AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Que la violencia ya estaba ahí cuando ellos llegaron, que Felipe Calderón no “incendió” el país y el problema del crecimiento de las mafias del narco viene de antes, desde los gobiernos priistas, y que la estrategia calderonista fue la adecuada, aun cuando su administración fue incapaz para contener esa violencia… Son éstas algunas de las ideas que expone a Proceso Guillermo Valdés, quien encabezó el Cisen durante la mayor parte del sexenio pasado y acaba de publicar Historia del narcotráfico en México, libro en el que busca explicar por qué el país acabó convertido en un gigantesco cementerio.
Su sucesor, Enrique Peña Nieto, tampoco ha logrado aceptación, sobre todo entre quienes le entregaron el aparato de seguridad del Estado y desconfían de sus propuestas. Guillermo Valdés Castellanos, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) entre 2007 y 2011, es uno de ellos.
Responsable de la principal agencia de inteligencia civil del Estado durante casi todo el gobierno de Calderón, Valdés Castellanos sale en defensa de lo hecho en materia de seguridad por esa administración, estigmatizada por la violencia.
El motivo es la publicación de su libro Historia del narcotráfico en México, primero en el cual un funcionario de alto nivel del gobierno calderonista sale a explicar, a toro pasado, las razones de su actuación. “Quedamos a deber esta explicación de por qué emprendimos esta lucha y cómo estaba diseñada la estrategia de seguridad”.
Socio del Grupo de Economistas y Asociados (GEA), empresa de consultoría muy cercana a la candidatura presidencial de Calderón en 2006, salió de ahí para dirigir el Cisen. En el último año del gobierno de Calderón fue becado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para escribir el libro en España con apoyo de la Fundación Ortega y Gasset.
En entrevista el jueves 3 en las oficinas del grupo editorial español Santillana, el exdirector del Cisen pone reservas a la creación de la Gendarmería Nacional, a la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y a la concentración de la Policía Federal (PF) en la Secretaría de Gobernación, medidas tomadas por el gobierno de Peña Nieto.
Justifica en cambio la “apuesta estratégica” de seguridad del gobierno anterior; niega que éste haya improvisado y que el gabinete de seguridad se hubiera dividido o subordinado a Estados Unidos.
Si bien rechaza que una “supuesta falta de legitimidad” haya impulsado a Calderón a declararle la “guerra al narcotráfico”, admite que el tema de la seguridad “estuvo durante todo el sexenio muy politizado y partidizado”. Es más: “En muchas ocasiones fue un diálogo de sordos. Ni la otra parte oía al gobierno ni el gobierno a la otra parte”.
En ese debate, donde “cada quien oía lo que quería”, el calderonismo no se movió. Tampoco sus detractores, quienes le atribuían a su estrategia los altos índices de violencia en el país que hicieron que durante ese gobierno Ciudad Juárez se convirtiera en la más violenta del mundo por las disputas entre los cárteles de Juárez y Sinaloa.
“El incendio ya estaba”
Las propias cifras oficiales ubican en alrededor de 70 mil los muertos relacionados con la guerra contra la delincuencia organizada durante el sexenio pasado, más de 20 mil desaparecidos y otros miles de desplazados. Pero el exdirector del Cisen deslinda al gobierno de Calderón.
“La violencia fundamental, sobre todo en 2008 y 2011, tiene que ver con la dinámica del mercado de las drogas y con la fragmentación de las organizaciones de la delincuencia organizada en México. En Estados Unidos hubo una reducción importante del mercado de la cocaína y al mismo tiempo aquí tuvimos una disputa por ese mercado menos rentable.”
Así explica la mayor parte de la violencia, aunque reconoce: “Evidentemente en algunos momentos la intervención estatal puede generar algún tipo de violencia, pero es temporal y no esencial. Cuando uno está consciente de que ciertas acciones del Estado pueden provocarla, entonces se pregunta si conviene o no”.
En su insistencia en que “la estrategia del presidente no era para generar violencia”, asegura que el Ejército, la Marina o la PF “intervenían cuando ya estaban rotos todos los mecanismos de contención de la violencia. Su llegada no provocaba el incendio. El incendio ya estaba y en ocasiones no éramos tan eficaces para controlarlo de manera rápida”.
–¿Es decir que no pudieron contener la violencia?
