AUTOR: JOHN M. ACKERMAN.
Si se trata de “utilizar los instrumentos legales” del presidente Lázaro Cárdenas del Río, como señala Enrique Peña Nieto en su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, habría que recurrir en primer lugar a la Ley de Expropiación (véase http://ow.ly/oaegO). Esta norma fue impulsada y firmada por Cárdenas durante los primeros años de su administración y extensamente utilizada a lo largo de su sexenio.
La reforma al artículo 27 constitucional que firmó Cárdenas, citada por Peña Nieto en su iniciativa, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940, apenas tres semanas antes de que el presidente abandonara su cargo. Fue un acto posterior el que buscó consolidar las bases legales para el Decreto Expropiatorio emitido el 18 de marzo de 1938, con el que se nacionalizó la industria petrolera (véase http://ow.ly/oadEl). El propósito de la reforma constitucional no fue abrir la industria a la iniciativa privada, y mucho menos dar mayores facilidades a las empresas trasnacionales, como tramposamente sugiere el presidente actual, sino cerrarle el camino precisamente a estos intereses.
La principal novedad del nuevo párrafo sexto del artículo 27 constitucional impulsado por Cárdenas fue la prohibición explícita del otorgamiento de concesiones a particulares en materia de petróleo y otros hidrocarburos (véase http://ow.ly/oagVh). Los redactores de la versión original del artículo 27 ingenuamente habían dejado fuera este importante candado, lo cual llevó al abuso inaceptable de poder por parte de las petroleras extranjeras. Cárdenas rectificó este error al eliminar de la Carta Magna cualquier posibilidad de concesiones en la materia. Y por si hubiera alguna duda, también se incluyó la mención de que “el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible” en materia de petróleo, minerales, aguas y otros recursos estratégicos.
Pero el principal “instrumento legal” de Cárdenas no fue esta tardía reforma constitucional, sino la Ley de Expropiación. Ante el desconocimiento de las petroleras trasnacionales tanto de los derechos laborales de sus trabajadores como de la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cárdenas tomó la valiente decisión de recurrir a esta ley que, publicada el 25 de noviembre de 1936, explícitamente faculta al gobierno para expropiar bienes si tal acción sirve al interés público. Si no hubiera realizado esta acción, muy difícilmente contaríamos hoy con importantes instituciones públicas financiadas desde los ingresos petroleros, como las siguientes: UNAM, IPN, IFE, TEPJF, IFAI, CNDH, IMSS, ISSSTE y el sistema de educación pública nacional.
Cárdenas también utilizó la Ley de Expropiación para implementar el mayor reparto agrario en la historia de México. Así se pudieron satisfacer en parte las demandas de los cientos de miles campesinos que habían sacrificado sus vidas en defensa de sus tierras durante la Revolución Mexicana. En el sexenio de Cárdenas se repartieron aproximadamente 18 millones de hectáreas a las comunidades y a los ejidos. Cárdenas incluso frecuentemente respaldó directamente la acción de las “autodefensas” campesinas de aquel momento cuando recuperaban con armas las tierras que les correspondían. Es notorio el contraste con las acciones del gobierno actual.
Sin las acciones de justicia social del reparto agrario y la expropiación petrolera hubiera sido imposible pacificar el campo mexicano, construir instituciones públicas y consolidar a México como un solo Estado-Nación. Sin Cárdenas, México muy probablemente hubiera sido consumido por una larga guerra civil y constantes golpes militares, tal y como ocurrió en casi todos los países de América Latina a lo largo del siglo XX.
La propuesta de Peña Nieto de regresar la industria petrolera a las mismas empresas que fueron expropiadas en 1938 pone en riesgo mucho más que solamente los ingresos fiscales. Al afectar integralmente la estructura institucional y el pacto social que funda el Estado mexicano moderno genera condiciones para un nuevo estallido ciudadano. Peña Nieto tiene razón en señalar que Cárdenas fue un presidente “pragmático”, “modernizador” y “visionario”. En donde se equivoca es en querer equipararse a él. En comparación con Cárdenas, el actual presidente sería más bien un “ideólogo”, “reaccionario” y de “cortas miras”.
La mejor manera de seguir el legado de Cárdenas no es con la reversión de sus expropiaciones, sino con una renovada aplicación de su Ley de Expropiación, todavía hoy plenamente vigente. La ley explícitamente faculta al Ejecutivo federal a tomar control sobre los bienes de los particulares, para su posterior reparto o nacionalización, cuando existan “causas de utilidad pública”. Por ejemplo, la fracción VIII de la ley indica que una causa legítima sería para garantizar “la equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular”.
Sería difícil encontrar una mejor descripción de nuestra realidad actual. Hoy en México existen problemas generalizados con respecto a la distribución inequitativa de la riqueza y la monopolización de la producción, así como un abuso sistemático contra la sociedad y la clase trabajadora por los poderes fácticos. Un gobierno verdaderamente democrático utilizaría los formidables poderes del Estado mexicano para redistribuir la riqueza nacional, acabar con los monopolios y garantizar el bienestar de todos los trabajadores, profesionistas, indígenas, jóvenes, mujeres y niños del país.
Peña Nieto busca expropiar el legado de Cárdenas para su beneficio personal y el de sus socios. Pero el pueblo digno y consciente tendría que rechazar este acto de cinismo y trabajar arduamente y de manera pacífica, aunque no necesariamente por la vía electoral, con el fin de generar las condiciones para que próximamente pueda ocupar la silla presidencial alguien realmente digno del formidable legado del general Cárdenas.
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