FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
MÉXICO, D.F.- Todo indica que tarde o temprano el Congreso de la Unión aprobará la reforma constitucional para crear el Instituto Nacional Electoral (INE).
La reforma quedará en manos de los legisladores del PRI, pues son quienes tienen la posibilidad de concretarla: es requisito aprobarla en al menos 16 congresos estatales (entre los cuales no se halla la Asamblea Legislativa del Distrito Federal); el tricolor gobierna 21 de las 32 entidades federativas y en la mayoría de ellas es la principal fuerza en los congresos.
Pero más allá de esto vale la pena revisar qué se pretende resolver con esta propuesta y para ello es necesario revisar los principales problemas en los comicios de las entidades federativas: la captura de los órganos de gobierno (administrativos o jurisdiccionales) de las instancias electorales por parte de los Ejecutivos locales; la compra y coacción del voto por diversas vías y la duplicidad de las instituciones –federal y estatal–, lo cual implica un altísimo costo para el erario.
La creación del INE sólo atiende de forma directa este último asunto: la duplicidad de estructuras; pero esto no necesariamente se traducirá en una reducción de costos públicos.
Antes de revisar el rubro económico vale la pena señalar que de los cuatro países latinoamericanos con regímenes federales, Argentina y Brasil tienen una estructura estatal, y Venezuela, una centralizada; México es el único que la duplica. Si la revisión se hace a escala continental, los dos países del norte (Estados Unidos y Canadá) aplican la solución descentralizada, congruente con los principios del federalismo.
Pero la eliminación del esquema estatal no necesariamente significará una reducción de cargas para el erario, pues la actual estructura del Instituto Federal Electoral (IFE) es más pesada que las de las entidades federativas…
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1928 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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