–Eso es evidente. Fuimos incapaces. Ahí están las estadísticas. El Ejército llegó en 2008 a Juárez y durante dos años la violencia no se frenó. Eso fue la ineficacia del Estado, no del gobierno de Calderón. Es muy importante el matiz porque el Estado mexicano durante décadas no generó las capacidades para enfrentar esto.
–Tampoco se pueden negar las diferencias importantes entre los miembros del gabinete de seguridad.
–Se exagera. En temas tan estratégicos como éste, cuando un gobierno se enfrasca en una política prioritaria, son lógicas las diferencias. Por supuesto que a veces eran públicas las discrepancias entre la PGR y la SSP o el Ejército y la Marina. La existencia de puntos de vista distintos era normal. Cuando ya había posiciones que no se movían, el presidente decidía.
–Mientras la violencia crecía, la propaganda presidencial puso énfasis en el uso de la fuerza y de ahí la idea de que fue un sexenio de violencia institucional, de que estaba generando más violencia.
–No se puede negar, pero no era el único componente del discurso. También estuvo muy presente la parte de la reconstrucción institucional. Había otros tres componentes, como el de la prevención y el de la cooperación internacional, pero era un debate muy politizado y se oía lo que se quería.
–También dio la impresión de que no sabían en qué se estaban metiendo cuando deciden sacar a las calles a los militares para enfrentar a narcotraficantes.
–Por supuesto que sabíamos en qué nos estábamos metiendo. La estrategia fue la correcta. Si analizamos la experiencia colombiana vemos un ciclo de 10 años de crecimiento de la violencia, de 1983 a 1993. Luego hubo una caída ligera y después ocho años de crecimiento. Nosotros tuvimos un ciclo de crecimiento fuerte de la violencia entre 2008 y 2011, pero luego empezó una tendencia a la baja.
Según las cifras que maneja en su libro, provenientes de la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en ese periodo hubo 48 mil 682 homicidios vinculados con la delincuencia organizada.
“Lo que a Colombia le llevó 18 años para iniciar el punto de inflexión hacia abajo, a nosotros nos llevó cuatro. Espero que siga la tendencia decreciente”, dice en espera de los resultados del gobierno de Peña Nieto, el cual hasta agosto ubicó en 12 mil los homicidios dolosos con armas de fuego en el país, una cifra superior en mil a la del mismo periodo del año anterior, el último de Calderón.
Valdés alude entonces al régimen del PRI que gobernó el país casi todo el siglo pasado y cuyas relaciones con los traficantes de estupefacientes expone en Historia del narcotráfico en México. “Una violencia de esta naturaleza se debió a que por décadas nos hicimos tontos y creamos un problema desproporcionado de crimen organizado con grandes capacidades de operación”.
–¿El PRI solapó al narcotráfico en México?
El exdirector del Cisen evade la respuesta directa: “Hay una especie de omisión colectiva del Estado y de la sociedad mexicana frente al fenómeno. Hay complicidades y mucha omisión. México vive dos tragedias: la del crimen organizado poderoso que ejerce violencia y la de un Estado omiso y en muchos casos cómplice”.
El gobierno de Calderón, dice, tuvo como prioridad el combate al narcotráfico e intentó hacerla una prioridad de Estado. Pero, en el “diálogo de sordos” al que se refiere, no pudo hacerlo y su sucesor ha marcado distancia de esa estrategia, en particular en la relación con Estados Unidos.
Valdés, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, rechaza que Calderón haya abrazado la política y el discurso antidrogas de Estados Unidos, como ningún otro presidente mexicano lo había hecho. “Fue al revés”, dice enfático. Hizo que Estados Unidos asumiera el discurso de la corresponsabilidad.
“Teníamos la necesidad política de poner freno a la expansión de un crimen organizado que había comenzado a dar señales de capturar partes del Estado. Era un problema de seguridad nacional. Eso no tiene nada que ver con el discurso de la guerra de las drogas de Estados Unidos.”
Pero los estadunidenses se metieron hasta la cocina. “No es cierto”, ataja cuando se le señala que durante el gobierno de Calderón agentes de Estados Unidos participaron en operativos y tenían acceso a la información y a los detenidos en la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
El edificio de los espías
El actual procurador general Jesús Murillo Karam aseguró a este semanario (Proceso 1923) que debió pedir la salida de agentes estadunidenses de la PGR porque habían cambiado los términos de la relación.
