El transgénico de la discordia

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

In extremis, un juez evitó el comienzo de la siembra comercial de maíz transgénico. Las empresas afectadas –entre las que se encuentra Monsanto– ni siquiera tuvieron que inconformarse: el gobierno federal lo hizo por ellas y dos secretarías de Estado ya impugnaron la decisión. El problema, pues, no sólo tiene que ver con los efectos de la semilla modificada, sino con la red de intereses que están protegiendo un negocio de mil 200 millones de dólares.

MÉXICO, D.F. El gobierno de Enrique Peña Nieto litiga a favor de las grandes trasnacionales que producen maíz transgénico. Busca que un magistrado federal levante la restricción de siembra comercial y permita a las empresas inundar 2 millones de hectáreas del norte del país con semillas modificadas.

Algunas de las compañías que buscan ser beneficiadas son Monsanto, Dow Agro­Sciences de México, PHI México y Sygenta Agro.

El pasado 17 de septiembre, el Juzgado XII de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal aceptó la demanda de “acción colectiva” promovida por 50 personas morales y 20 organizaciones sociales. Resolvió otorgarles una “medida precautoria”, que significó detener la entrega de permisos de siembra de maíz transgénico por parte de las autoridades federales.

La decisión en favor de la colectividad –representada por Adelita San Vicente Tello, directora de la fundación Semillas AC, y René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas AC– fue notificada a las secretarías federales de Agricultura (Sagarpa) y Medio Ambiente (Semarnat) el 3 y el 4 de octubre.

Sus titulares, Enrique Martínez y Martínez y Juan José Guerra Abud –cercanos colaboradores­ del Ejecutivo Federal– ordenaron a sus áreas jurídicas apelar la resolución, ganarla y entregarla.