AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Cada vez son más las atribuciones que tienen las empresas privadas dentro de las prisiones federales. Ellas rigen desde la alimentación hasta el medicamento que se suministra.
El negocio de la cárcel es cada vez más evidente dentro del sistema penitenciario federal en donde la autoridad carcelaria ha delimitado sus funciones en torno a la custodia de los reos, dejando el suministro de alimentos, bienes y enceres a empresas privadas -vía licitación-para que vendan sus productos.
Proveer de alimentos a las cárceles federales del país ha recaído en una sola empresa: La Cosmopolitana S.A. de C.V., la cual se encarga de la mayor parte de suministros a los reos, tanto en alimentos como en medicinas, los que se entregan bajo procedimientos poco claros sobre control de calidad.
El deficiente servicio de La Cosmopolitana en el caso de la cárcel Federal de Puente (Cefereso número 2), es lo que ha llevado a la dirección de ese centro penitenciario a afrontar en las últimas 4 semanas un total de 404 amparos por parte de los internos, quienes reclaman ante jueces especializados que se mejore la calidad de los alimentos y la regularidad de medicinas para padecimiento crónicos.
Ante el reclamo de los internos, la respuesta de la dirección del penal federal ubicado en Jalisco ha sido simple: se ha optado por el traslado de los presos que se consideran líderes o financiadores de la presentación de los amparos. Esa es la razón de los recientes traslados de reos federales desde Puente Grande hasta Matamoros (Cefereso número 3) y a Almoloya (Cefereso Numero 1).
En un intento por callar las voces de los presos que reclaman una alimentación digna, la dirección del penal federal de Puente Grande ha comenzado a desmembrar su propia comunidad penitenciaria, pasando por alto el derecho que les asiste a muchos -principalmente ya sentenciados- de estar cerca de la residencia de su familia.
El monto destinado a la alimentación de los Ceferesos es de 188 millones 950 mil 213 con 76 centavos, de acuerdo al Programa Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación.
Y en la mayoría de centros penitenciarios, la beneficiada con estos recursos es La Cosmopolitana.
Exigen una comida digna
La constante en los amparos presentados por los reos federales de Puente Grande es que de manera rutinaria se les entregan alimentos en condiciones de descomposición.
A las quejas, se le suma el escaso tiempo que se les otorga para la alimentación y la poca cantidad suministrada. Algunos reos reclaman variedad en la comida, para dejar de comer toda la semana frijoles, arroz, cerdo y pollo, todo en condiciones de descomposición.
De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, el monto estimado para el tratamiento y readaptación de cada uno de los internos que se encuentran dentro del sistema penitenciario federal es de 140 pesos por día, pero –argumentan algunos de ellos en sus amparos- las direcciones de los penales no invierten ni siquiera 60 pesos al día.
El amparo de un reo –cuyo nombre de pila es Roberto- indica que los alimentos que se suministran al día no cuesta ni 32, toda vez que se basan en una dieta diaria de frijoles y tres tortillas, eso cuando no se los suspenden sin argumento alguno.
Frente a la queja del reo contrastan los datos filtrados desde el interior de la cárcel, en donde se establece el pago promedio a la empresa La Cosmopolitana es de 72 pesos por cada uno de los reos que allí se encuentran.
Se estima que en la cárcel federal de Puente Grande –porque no existe dato público oficial- se tiene una población de internos de más de mil 450, lo que representa un pago diario a la empresa encargada del suministro de los alimentos de más de 100 mil pesos por día, sin contar el monto cobrado para la alimentación del personal de guardia y custodia, así como el personal administrativo y de áreas de apoyo.
Mucha cantidad, poca calidad
Le empresa encargada de suministrar los servicios de alimentación a los internos en varios Centros Federales de Readaptación Social, entre ellos la cárcel de Puente Grande, es la denominada La Cosmopolitana S.A. de C.V., la cual fue insertada en el esquema de participación de la iniciativa privada en las cárceles federales desde la pasada administración, a petición de Genaro García Luna.
La Cosmopolitana es una empresa que actualmente ofrece sus servicios a instituciones del Gobierno Federal como el IMSS, ISSSTE, Hospital Infantil de México, Sedesol y sistema DIF, aunque también hay conexión con empresas privadas, las que aparecen también como compradoras de los servicios diversos.
Entre esas empresas está Sanborns, Palacio de Hierro y Restaurantes California. También ofrece sus servicios a dependencias del gobierno de la ciudad de México, como al Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Salud y a la Policía. De igual forma aparecen como sus clientes el gobierno del Estado de México, y el de Tlaxcala.
La basta cantidad de clientes que compran los servicios de La Cosmopolitana S.A de C.V, contrasta con la calidad de los servicios que esta ofrece, pues ha sido sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en base al expediente PISI-A-NC-DS-077/2011, en donde se le aplica una multa por irregularidades en la prestación de servicios pagados con el erario público federal.
Mediante el oficio 00641/30.15/2646/2012 emitido por la SFP el 31 de mayo del 2012, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de junio del 2012, se establece la advertencia del Gobierno Federal para que ninguna dependencia reciba propuesta o firme contrato sobre adquisición, arrendamiento o servicio con la citada entidad privada.
Pese a la sanción de la SFP, muchos de los centros federales de readaptación social han aceptado firmar convenios de servicios y adquisiciones con La Cosmopolitana, convirtiendo a dicha empresa en la rectora de sus normas internas, como es el caso de Puente Grande, en donde es el representante de esta empresa quien dicta la hora para hacer la distribución de los alimentos.
Incluso, se quejan algunos internos, es el personal de La Cosmopolitana quien determina el tiempo de duración de los internos en las áreas de comedor, y no se les otorga más de 7 minutos para la ingesta de los alimentos.
Los medicamentos, escasos e inaccesibles
En la cárcel federal de Puente Grande se ha cambiado la dinámica de entrega de medicamentos para los internos.
La medicina ya no es de suministro gratuito ni para los enfermos con padecimientos crónicos. Todos los reos tienen que comprar el medicamento que necesiten. El suministro lo hace una empresa privada: La Cosmopolitana.
Queda de manifiesto en varios de los amparos que han interpuesto los presos federales de Puente Grande que la dinámica de entrega de medicamentos se hace lenta ante el burocratismo que prevalece al interior de la cárcel, lo que ocasiona que la mayoría de los enfermos crónicos se encuentren en riesgo.
La petición de medicamento para un preso que padece diabetes o hipertensión puede tardar hasta 12 días.
La ruta es larga y complicada: La petición se hace por escrito al departamento de servicios médicos, de allí se turna al jurídico y este hace la petición a la empresa encargada de suministrarlo, posteriormente se hace el cobro de la medicina a algún familiar acreditado y hasta después del pago se comienza a suministrar el medicamento al enfermo, según lo explica Roberto a un juez, en su amparo.
Solo en la cárcel federal de Puente Grande, se estima que hay 61 reos con problemas de diabetes, 175 con padecimientos de hipertensión, 11 con problemas cardiacos, 8 con problemas renales.
Un aproximado de 53 internos toman medicamentos controlados, 45 tiene problemas de migraña, 4 internos tienen problema de artritis y otros 172 toman algún tipo de medicamento en forma constante.
La ruta de la medicina
1 La petición se hace por escrito al departamento de servicios médicos
2 El requerimiento de los reos se turna al jurídico
3 Se hace la petición a la empresa encargada de suministrarlo
4 Se reliza el cobro de la medicina a algún familiar acreditado
5 Después del pago se comienza a suministrar el medicamento al enfermo
Una vida más cara
A la fecha, en el país existen 416 cárceles de mínima seguridad, las que son administradas directamente por los gobiernos estatales y a las que ya se ha comenzado a informar sobre el esquema de participación de la iniciativa privada en cuanto a la prestación y arrendamiento de servicios, lo podría desencadenar en un costo de la vida más caro para los presos.
De acuerdo a los datos del sistema penitenciario, en 68 de las cárceles estatales que operan en el país ya se presenta una sobrepoblación de reos y falta de infraestructura adecuada, además de deficiencias en la alimentación, seguridad y servicios de salud, entre otros, lo que apunta a ser el pretexto para dar entrada a la iniciativa privada en el negocio de la cárcel.
Las entidades con mayor cantidad de cárceles con sobrepoblación son el Distrito Federal, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas, en donde se estima que se ubica el 60 por ciento de la población carcelaria de todo el país, la mayoría de los internos por delitos del fuero común, principalmente robo, homicidio y lesiones.
Las proyecciones existentes en la Segob revelan que antes de los próximos seis meses podrían estar en funcionamiento un total de 21 cárceles federales, las que habrás de albergar a cerca de 51 mil reos, hoy presos en cárceles estatales, los cuales enfrentan procesos o están sentenciados por delitos federales, principalmente narcotráfico y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
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