FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.
MÉXICO, D.F. Por razones que todavía no me explico, el único medio que tiene carta de naturalización jurídica lo más cercana a un medio público como existe en las democracias, Notimex –que en realidad es un generador de contenidos para los medios, de ahí su importancia–, sufrió un proceso de regresión democrática en los hechos al tiempo que tenía una consolidación jurídica como medio de Estado. Hoy las cosas apuntan en el sentido que debieron tener desde su re-creación legal el 2 de junio del 2006, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Veamos.
Primero. Por muchos años Notimex fue la agencia de noticias de propaganda del gobierno federal en turno. Así se sabía. Y nadie discutía si estaba mal o no. Era sólo un hecho que se entendía como parte de las reglas del juego político. La salida del PRI de la Presidencia de la República generó condiciones, a partir del año 2000, para ir creando instituciones que en un esquema de partido dominante era imposible. El PAN llegó, pero no con las cómodas mayorías en los espacios de poder que tenía el PRI. Sólo en esa circunstancia se explican, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Transparencia, el nacimiento de los canales televisivos del Poder Legislativo y Judicial, y, particularmente, el rediseño institucional de Notimex.
La ley correspondiente del 2006 es plausible en su articulado. Generó expectativas de que ese medio, ahora convertido en la agencia de noticias del Estado mexicano, tuviera un cambio cualitativo para honrar el derecho a saber, la calidad informativa, la pluralidad y la imparcialidad, como lo establece su artículo 6. Nada de eso ocurrió, sino todo lo contrario. Los dos directores más recientes salieron por la puerta de atrás. El primero de ellos, Sergio Uzeta Murcio, tiene cinco sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública, según consta en el Registro Público de Funcionarios Sancionados (http://rsps.gob.mx/Sancionados/publica/buscapublicas.jsp).
De acuerdo con el expediente RE-003/2009, Uzeta Murcio fue inhabilitado para prestar servicios en el sector público federal hasta el 2 de diciembre del 2021 por ser violador de leyes de la normatividad presupuestal. En el mismo se ordena su destitución y la imposición de una sanción de poco menos de 4 millones de pesos.
Segundo. El otro director, Héctor Villarreal, cercano colaborador del expresidente Felipe Calderón, entró con una política de confrontación con el sindicato de Notimex que fue escalando y que coadyuvó a su renuncia con mucho tiempo de anticipación al plazo para el que había sido designado. En ambos casos hubo, además, un mínimo común denominador: el propósito de minimizar las instancias de participación ciudadana que estaban diseñadas para ser un contrapeso de la dirección general con el fin de que ésta no se apartara del camino marcado por la ley.
El Consejo Editorial, por ejemplo, fue integrado por personas que, en su mayoría, no cumplían los requisitos legales pero cabían como mudos testigos para que se hiciera y se deshiciera en Notimex. La lógica era: A menor perfil de consejeros, mayor fortaleza de la dirección general para hacer política partidista o gubernamental sin miradas incómodas.
Tercero. En mayo de 2013, el arribo de Alejandro Ramos Esquivel a la dirección general de Notimex reabrió la esperanza de que la ley pudiera ser observada como debiese haber sido siempre. Ramos Esquivel es un maduro periodista y directivo de medios con un gran prestigio a cuestas y, por ello, con muchos impedimentos morales y éticos para moverse hacia el lado oscuro de la ley. Y hasta ahora las cosas están cambiando de manera cualitativa, en virtud de que:
a) Se verificaron los requisitos de los integrantes del Consejo Editorial, y éste fue renovado de manera sustantiva subiendo el perfil de los consejeros en una amplia consulta abierta ajustada a la ley; b) se presentó y sometió a la consideración del Consejo Editorial un programa de trabajo y el compromiso claro de que Notimex sería una agencia de Estado y no de gobierno; c) el director se sumó a la iniciativa congelada de un grupo de consejeros que habían planteado la propuesta de hacer públicas las minutas de las sesiones del Consejo Editorial; d) fue designada la defensora de la audiencia por unanimidad, cargo que recayó en Sophie Anaya, una académica comprometida y acuciosa en los temas de la ética informativa; y e) se distendieron las relaciones con el sindicato, que tenía prohibido asistir a las sesiones del consejo y que ahora tiene un lugar sin problema alguno.
Cada vez estoy más convencido de que para que las instituciones funcionen se requieren buenas leyes y buenas personas, pero si es preciso escoger, prefiero buenas personas con malas leyes que al contrario. El caso de Notimex lo confirma. Después de siete años de ser independiente por ley empieza en los hechos a comportarse como tal para bien del país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario