FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la desprotección del Estado mexicano hacia defensores de migrantes que cuentan con medidas cautelares otorgadas por esa instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Centro Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) detalló, en un comunicado, que las alertas sobre la situación de los defensores de migrantes y las instalaciones de los albergues fueron expresadas durante una reunión de trabajo en la sede de la CIDH en Washington, en la que estuvieron presentes los comisionados Rodrigo Escobar y Gil y Rodrigo González.
Los activistas que acudieron al encuentro fueron los responsables del albergue “La 72” de Tenosique, Tabasco, fray Tomás González y Rubén González, así como los de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, el padre Pedro Pantoja y Alberto Xicotencatl, quieres fueron representados por personal de Centro Prodh y Propuesta Cívica.
En la reunión de trabajo en Washington, los activistas detallaron a los comisionados y a representantes de la CIDH “cómo los integrantes de la delincuencia organizada operan abiertamente para extorsionar a migrantes y amenazar a sus defensores”, así como que agentes policiacos “extorsionan y torturan a indocumentados”, hechos en los que se advierte “la falta de investigaciones profesionales para poner fin a tales prácticas”.
En el comunicado se asienta que los comisionados manifestaron su alarma por la “situación de desprotección de las casas de migrantes beneficiarias (de medidas cautelares), recalcando que el problema no se soluciona solamente con medidas de infraestructura o de seguridad, sino poniendo fin a la impunidad que gozan quienes son la fuente de las amenazas y a la colusión de algunas autoridades con el crimen organizado”.
En la reunión de trabajo, a la que asistieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del estado de Coahuila, los beneficiarios de las medidas cautelares propusieron, tanto a los representantes de la CIDH como a los del Estado mexicano, “crear entidades especializadas para atender las denuncias”.
Ante la sugerencia, los representantes del gobierno federal y de Coahuila “se comprometieron a establecer mesas de investigación para dar seguimiento a la problemática”.
En específico, la Segob consideró necesario apuntalar la coordinación entre autoridades federales y estatales, así como establecer protocolos especiales para los casos de los defensores y los albergues de “La 72” y la Casa del Migrante de Saltillo.
La Segob también ofreció “implementar políticas para combatir la crisis de seguridad de la ruta migratoria, mediante un diálogo con la sociedad civil”, además de que se propuso publicar el reporte de la CIDH sobre la visita a México de la Relatoría para Trabajadores Migratorios y sus familias.
Al término de la reunión de trabajo, los defensores de migrantes y sus representantes dejaron en claro que “darán seguimiento a las propuestas y compromisos presentados en Washington e informarán a la CIDH” a más tardar en un mes, apuntó el Centro Prodh.
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