Valdés asegura que con Estados Unidos el gobierno de Calderón sólo tuvo “programas de colaboración, fundamentalmente en la generación de inteligencia de información. Los norteamericanos no participaron en operativos acá. Sólo compartíamos la información, pero ellos no dirigían”.
Incluso dice: “Las líneas estratégicas de la Iniciativa Mérida las puso México”. Los cuatro pilares de esa iniciativa corresponden a la estrategia definida por el gobierno desde 2007: la recuperación de territorios y detención de los líderes y debilitamiento de las organizaciones, la prevención de las adicciones, la reconstrucción institucional y la cooperación internacional.
“Nosotros definimos las prioridades y les dijimos que queríamos apoyo logístico, material, equipamiento, información y tecnología. Eso hicieron. Pero que ellos definieran la política, estuvieran metidos hasta la cocina y dieran órdenes, eso no fue cierto.”
–Pero abrieron más oficinas de inteligencia, incluidas del Pentágono, lo cual antes no había ocurrido en México.
–Que yo sepa, no.
–Como parte de la Iniciativa Mérida se abrió una oficina bilateral.
–Era una oficina para la burocracia, para llevar el seguimiento de los programas de apoyo. Estaba en Reforma y se dijo que era un centro de espionaje. Era una oficina para el papeleo y los programas de capacitación. No tenía nada que ver.
En noviembre de 2010 Proceso (número 1776) dio a conocer que Washington había concentrado en el edificio Knoll, en Paseo de la Reforma, a un costado de la embajada de Estados Unidos, los servicios de agencias de inteligencia civil y militar como parte del Comando Central de Inteligencia de la Oficina Central de Inteligencia creada por la Iniciativa Mérida.
Valdés Castellanos niega que se tratara de un centro de espionaje: “Era para llevar el proceso administrativo de la instrumentación de los programas de apoyo de la Iniciativa Mérida. Había gente de las distintas dependencias que participaban en el asunto, pero eran burócratas, no espías”.
–¿El gobierno de Estados Unidos perdió la confianza en el Ejército?
–No. Esto se ha politizado demasiado y visto como que el gabinete de seguridad era un aquelarre. No fue así. Era insuficiente la gente del Ejército porque además de sus tareas de combate al narcotráfico tenía muchas otras. Además la geografía del conflicto se fue extendiendo por muchas partes.
“Teníamos un conflicto muy fuerte en Ciudad Juárez, luego en Sinaloa entre la Federación y los Beltrán Leyva. Después, cuando Guerrero y Michoacán estaban incendiados, salió el conflicto Golfo-Zetas en Tamaulipas y Veracruz. No había gente pero sí solicitudes de envío de militares en cada estado.”
El exdirector del Cisen rehúye cuando se le pide una evaluación de la estrategia de seguridad de Peña Nieto. Pero responde con la defensa de las acciones del gobierno al que perteneció, sobre todo con lo hecho por la Secretaría de Seguridad Pública, central en la estrategia de Calderón y la cual Peña Nieto decidió desaparecer para regresar sus funciones a la Secretaría de Gobernación.
“Es poco funcional el actual esquema de Gobernación. Es una secretaría demasiado grande para que tenga tantas tareas. Me gusta más el esquema de secretario del Interior y de secretario de Seguridad. Estoy convencido de que o hacemos una transición al estado de derecho o el país va a empezar a hacer agua en muchos otros lados, y una parte fundamental es el tema de la seguridad. El actual esquema es muy complicado.”
A diferencia del gobierno anterior, el de Peña Nieto elevó a nivel de subsecretaría las funciones de prevención del delito. “No sé si sea el mejor esquema administrativo”, dice escéptico.
–¿Es necesaria una Gendarmería Nacional?
–Qué bueno que acabaron por ubicarla dentro de la Policía Federal, como una división más. Las gendarmerías surgieron para enfrentar los problemas de seguridad pública en los países europeos. Era un cuerpo intermedio entre la policía civil y el Ejército. La tendencia desde hace varios años es que desaparezcan las gendarmerías y se creen policías civiles. Aquí en México íbamos a hacer lo contario.
“Tenemos ya una incipiente Policía Federal que desde mi punto de vista debería ser de 100 mil o más policías. Nos va a llevar mucho tiempo reclutar, seleccionar, entrenar y controlar. Pero mientras no tengamos las policías estatales y municipales que requiere el país, va a ser imposible controlar la violencia.”
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