Suspenden a Ministerio Público por no investigar asesinato de joven

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: RAFAEL CABRERA.

Por el presunto entorpecimiento en las indagatorias para resolver el caso de una joven secuestrada y asesinada en el Estado de México, un Ministerio Público estará separado de su cargo hasta que se pruebe su probable responsabilidad.

La justicia parece acercarse para la familia de Bárbara Reyes Muñiz. La joven fue secuestrada y asesinada en agosto de 2011, pero apenas en abril de este año su cuerpo fue entregado a sus padres. Un ministerio público omitió ordenar que el cadáver se cotejara y terminó en la fosa común sin que sus padres lo supieran. Por esa razón y por otras inconsistencias mayores en su trabajo, el servidor público adscrito al Estado de México fue denunciado por omisión y ya ha sido separado del cargo mientras se resuelve el proceso.

Alejandro Reyes, padre de Bárbara, dio a conocer que el pasado viernes 20 de septiembre se realizó la primer audiencia del juicio que se lleva en contra del agente de la Procuraduría de Justicia del Estado de México.

“Al fin hay un poco de justicia”, dice el padre de familia, “aunque la investigación del secuestro y el homicidio de mi hija no ha tenido avances, al menos habrá un responsable de que la hayamos estado buscando 20 meses y que se entorpecieran las investigaciones”.

El juzgado que lleva el caso, determinó que el agente del Ministerio Público implicado en el caso deberá pagar 67 mil pesos como medida cautelar.

Desde el 8 de agosto de 2011, Bárbara fue secuestrada en las inmediaciones de su casa en el Estado de México y días después, su familia recibió un mensaje de texto exigiendo un rescate.

La familia abrió una página de Facebook para dar difusión a su caso y poder recibir información sobre el paradero de la joven, entonces de 17 años. La leyenda “Ayudemos a Barbie” tuvo amplia difusión en esa red social.

Sin que la familia fuera enterada, días después de la desaparición de Bárbara, las autoridades del Estado de México hallaron un cadáver en un lote baldío en Cuautitlán Izcalli. Los restos permanecieron durante ocho días en el Servicio Médico Forense (Semefo) y al no ser reclamados, fueron enviados a la fosa común.

“La omisión del agente del MP fue que no extendió la búsqueda. Él tuvo conocimiento del hallazgo del cuerpo de mi hija y no pidió cotejarlo. Estuvimos casi dos años buscándola y casi desde el inicio de todo pudimos tener su cuerpo y estar en paz, pero como no hizo su trabajo acabó en la fosa común”, acusa Reyes.

A causa de esta omisión, explica el padre de familia, no sólo hubo un retraso en la entrega del cuerpo y una búsqueda estéril sino que se perdieron evidencias valiosas para tener certeza sobre los secuestradores y los asesinos de Bárbara.

“Se perdió su ropa, no se analizó, además extraviaron documentos. Se perdieron elementos muy importantes para dar con los responsables”, agrega.

En una carta difundida, la familia agradece a quienes los han acompañado y señala que la investigación contra el MP no les regresará la vida de su hija.

“(El procedimiento) sólo podrá responder a la administración pública, porque no hemos logrado que se nos reconozca como agraviados, pero es un paso, un gran paso”.

La familia dio con los restos de Bárbara en la fosa común debido a sus propias pesquisas, pues Lourdez Muñiz, madre de Bárbara, halló registros de un cadáver sin identificar en la morgue de Cuautitlán Izcalli, la más cercana a su hogar, desde octubre de 2012.

“Ahí nos pusimos a investigar y descubrimos en el expediente que un médico forense le pidió un trozo de hueso para hacer análisis, pero el MP nunca lo hizo, fue totalmente omiso y por eso lo denunciamos”, dice el padre de familia.

No es el fin que hubieran deseado para su caso, alega, pero es un poco de justicia.