AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
Hace un año, CNDH acreditó abusos de la Fiscalía de Yucatán en el caso de un artesano muerto… y no hizo nada.
Tal como consta en documentación oficial emitida por la CNDH en julio de 2012, es decir, un año después de la muerte del artesano de 17 años, “se cuenta con elementos que permiten acreditar violaciones a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, verdad, debida procuración y acceso a la justicia“, atribuibles a las autoridades estatales encargadas de investigar el deceso del menor, cuyo cuerpo fue encontrado colgando por el cuello, en un baldío, con diversas lesiones que no concuerdan con la hipótesis del suicidio, mismas que fueron ignoradas durante la autopsia.
Entre estas irregularidades en el proceder de la Fiscalía, concluyó la CNDH en 2012, están el queprácticamente no realizó ninguna diligencia relacionada con la muerte del adolescente, cuyo cadáver presentaba una herida de varios centímetros en la base del cráneo, que difícilmente pudo provocarse por sí mismo, y que quedó registrada en las placas fotográficas tomadas durante el levantamiento del cuerpo, aunque en la necropsia posterior esta herida no se menciona.
Asimismo, el reporte elaborado por el médico forense señala un nombre distinto al de la víctima, situación nunca aclarada por las autoridades yucatecas.
Otra anomalía detectada por la CNDH, según el informe que elaboró en julio de 2012, es que la Fiscalía de Yucatán nunca realizó el “estudio de criminalística” necesario para determinar las causas de la muerte de José Felipe, y pese a ello, denunció el padre de la víctima, el expediente fue cerrado por el Ministerio Público local a los pocos días del deceso, afirmando que se había tratado de un suicidio.
Por otra parte, destaca la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía de Yucatán extravió diversas pruebas necesarias para realizar, aún a destiempo, dicho “estudio de criminalística”, entre las que se encuentran el teléfono celular del menor fallecido, así como las prendas que vestía, evidencias que fueron sustraídas del expediente.
En resumen, concluyó la CNDH hace más de un año en torno a este caso, los agentes yucatecos encargados de este caso incurrieron en “inactividad procesal por periodos prolongados”, además de que omitieron “ejecutar diligencias tendientes a garantizar el desahogo de las investigaciones necesarias para acreditar el delito (de homicidio)”, tampoco realizaron dictámenes periciales necesarios para la investigación, ni recabaron los testimonios de las personas que pueden aportar datos útiles para el esclarecimiento de la muerte.
La hipótesis del homicidio
En abril de 2012, el padre de José Felipe se encadenó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para denunciar que, con la hipótesis del suicidado, lo que las autoridades de Yucatán estaban haciendo era, en realidad, encubrir su asesinato, y fue a raíz de esta protesta que el ombudsman nacional decidió ejercer su facultad de investigar este caso, aún siendo del ámbito estatal.
Según el testimonio del padre de familia, su hijo desapareció el 13 de julio de 2011, tras cancelar el compromiso matrimonial que sostenía con otra adolescente, cuyos familiares reconocieron haber estado en el terreno baldío donde, horas después, fue hallado el cadáver de José Felipe, a pesar de lo cual nunca fueron llamados a testificar.
Entre las pruebas con que cuenta el señor Marco Antonio Castillo para afirmar que su hijo no se quitó la vida por propia voluntad, sino que fue asesinado, están diversas contradicciones en el expediente elaborado por la Fiscalía de Yucatán, y como ejemplo puso las conclusiones del Ministerio Público, según las cuales “la ausencia de lesiones en otras regiones corporales, además de las lesiones que presenta en el cuello, permite establecer que no hubo defensa, lucha o forcejeo”, tal como puede leerse en un reporte emitido por esta dependencia estatal, mismo que no concuerda con la evidencia fotográfica recabada por peritos de dicha institución durante el levantamiento del cuerpo, y que muestran heridas en la cabeza y las manos del menor.
Ante estas contradicciones, la familia del joven artesano demandó a mediados de 2012 que se realizara una nueva necropsia, lo cual fue rechazado por las autoridades de Yucatán, con lo cual, según la CNDH, “los derechos a la verdad y al acceso a la justicia se vieron vulnerados”.
Epílogo: omisiones de la CNDH
El señor Marco Antonio Castillo denunció, en entrevista, que la CNDH “ha incurrido también en diversas anomalías en este caso, empezando por el hecho de que el año pasado suscribió un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía de Yucatán, para que en un plazo de 90 días corrigiera todas las irregularidades en esta investigación, acuerdo que fue suscrito a espaldas de nosotros, los papás de José Felipe, a pesar de que el reglamento de la Comisión establece claramente que este tipo de convenios tienen que ser informados a los agraviados de manera inmediata, lo cual no ocurrió: cuando a nosotros nos avisaron, el acuerdo ya estaba sellado”.
Aún así, destacó, a principios de 2013 venció el plazo fijado, sin que la Fiscalía de Yucatán cumpliera dicho acuerdo, por lo que “el paso siguiente, según el reglamento de la Comisión, era elaborar el proyecto de recomendación, ante la omisión reiterada de la autoridad yucateca, y luego emitirla, señalando en ella todas las fallas en las que se incurrieron, pero los meses han pasado y nada… inexplicablemente, y contraviniendo su propio ordenamiento interno, la CNDH ha prolongado este asunto, a pesar de que oficialmente estableció sus conclusiones hace más de un año.”
Por esa razón, advirtió, “este martes me planto ante las oficinas del omdbusman nacional, y de ahí no me van a mover hasta que deje de temblarle la mano a su titular, Raúl Plascencia, y actúe contra el gobierno priista de Yucatán, con el mismo rigor con el que lo ha hecho en los casos de Guerrero o recientemente del DF, al que criticó por no hacer nada contra los maestros de la CNTE, o ¿a poco no es muy raro que sólo actúe con rapidez, cuando se trata de gobiernos de oposición?”
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