AUTOR: GEORGINA HOWARD.
Diputado panista asegura que la propuesta de su partido es la más viable, y aunque coincide con la de Cárdenas, aún es mejor. Asegura que la implementación de la reforma llevará 10 años.
Las reyertas callejeras y los falsos debates no ayudarán al país, advierte el diputado panista Rubén Camarillo, quien tiene una Maestría en Ciencias Tecnológicas del Petróleo y la Petroquímica por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.
El diputado especialista en el tema rechazó que se vaya a recurrir al fast track para aprobar la reforma energética.
Responde a quienes hablan de privatización, o de entregar la renta petrolera a las empresas, que en el país siempre se han hecho contratos privados que toman sus utilidades “porque nadie hace las cosas gratis”.
De lo que se trata ahora, explica, es que las utilidades se queden en el país.
En entrevista con Reporte Indigo, el especialista en materia energética hace votos porque los yacimientos de shale gas se conviertan en el próximo Cantarell, que llegó a dar al país 2.1 millones diarios de barriles de petróleo.
Aclara que no será el Pacto por México el que avale la iniciativa del presidente, ya que por encima de él está el Congreso, y rechaza que el plebiscito sea una solución en estos momentos.
Los pros y contras
Ingeniero Químico Industrial por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Camarillo considera que las propuestas energéticas de los distintos partidos deben considerar que el modelo actual del sector energético “está agotado”.
El monopolio del Estado ha llegado a su fin pero no significa que se desconozca el derecho que sobre el petróleo tienen los mexicanos, o la necesidad de favorecer a Petróleos Mexicanos.
Explica que la diferencia con la iniciativa del PRI o la propuesta del PRD, Acción Nacional busca garantizar la maximización de la renta petrolera para los mexicanos.
Es una propuesta nacionalista e integral, dice, porque no solo contempla al sector petrolero, sino también a la industria eléctrica, energías renovables y sustentabilidad, y seguridad energética.
Estos últimos rubros que tienen que ver con la protección al medio ambiente, sostiene, no están contemplados en la iniciativa del gobierno federal.
“La propuesta del PAN plantea los cómos y tiene una serie de artículos transitorios que no sólo se refieren a la reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28, y que le dan forma a lo que sería la ley secundaria”.
En su opinión, el PRD no plantea una reforma constitucional sino modificaciones a 12 leyes actuales, aunque también acepta las coincidencias con ese partido en cuanto a una mayor autonomía de gestión y presupuestal de parte de Pemex y CFE.
También en que hay que fortalecer a los órganos reguladores y cambiar la gobernanza de Pemex, porque es “inaceptable e inadmisible” que en el Consejo de Administración haya cinco representantes del sindicato: “un claro conflicto de intereses”.
Pero no coincidimos, aclara, en seguir con ese modelo de una empresa paraestatal monopólica.
“¿A quién queremos servir con una reforma energética, a los grupos de poder o a la mayoría de los mexicanos? Si queremos servir a los mexicanos, hay que plantearlo al margen de falsos debates ideológicos”.
Y agregó: “no tenemos ningún problema con debatir con cualquier miembro de la izquierda, pero no le vamos a entrar a las reyertas callejeras como lo pretende hacer López Obrador”.
El legislador garantizó que no habrá fast track para aprobar la iniciativa, “se tendrá un proceso ordenado, responsable y maduro” en el Congreso.
“Tampoco un ‘mayoriteo’ que no existe, si hay mayorías y se tiene que conformar con al menos dos terceras partes para hacer posible una reforma constitucional”.
La iniciativa que viene del presidente tendrá que ser evaluada, analizada y enriquecida con las propuestas de las otras fuerzas políticas, dijo.
Para él, el Pacto por México sigue siendo un mecanismo válido de negociación política y son bienvenidas sus propuestas, “pero nunca va a poder sustituir al Congreso”.
No hay tiempo de plebiscito, urge la reforma
Organizar la consulta llevaría tres años y es primordial efectuar cuanto antes los cambios a la industria petrolera
Sobre la conveniencia de realizar un plebiscito, como lo propone Cuauhtémoc Cárdenas, el diputado blanquiazul juzga que no están los tiempos como para esperar tres años, o al 2015.
“México no puede esperar hasta entonces para una decisión tan importante como esta”.
Lo que sí, apunta, es que una reforma energética tiene que caminar de la mano con la Ley Federal de Derechos, que tiene que ver con la reforma Hacendaria, para no quedar incompleta.
“Son dos pesos que se tienen que poner sobre la mesa”.
De ahí que la propuesta del PAN plantea un periodo de transición de 10 años, dado que el peso actual que tienen los ingresos por petróleo en el Presupuesto de Egresos, es superior al 33 por ciento.
“Sería imposible que de un año para otro se hicieran las modificaciones sin desequilibrar las finanzas públicas”.
