AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Ante la incapacidad del gobierno del Estado de México de darles escuela a todos los niños y jóvenes, comunidades de varios municipios mexiquenses crearon instituciones educativas informales para acoger a miles de menores desatendidos y, de paso, darle cumplimiento al artículo tercero constitucional. Pero a partir de julio último, educar sin pertenecer al aparato burocrático es un delito tan grave como el homicidio. La nueva disposición –ya incluida en el Código Penal– se impulsó por iniciativa de un diputado del Panal, organización ligada desde su origen a Elba Esther Gordillo.
Como en todo el Estado de México, la nomenclatura de su recorrido repasa nombres surgidos de un lugar llamado Atlacomulco: Isidro Fabela, Alfredo del Mazo, Carlos Hank… o los de expresidentes priistas en calles que cruzan la avenida Solidaridad.
El centro infantil “por cooperación”, del cual Silvia es encargada, es la única opción para que los hijos de unas 30 mujeres tengan instrucción preescolar y ellas puedan cumplir su jornada laboral. Sin embargo Silvia, quien se graduó como educadora, se apresura a clarificar: no es escuela, es centro comunitario; no hay asistentes educativas sino facilitadoras; “no soy maestra… ya no sé ni qué soy”.
El pasado 17 de julio la Gaceta del Gobierno del Estado de México publicó el decreto número 110 relativo al nuevo delito de “impartición ilícita de la educación” contenido en los artículos 148 y 176 del Código Penal mexiquense. Ahí se establece que quien no tenga autorización del gobierno estatal para impartir educación será sujeto a una pena de cinco a 10 años de cárcel y a una multa de mil a mil 500 días de salario mínimo, castigo que se agrava si quien lo comete trabaja además en el sector educativo oficial.
Conforme al código mexiquense un secuestro es menos pernicioso que dar clases sin permiso y tan grave como matar. La privación ilegal de la libertad tiene como pena máxima cuatro años y multa de 30 a 100 días de salario mínimo. Un homicidio simple se castiga con 10 años de prisión y una multa de 250 a 375 días de salario.
Por eso Silvia Ortega tiene cuidado de no llamarse maestra o designar el centro del que es encargada como escuela y de generar todos los eufemismos necesarios para no violar la ley ni siquiera de palabra.
Escuelas clandestinas
Desde hace 15 años América Sánchez ha intentado cumplir con los planes de estudio de preescolar. Se dice orgullosa de otorgar beca completa a 20% de los niños que asisten a su centro comunitario en Valle de Chalco. Son los niños más pobres.
Al fondo un maestro de música enseña a leer en pentagrama; al lado, en otra aula, los niños repasan un vocabulario en inglés. Es una atmósfera escolar envuelta en vapores de comida en cocción. América lamenta no poder incorporar su escuela al sistema oficial por los altos costos que eso implica. Y sólo cobra 400 pesos mensuales por niño.
“Trabajamos en la clandestinidad”, dice.
América, como Silvia y muchos encargados o dueños de “centros por cooperación” de Valle de Chalco, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz o Ixtapaluca, agrupados en la Unión de Bases Autogestivas Democráticas Emiliano Zapata (UBADEZ), interpusieron un recurso de amparo a finales de agosto último.
“El estado abandonó su obligación de educar. Nosotros asumimos esa responsabilidad y ahora nos criminalizan”, dice Nayely Itzel González, cuyo centro sí está incorporado a la SEP.
El pasado 28 de agosto la organización internacional Save the Children, el movimiento independiente más grande del mundo en favor de la infancia, interpuso también un amparo contra la criminalización de la educación en el Estado de México.
El abogado de ese organismo, Andrés González Contró refiere las condiciones de la omisión estatal. Conforme al sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México (2011), la cobertura en preescolar fue de 72.2% en esa entidad. Al contrastar los datos de la Secretaría de Educación mexiquense con los del Consejo Nacional de Población se dimensiona el volumen del problema: 342 mil niños no tuvieron lugar en instituciones públicas de instrucción preescolar.
