AUTOR: JOHN M. ACKERMAN.
Enrique Peña Nieto fue presentado como un reformador audaz. En realidad, actúa como un corrupto y autoritario oligarca.
Después de sólo 10 meses en el poder, Peña Nieto ha llevado la economía hacia una pared, encendido la protesta social generalizada, incrementado las violaciones de derechos humanos, y permitido que la violencia y la corrupción se salieran de control. Estos fracasos han ampliado la brecha entre la clase política y la sociedad civil de una forma que hace que México se parezca cada vez más a Venezuela, Bolivia y Ecuador antes del ascenso de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa. Los niveles de confianza ciudadana en el gobierno han alcanzado mínimos históricos y las enormes protestas lideradas por profesores, estudiantes y campesinos han estallado en todo el país.
Sin embargo, el resultado en México podría ser mucho más explosivo que en estos países sudamericanos. Mientras Chávez, Morales y Correa siguieron las reglas y alcanzaron el poder a través de elecciones democráticas, en este país la oposición está perdiendo rápidamente la fe en la posibilidad de lograr un cambio social por la vía electoral. El fraude y las grandes irregularidades cometidas durante las dos últimas elecciones presidenciales, en 2006 y 2012, han llevado a muchos a buscar formas alternativas de expresar sus demandas.
Tras el fracaso de las reformas económicas neoliberales de la década de 1980 para traer la paz y la prosperidad prometida por el “Consenso de Washington” para América Latina, la mayor parte de la región ha girado hacia la izquierda política en su búsqueda de una alternativa socialmente más consciente. En los últimos 15 años, casi todos los países de la región se han unido a la “marea rosa” de los gobiernos socialdemócratas, entre los que se encuentran Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Perú, además de Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Colombia y México se destacan como claras excepciones de esta tendencia. Ambos países hoy en día siguen permaneciendo sólidamente dentro del marco neoliberal y son dirigidos por presidentes que ansiosamente se doblegan ante Washington y se apresuran a apoyarse de la fuerza violenta para aplastar a la oposición social o política. La reciente explosión de la movilización social en ambos países, por lo tanto, no debería sorprender a nadie. Décadas de agravios reprimidos finalmente ascienden a la superficie y exigen ser escuchados.
La demografía tiende a amplificar esta tendencia en México. La urbanización, el aumento de los niveles de educación, una mayor accesibilidad a las tecnologías de la información y un auge en la población juvenil han dado lugar a una sociedad civil más consciente. Aunque la televisión y la radio siguen siendo tan monocromáticas y autoritarias como lo fueron en los viejos tiempos de la “dictadura perfecta” de México, ya no es necesario ocultarse para desarrollar redes de resistencia – como fue el caso de los movimientos guerrilleros de la década de 1970. El anti-establecimiento organizado ahora puede llevarse a cabo a la luz del día.
En este contexto, en México Peña Nieto ha elegido la estrategia de gobierno equivocada. En lugar de llegar a la sociedad y hacer frente a los grandes problemas de desigualdad e impunidad en el país, ha insistido tercamente en consolidar el proyecto neoliberal mediante el desmantelamiento de los restos del pacto social de México heredado de la histórica revolución del país de 1910.
Como presidente electo, Peña Nieto trabajó con el presidente saliente, Felipe Calderón, para impulsar en el Congreso la Reforma Laboral que limita la capacidad de los trabajadores para defenderse a sí mismos contra las injustas prácticas de despido y que expande tanto el empleo temporal, como la subcontratación. Una vez en el cargo, Peña Nieto se apresuró a aprobar la Reforma Educativa que le permitirá despedir sumariamente a cientos de miles de experimentados maestros de escuelas primarias y secundarias en todo el país.
Este ataque a los derechos laborales tiene un motivo político. El sindicato de maestros mexicano es la más grande de América Latina, con 1,2 millones de miembros, y la clase obrera sindicalizada suele ser una de las voces más importantes en la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento de la política social. Los maestros rurales de los olvidados estados del sur de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, que protestan hoy en la Ciudad de México, tienen una particularmente fuerte tradición de activismo comunitario y movilización política, que se remonta casi un siglo.
