AUTOR: JENARO VILLAMIL.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, declaró apenas el lunes 7 que ellos tenían información de que “otra corporación” envió elementos vestidos de civil y realizaron detenciones el miércoles 2 de octubre.
“Por parte de la SSP categóricamente ahorita, en este momento, les digo que no hubo personal nuestro haciendo detenciones en la marcha”, afirmó Rodríguez Almeida.
Un día después, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, afirmó que fueron “policías de investigación” de esta dependencia los que participaron en el operativo del 2 de octubre como civiles y que la SSP sabía de esta operación.
“Efectivamente, la policía de investigación está o informalmente vestida de civil, salvo, cuando en ocasiones, se realizan operativos que deben estar plenamente identificados. Pero la policía de investigación no tiene ningún problema de realizar sus actividades vestida de civil”, se justificó Ríos Garza.
De alguna manera, ambos funcionarios confirmaron lo que en distintos medios impresos y digitales se ha documentado: la presencia irregular de policías vestidos de civil, una especie de nuevos halcones, como documenta el reportajede Arturo Rodríguez en la edición 1927 de Proceso.
El operativo del 2 de octubre “demostró que las tácticas denunciadas por miembros de diferentes colectivos y periodistas eran ciertas: policías vestidos de civil, infiltrados entre manifestantes o realizando detenciones y propinando golpizas a manifestantes”, escribió Arturo Rodríguez.
No es nueva la disputa entre los mandos de la SSP y de la PGJDF como tampoco la existencia de “policías infiltrados” por alguna de estas dos dependencias.
De hecho, son las dos corporaciones más difíciles de coordinar y controlar bajo un esquema de reiterada provocación y de movilizaciones que, al parecer, han agarrado fuera de base a la previsión y a la inteligencia del gobierno capitalino.
Lo más preocupante es que esta disputa vuelve a aflorar tras el episodio del secuestro y asesinato de los jóvenes del bar Heaven, caso que primero intentó ser minimizado por el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera, y después ha resultado un escándalo por las innegables evidencias de la participación del cártel de Sinaloa o de una célula vinculada a éste en los acontecimientos.
En la edición 1926 de Proceso, Raúl Monge hizo una reconstrucción de los sucesos que apuntan, nuevamente, a la presunta complicidad de elementos de la SSP comisionados a la vigilancia de la Zona Rosa, “a los que habían corrompido”. Esto lo sabe la PGJDF y ello ha tensado también la relación entre ambas corporaciones.
A los hechos del bar Heaven le sucedieron las marchas y bloqueos viales realizados por la CNTE en la Ciudad de México, en protesta por la reforma educativa emprendida por el gobierno de Peña Nieto.
La administración de Mancera se vio envuelta en una escalada mediática sin precedentes, presionando a la autoridad capitalina para que resolviera con la fuerza policiaca lo que, de origen, no es un asunto vial sino un conflicto social que tiene su epicentro en la SEP y en la Secretaría de Gobernación. Mancera se resistió a utilizar la fuerza represiva y finalmente acabó avalando la entrada de elementos de la Policía Federal (PF) y de militares al Zócalo para “liberar” a la principal plaza pública del país.
Tan “liberado” quedó el Zócalo que ahora hasta la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México, evento con una tradición de varios lustros, tuvo que ser cancelado o “reagendado” para que el centro de acopio instalado por el gobierno federal y el Ejército siguiera en la plancha de la principal plaza pública del país. Y el gobierno capitalino calló.
En medio de esta reiterada demostración de debilidad frente a los conflictos que se expresan en la Ciudad de México, sucedieron los acontecimientos del miércoles 2 de octubre. Organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos han documentado y denunciado las detenciones arbitrarias y la violencia excesiva, ya no sólo de los presuntos “anarquistas” sino de los mismos policías vestidos de civil que ahora se convierten en un nuevo conflicto interno en el GDF.
Atrapado entre la presión de medios masivos que piden mano dura contra el derecho a la manifestación y una disputa sistémica y peligrosa entre la SSP y la PGDJF, la administración de Mancera vive un nuevo momento de crisis. No se resuelve solamente con promesas de respeto a los derechos humanos.
Se resuelve con información, con certeza de mando (que no necesariamente significa mano dura) y con lo que parece ser el germen de la otra disputa soterrada y que afloró crudamente el 2 de octubre entre policías y agentes ministeriales.
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