“Es irrefutable que el Estado de México no cuenta con los recursos económicos ni con la planta magisterial ni menos aún con la infraestructura necesaria para cumplir con su obligación de proporcionar educación pública a todos sus niños y niñas, mucho menos que ésta se adapte a las necesidades comunitarias, como sí ocurre con los centros comunitarios”, afirma.
La demanda de amparo interpuesta por Save the Children considera que el nuevo delito incluido en el Código Penal mexiquense viola los primeros cinco artículos de la Constitución federal:
El 1, pues atenta contra la igualdad y discrimina la profesión del docente y la impartición de la libre enseñanza. El 2, por atentar contra la libre determinación y autonomía de pueblos y comunidades indígenas (pues hay muchos centros en esas zonas). El 3, que establece el derecho a la educación. El 4, que obliga al Estado a velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez. Y el 5, el cual garantiza la libertad de profesión.
“El garrafal error de la entrada en vigor de ese bodrio de ley ni siquiera daría cabida en todos los centros de reclusión para encarcelar tanto a docentes delincuentes como a padres cómplices de 342 mil niños”, sostiene González luego de citar los preceptos que considera violados de otras leyes federales y tratados internacionales.
Calidad comunitaria
En un rincón de Los Reyes La Paz un asentamiento irregular perdura con esa condición aunque surgió hace unos 20 años. Calles tan estrechas como los ingresos de sus habitantes, vecindarios regularizados ya donde subsisten aún viviendas con arquitectura de cartón y lámina. Resonancia de movimiento popular, colonia, calle y secundaria se llaman Ricardo Flores Magón.
Como todos en el lugar, la secundaria 839 inició trabajos hace 14 años en una casa de cartón. Hoy ocupa un modesto inmueble que en ese entorno adquiere proporciones de lujo. Aunque es escuela pública, pisos y paredes son de buena calidad y todos los alumnos tienen computadoras con internet (sólo dos de ellos tienen esa ventaja en casa). Esos lujos son producto de la organización comunitaria y la donación particular… nada vino del erario.
Sus maestros forman parte de la UBADEZ y el director, Raúl Campos Yépez, ejemplifica con ese centro de estudios los resultados de la organización comunitaria, ahora que la evaluación educativa es invocada dentro de los ímpetus reformistas: en el Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior, uno de sus alumnos obtuvo 99.7 de calificación, la más alta en la región.
En total 48 organizaciones han desarrollado centros –algunos comunitarios, otros por cooperación– para todos los niveles educativos. Para Campos Yépez la criminalización de sus actividades atenta contra los procesos comunitarios, contra la libre determinación de los ciudadanos y en el caso de preescolar (donde la mayoría de los docentes son mujeres), contra el avance en los procesos de realización de género.
El pasado 6 de julio otras 17 organizaciones, entre ellas la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) y maestros disidentes de las secciones 17 y 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) integraron la Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense.
Óscar Hernández Neri, integrante de esa coordinadora, destacó que el control sindical y administrativo en las escuelas públicas generaba un ambiente de represión, manifiesto en la persecución judicial contra el dirigente de la UPREZ Felipe Rodríguez Aguirre.
Originalmente los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la UPREZ buscaron plazas magisteriales, pero no las consiguieron. Ante la demanda de educación generaron las escuelas comunitarias. La UPREZ imparte hasta educación en nivel de licenciatura.
Y este tipo de centros no es exclusivo del movimiento popular pues han surgido algunos desde comunidades eclesiales de base o a iniciativa de ciudadanos y maestros, todo ante la omisión estatal.
En este contexto conflictivo nacional motivado por la aprobación de la reforma educativa, se aprobó en el Estado de México el nuevo delito. La propuesta fue hecha por el diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado del Partido Nueva Alianza (Panal, fundado por la expresidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo) y aprobado con la votación mayoritaria del PRI.
Dado ese antecedente González Contró expone: “No es remoto entender el origen de dicha reforma, tendiente a consolidar la hegemonía del anotado sindicato. No debe permitirse, por tanto, que los intereses de grupo, la falta de estudio o reflexión e incluso negligencia impidan ejemplos exitosos de autogestión que garantizan derechos fundamentales a niños y niñas y que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, no ha cubierto”.
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