Durante su participación en el Primer encuentro latinoamericano sobre ciberseguridad: Delitos cibernéticos e informática forense, en la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, los expertos señalaron la necesidad de adecuar y fortalecer el marco jurídico para tipificar los delitos informáticos, garantizar la seguridad y la protección de los datos personales en línea, formar recursos humanos especializados y “crear conciencia” sobre la importancia del tema.
Destacaron, asimismo, que las acciones delictivas han crecido 18% en el mundo, y que 80 de cada 100 conductas asociadas a la cibercriminalidad se cometen en países en vías de desarrollo.
Rodolfo Romero Flores, académico de la FD, refirió que sólo en México se calcula que la banca pierde cerca de 100 millones de dólares anuales por clonación de tarjetas.
Para erradicar esas conductas, puntualizó, se requiere cooperación transfronteriza, así como fortalecer estándares de seguridad informática, desarrollar políticas públicas para prevenir y reducir el cibercrimen y generar acciones de vinculación con universidades.
En opinión de Julio Téllez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, una de las prioridades de la administración federal debe ser “fortalecer la inteligencia del Estado para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas”.
Para impulsar esa estrategia, subrayó, deben realizarse estudios e iniciativas de ley que fortalezcan el ciberespacio. “La ciberseguridad y el combate a la cibercriminalidad son asuntos de interés nacional”, apuntó.
Al respecto, Ernesto Ibarra, representante de la Presidencia, refirió que la Estrategia Digital Nacional está diseñada para incrementar el índice de digitalización del país, que actualmente ocupa el quinto puesto en América Latina y el último entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respecto del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
No obstante, dijo, considera la armonización jurídica entre los distintos códigos penales, programas de capacitación para los integrantes de la administración pública y el impulso de una cultura digital de protección de datos y ciberseguridad.
Por su parte, Óscar Lira Arteaga, de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que los trabajos de informática forense incluyen seguimientos a través de Internet, recuperación de información en equipos de telefonía celular, rastreo de páginas y ataques a vías de comunicación, entre otras tareas.
Actualmente, alertó, más de 95% de las empresas que detectan un problema no tienen políticas relativas adecuadas.
La investigación y persecución eficiente de los delitos informáticos, abundó, requiere que peritos y autoridades compartan un lenguaje común, una metodología y equipo adecuados para la adquisición de posible evidencia digital.
Lira Arteaga aseguró que también se necesita formar recursos humanos especializados, con la finalidad de emitir dictámenes periciales con sustento científico que constituyan una herramienta para imputar penas o liberar inocentes.
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