Shale gas, el otro Cantarell
Rubén Camarillo, no duda en afirmar que shale gas se pueda convertir en el próximo Cantarell que ha sido el proyecto más exitoso de la industria petrolera mundial.
“Ojalá, porque ese solo yacimiento le dio a México 2.1 millón de barriles diarios de petróleo y hoy todos los pozos producen 2.5 millones de barriles”.
No desestima los grandes proyectos que hay en aguas profundas del Golfo de México, y que deben explorarse.
“Pero sin duda, los yacimientos shale gas y shale oil son muy importantes”.
Todos esos yacimientos también se encuentran en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, “y deberían ser parte integral de la estrategia energética de nuestro país”.
“El gran tema no es si somos dueños de una riqueza increíble desde el punto de vista energético, sino si tenemos la capacidad de transformar esa gran riqueza en beneficio de los mexicanos”, sentencia.
Efectos contaminantes
Sobre los efectos negativos que algunos grupos han externado con el uso del shale gas, el diputado Rubén Camarillo arremete contra aquellos que opinan sin conocimiento.
El shale gas está en todo el medio este de Estados Unidos, solo en Texas se han creado más de 80 mil empleos, es una oportunidad importante.
Reconoce que se deben tomar las medidas necesarias de protección al medio ambiente, porque no se pueden extraer recursos naturales del subsuelo sin aplicar esquemas de prevención.
“El tema del agua se debe considerar de una manera muy seria, pero no es tan drástico, ni siquiera es un factor decisivo como lo han querido hacer ver algunas personas.
“Sabemos que se tiene que plantear la forma en que se perforará para evitar la contaminación de los mantos freáticos, es un asunto que no se puede tomar a la ligera, pero no es catastrófico”.
Contratos de siempre
Al hablar sobre los contratos de Pemex, el legislador recuerda que siempre han existido, desde Lázaro Cárdenas.
Dice que depende de qué tipo de contratos estamos hablando. Los contratos que hasta ahora se tienen son los de servicios.
“Lo peor que puede tener una industria petrolera es donde tú le pagas al que te da el servicio tengas o no tengas resultados. Es uno de los temas que se habrá de discutir”.
Admite que todas las empresas que brindan un servicio tienen utilidades, pues “nadie lo hace gratis”, pero aquí el tema de fondo es que esas utilidades sean proporcionales al servicio que nos dan.
Hay que entender, explica, que la renta petrolera es lo que le queda al país después de quitarle todos los costos de extracción, exploración e inversión, “esa es la ganancia para los mexicanos”.
El asunto de fondo, insiste, es quién me deja más utilidades.
“Lo inaceptable es que vinieran las empresas privadas y nos dejaran menos utilidades que las que nos deja Pemex”.
Las modificaciones son para que se reduzcan los precios de la electricidad, pero no a través de subsidios, que sólo es un cambio de bolsa, “pues los subsidios los pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos”.
De lo que se trata es que bajen, porque la energía es más barata.
Hoy una gran parte de la energía eléctrica se genera a través de combustóleo de Diesel que es cuatro veces más caro que el gas natural.
Al usar el gas se abarataría el costo de producir la energía eléctrica “y esto quiere decir que se van a poder bajar los precios, no por decreto o subsidio, sino porque sale más barato producirla, ese es el fondo del asunto”, remata.
El modelo noruego
El modelo petrolero de Noruega le ha permitido la participación privada sin que el Estado pierda el control del hidrocarburo
Noruega, tercer exportador de gas y séptimo exportador de petróleo en el mundo, tiene como principios básicos en su política energética que la propiedad estatal sobre gas y petróleo garanticen beneficios para toda la sociedad.
Ese país, ejemplo del gobierno peñista para su iniciativa de reforma, es hoy un importante productor de energías renovables y ocupa el sexto lugar en producción de energía hidroeléctrica.
Las cifras indican que su capacidad instalada de energía hidroeléctrica, con una producción anual promedio de 125 terawatts-hora (TWh).
Y para el logro de ello, Arne Aasheim, embajador de Noruega en México, explica que los ingresos de la producción deben beneficiar a la sociedad y la propiedad pública de los recursos debe estar garantizada. Para él, la historia de éxito no es sólo resultado de un gran potencial petrolero, sino de la forma en que han sido administrados los recursos por el gobierno, aunque admite que mucho de eso fue posible por la presencia de compañías extranjeras.
En su análisis que aparece en la publicación mensual del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el diplomático reconoce que la producción y la actividad aumentaron.
El ingreso estatal se incrementó y se crearon compañías de petróleo noruegas, y como una industria relacionada con el abastecimiento y el conocimiento.
Y para maximizar el valor económico, detalla, se estableció un consenso desde 1995 para la participación de las compañías nacionales y extranjeras en las actividades de gas y petróleo en rondas de licitación.
Pero la participación privada está regulada en el Acta de Petróleo de 1996, incluyendo el otorgamiento de derechos exclusivos a las empresas, pero confirma que la propiedad de los depósitos de petróleo recae en el Estado.
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