Peña Nieto ha presentado su ataque a los trabajadores como un esfuerzo para detener a los líderes sindicales corruptos. Pero, de hecho, el gobernante ha consolidado el corporativismo y control clientelista sobre los sindicatos. Por ejemplo, la encarcelada lideresa del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, ha sido reemplazada por su mano derecha, Juan Díaz de la Torre, quien ha seguido fielmente con sus prácticas corruptas y autoritarias.
Peña Nieto también ha fallado en dar vida a su promesa de crear una nueva agencia anticorrupción independiente para erradicar actos ilícitos en todo el gobierno. El priista está aparentemente más interesado en consolidar su poder personal que en la democratización de la vida pública.
El segundo paso de Peña Nieto, después de debilitar a la clase trabajadora , ha sido la de reforzar su apoyo hacia los oligarcas de México. Primero presionó por una Reforma en Telecomunicaciones, cuyo propósito central es permitirle distribuir mejor el enorme y cada vez mayor “pay” de este sector entre sus amigos y aliados. Su siguiente paso es la privatización de la industria petrolera de México. Peña Nieto presentó recientemente una propuesta de reforma de la Constitución mexicana , lo que le permitiría dejar de lado la petrolera estatal de México, Pemex, y dividir las vastas reservas de petróleo del país para el beneficio de un conjunto de empresas petroleras trasnacionales. Tal medida podría socavar peligrosamente uno de los fundamentos centrales del moderno pacto social de México, al reducir drásticamente los ingresos fiscales y permitir que intereses extranjeros controlen una de las áreas más estratégicas de la economía.
Mientras tanto, la violencia, corrupción e impunidad se han ampliado. Más de 1.000 personas mueren cada mes debido a la “guerra contra las drogas” , el número de secuestros se ha disparado y tanto los provocadores, como las detenciones arbitrarias son ahora comunes en las marchas y protestas.
Bajo la vigilancia de Peña Nieto, un elenco de personajes dudosos ha sido liberado de la cárcel, incluyendo al asesino convicto de un agente de la DEA, a un general del ejército acusado de vínculos con los narcotraficantes y a una francesa acusada de participar en varios secuestros. Además, recientemente fueron devueltos 19 millones de dólares al hermano de uno de los ex presidentes más corruptos de México, Carlos Salinas, quien también resulta ser el mentor político más importante de Peña Nieto.
Por el contrario, los líderes indígenas, maestros rurales, la policía comunitaria y los estudiantes han sido sistemáticamente atacados, encarcelados y amenazados. En la más reciente demostración de fuerza arbitraria, el pasado viernes 13 de septiembre, la policía federal retiró forzosamente a los maestros que protestaban en el Zócalo de la Ciudad de México, en una clara violación de su derecho de reunión y libertad de expresión.
La policía golpeó brutalmente a numerosos activistas y encarceló arbitrariamente otras decenas, incluyendo un distinguido profesor de economía de Montana, Wesley Marshall, quien casualmente pasaba por la zona. Tales acciones han incrementado el descontento social y preparan el terreno para un escenario similar a lo que ha ocurrido recientemente en Turquía y Brasil, con protestas masivas en las calles.
El presidente Barack Obama ha defraudado a las decenas de millones de mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos por haber fracasado hasta ahora en presentar su prometida reforma migratoria en el Congreso. Pero ahora, ha defraudado a más de 110 millones de mexicanos que viven al sur del Río Grande por su alianza y apoyo a los líderes corruptos de México – primero Calderón, y ahora Peña Nieto.
Los habitantes de América del Norte no deben dejarse engañar por los abrazos y elogios que se intercambiarán esta semana entre Joe Biden y Enrique Peña Nieto. Las soluciones a nuestros problemas comunes no vendrán de ese discurso político hipócrita, sino de la creativa acción ciudadana binacional.
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