El empresario consideró que el incremento del precio a los refrescos, podría provocar una disminución en sus ventas, lo que a su vez derivará en la disminución de su producción y en un ajuste a su cadena de distribución.
“Si en el año (2014) continúan cayendo las ventas, probablemente ese número (de despidos) será mayor”, vaticinó el director de la Anpec.
En tanto, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, sostuvo que el dictamen aprobado por los diputados es “una imposición” pues “después de andar dos meses en la Cámara de Diputados para que nos escuchen, (el secretario de Hacienda) Luis Videgaray no tuvo la sensibilidad política de llegar a un proceso de negociación con la cadena productiva de refrescos.
“Estamos llegando a esta reforma sin ningún tipo de negociación política, fue una imposición”, fustigó.
De pasar el gravamen en el Senado, dijo, desalentará el consumo de refresco y esto afectará también a los comerciantes, quienes reciben el 30% de las ganancias de la venta de estas de bebidas, por lo que advirtió que podrían iniciar una resistencia social.
“Vamos a una política de resistencia social porque no nos vamos a cansar de grillar a los consumidores de que cada peso que gasten en refresco 35% son de pago de impuestos al gobierno y que no están debidamente justificados en el gasto público”, sostuvo Rivera.
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