AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL
Durante el sexenio pasado la PGR se gangrenó a raíz de la corrupción interna, que alcanzó los más altos niveles, sobre todo cuando Marisela Morales encabezó la dependencia. Fuentes del gobierno mexicano revelan a Proce solo anterior y añaden que el nombramiento de la exprocuradora como cónsul en Milán tiene el doble propósito de protegerla y de impedir que conozca los pormenores de las pesquisas respecto de su propia gestión.
Esta aseveración proviene de dos funcionarios de la administración peñanietista que aceptaron hablar con Proceso a condición de mantener el anonimato, a fin de que no entorpecer una investigación en marcha, y quienes agregan que la designación de Morales como cónsul general de México en Milán es parte de una estrategia.
“Se tomó la decisión de sacarla del país para poder hacer una investigación exhaustiva dentro de la PGR y proteger su integridad”, explica uno de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto vía telefónica desde la Ciudad de México.
“Lo que el gobierno evitó fue que ella se enterara de las investigaciones y comenzara a hacer declaraciones sobre asuntos de seguridad nacional y de inteligencia que pudieran afectar la nueva estrategia de seguridad”, apunta el funcionario consultado, muy cercano a las pesquisas.
En colaboración con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación, la PGR revisa diversos asuntos relacionados con la corrupción por narcotráfico en la fase final del sexenio calderonista.
“Estamos concentrados sobre todo en lo que concierne a la corrupción por narcotráfico dentro de la hoy desaparecida Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)”, explica a Proceso el otro funcionario peñanietista.
La ahora cónsul en Milán encabezó la SIEDO de 2008 hasta marzo de 2011, cuando sustituyó al frente de la PGR a Arturo Chávez Chávez.
Los entrevistados sostienen que la Procuraduría investiga asuntos relacionados con la filtración de información de inteligencia a los cárteles del narcotráfico por parte de funcionarios de la SIEDO y el uso indebido y con objetivos personales de testigos protegidos por parte de personal de muy alto nivel en la PGR durante la administración pasada.
También se indagan las acusaciones infundadas contra militares y exfuncionarios de la Procuraduría.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1924, ya en circulación)
No hay comentarios:
Publicar un comentario