia atrás en lo que se había avanzado con la reforma.
–¿Qué significa el premio, es un impulso a su labor?
Sí, por supuesto. Es un reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos en México, es un premio que visibiliza nuestro trabajo, la labor de quienes defienden los derechos humanos en México es poco conocida y reconocida también, y el hecho de que la sociedad española haya reconocido no sólo a una ONG una red sino a una red de 73 ONG mexicanas es para nosotros no sólo motivo de alegría, sino por supuesto una oportunidad para visibilizar una agenda muy diversa en materia de derechos humanos.
–¿Cuáles son los retos?
Muchos retos en México, pero recalcar que como decía en mi discurso, mientras en México la labor de los defensores y defensoras suele ser limitada y descalificada, instituciones a nivel internacional están reconociendo esta labor. Espero esto sea mensaje para nuestras autoridades para abrir espacio efectivo de dialogo con sociedad civil en todos los niveles y con una agenda amplia en derechos humanos.
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