AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
El presunto imputado, Miguel Ángel Jasso Manríquez, fue acusado de lesiones y abusos erótico sexuales por el Ministerio Público que representó a Lucero Salcedo, delitos considerados no graves.
El pasado 12 de septiembre, la joven denunció que Miguel Ángel Jasso la llevó contra su voluntad a un paraje en la carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo, donde le pidió sostener relaciones sexuales, pero al negarse el sujeto la golpeó con brutalidad.
En la audiencia pública en la que se hizo la imputación y la vinculación a proceso, realizada el 30 de septiembre, la juez Paulina Medina Manzano consideró que Jasso Manríquez no debía ir a prisión, debido a que, dijo, la víctima no sufre peligro mientras se desahoga la investigación y el juicio oral.
El Ministerio Público interpuso un recurso contra esa decisión, pero señaló que no tenía más elementos para acreditar delitos graves presuntamente cometidos por el indiciado.
En conferencia de prensa, el abogado José Antonio Caballero Juárez, de la clínica de interés público del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), explicó este lunes que al revisar la carpeta de investigación del caso, se encontró que sí existen elementos “para llevar a una clasificación distinta de los hechos” a la que se hizo por parte del Ministerio Público en la imputación contra Jasso Manríquez.
Específicamente se refirió a las lesiones graves que atentan contra la vida (en este caso de María Luz Salcedo), privación ilegal de la libertad –que se dio desde el momento en que es llevada sin su consentimiento a un sitio– e intento de violación, pues en este último caso, señaló, hubo una agresión con la finalidad de tener relaciones sexuales.
El abogado precisó que el amparo se interpuso el pasado miércoles 23 y fue admitido en el Juzgado Primero de Distrito con sede en la capital del estado, bajo el expediente número 810/199.
Antonio Caballero señaló que la violencia contra la mujer parece estar normalizada, por lo que la clínica del CIDE consideró el caso de Lucero como un asunto de interés público y determinó intervenir en su defensa, debido a que es una víctima cuyos derechos deben ser reivindicados por el sistema de justicia, y el Estado –subrayó– le debe brindar protección.
“Consideramos que se debe asegurar que las instituciones de impartición de justicia y el Ministerio Público realicen una valoración objetiva de los hechos y los delitos que se presumen”, dijo el abogado.
Caballero Juárez formó equipo, junto con Javier Cruz Angulo, también del CIDE, en la defensa solicitada por el Centro Las Libres para un grupo de mujeres encarceladas por homicidio en razón de parentesco en centros penitenciarios de Guanajuato, mismas que en septiembre 2010 obtuvieron su libertad.
La participación de este equipo, el escándalo internacional y la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU incidió para que el entonces gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez impulsara una reforma al Código Penal para atenuar la pena por el delito de homicidio en razón de parentesco y reducir las condenas, pese a que la defensa de las mujeres alegó que todas sufrieron abortos espontáneos, además de que todas vivían condiciones de alta marginación.
Sobre el amparo que admitió el juez primero en el caso de Lucero, Caballero Juárez aclaró que es una acción legal paralela al juicio que se sigue bajo el sistema de oralidad.
Sin embargo, resaltó que de conseguirse un fallo favorable para la quejosa, se buscaría que la acusación contra su agresor se base en los hechos que se registraron la madrugada del 12 de septiembre, lo que llevaría a efectuar un nuevo juicio.
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