AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
A una semana de que el exombudsman capitalino renunciara a su aspiración de continuar al frente del organismo, una vez que las bancadas del PAN, PRI y PVEM informaron que votarían en contra de la ratificación, a pesar de que las dos últimas fracciones habían comprometido sus votos, cinco de los ocho miembros activos del consejo de la CDHDF advirtieron que vigilarán el proceso de designación de un presidente de la CDHDF que deberá concretarse en un mes a más tardar.
En conferencia de prensa, Denise Dresser, Nashieli Ramírez, Mónica González, Manuel Fuentes y Nancy Pérez, consideraron como un “agravio” para la sociedad civil y la capital del país que los asambleístas no hayan atendido las casi 400 firmas de organizaciones que respaldaron al postulación de González Placencia para un segundo periodo al frente de la CDHDF.
Dresser consideró que la negativa a ratificar a González Placencia formó parte de una “revancha política fríamente calculada”, porque días antes a la culminación del proceso los mensajes que Placencia recibió fueron de “apoyo absoluto por parte tanto de las autoridades del gobierno del DF como de los grupos de oposición”.
La politóloga responsabilizó directamente al exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, de haber instrumentado una “operación política (…) como castigo personal por el tema de la Supervía”, recomendación que no fue aceptada por el exmandatario capitalino.
Dresser resaltó que durante las gestiones de Emilio Álvarez Icaza y el propio González Placencia, la autonomía de la CDHDF ha estorbado a poderes políticos y fácticos y enlistó algunas de las recomendaciones incómodas al poder: el plantón poselectoral de 2006 en Reforma; la trata de presas en los reclusorios; el seguimiento al caso News Divine; la deliberación sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; la Supervía Poniente, los eventos del 1 de diciembre de 2012.
Nashieli Ramírez calificó esta situación como “muy grave porque el reglamento señala que la consulta pública es vinculante en la designación del ombdusman, de ahí que algunas agrupaciones como la Organización de Defensa de la Infancia (ODI) hayan decidido acudir a los tribunales federales a interponer un amparo”.
Al recordar que todos los miembros del Consejo y la mitad de los exconsejeros avalaron la ratificación de González Placencia, la defensora advirtió que como siendo el máximo órgano de la CDHDF considerará concluido “el proceso de ratificación o posible ratificación en la medida en que nos den (los legisladores) explicaciones”.
La consejera Nancy Pérez García habló por las organizaciones sociales cuyas opiniones a favor de González Placencia fueron ignoradas y advirtió que en próximo proceso de selección, las organizaciones civiles y el Consejo de la CDHDF vigilarán que se lleve con transparencia y no se politice.
Pérez García agregó que organizaciones y consejeros, actuales y de gestiones anteriores, también vigilarán que las postulaciones cumplan con el perfil de “autonomía frente a los poderes políticos y fácticos, imparcialidad, capacidad de diálogo no con los poderes públicos y políticos sino con las organizaciones y la ciudadanía, que tenga conocimiento y experiencia en la materia, en el litigio y acompañamiento de casos”.
Mónica González Contró exigió una explicación a los diputados de la ALDF por hacer caso omiso a los 380 pronunciamientos de organizaciones sociales a favor de que González Placencia encabezara un segundo periodo al frente de la CDHDF.
Recordó que los asambleístas están obligados por el artículo primero constitucional a “promover, respetar, cumplir y garantizar los derechos humanos” y que en la atención a las organizaciones “no se trata precisamente de un acto de voluntad política, se trata del cumplimiento de un mandato constitucional que obliga a las autoridades a no dar un paso atrás en el cumplimiento de los derechos humanos de los ciudadanos, en este caso, del Distrito Federal”.
Manuel Fuentes Muñiz reiteró que entre las organizaciones “hay una molestia, inconformidad, porque no se están sintiendo representadas por la Asamblea Legislativa, de nuestra parte también hay inconformidad pro cómo se llevo a cabo este proceso, no se atendió a las y los ciudadanos”.
Integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) Fuentes Muñiz apuntó que el Poder Judicial tendrá que atender los procesos judiciales iniciados por organizaciones que dijo que armó en su contra y que lo orillaron a declinar en sus aspiraciones.
Sobre los procesos judiciales iniciados, la Organización de Defensa de la Infancia (ODI) solicitó la protección de la justicia federal, por lo que pidió a un juez federal la “reinstalación de Luis González Placencia y la interrupción de cualquier proceso presente o futuro respecto de la selección de un nuevo ombudsman hasta en tanto la ALDF no tome una decisión fundada y motivada en donde justifique cuál fue la valoración de la voz de la sociedad civil”.
En un comunicado la ODI, la organización explicó que recurrieron a la justicia federal al considerar que la ALDF actuó de manera ilegal al “no haber respetado los términos legales para el proceso de selección del titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, no garantizó de manera efectiva el derecho a la consulta de la sociedad civil”.
En espera de que un juez de distrito admita la solicitud de amparo, la organización resaltó que el procedimiento de amparo reclama que los legisladores no tomaron en cuenta la opinión de organizaciones de la sociedad civil que estaban de acuerdo con la permanencia de González Placencia, pero además la ALDF “no se ha pronunciado de manera formal ni definitiva sobre lo sucedido con la consulta realizada y el proceso de ratificación referido, e incluso dará por iniciado otro proceso sin haber debidamente culminado el primero”.
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