¿Impartición de justicia? Sólo hasta donde el presupuesto lo permita

FUENTE: REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO.
AUTOR: RODRIGO ROJO.

(14 de octubre, 2013).- La comparecencia de José Ramón Amieva Gálvez, consejero jurídico y de servicios legales del Distrito Federal, resaltó muchos de los logros que el organismo ha conseguido durante la presente administración, pero también fue muy claro al indicar que hace falta mayor compromiso de los legisladores para asignar el presupuesto que necesita la institución.

Ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el consejero consideró que los pendientes más acuciantes de la institución son lograr dar el salto definitivo a la digitalización de sus servicios, dar mayor agilidad a los trámites de propiedad, conseguir la firma y folio electrónicos y la renovación de las instalaciones en donde laboran.

Para esto, pidió a la ALDF que lo acompañaran a dar un recorrido por las instalaciones, para que pudieran conocerlas y ser testigos de sus condiciones laborales. Durante toda la comparecencia, el tema del dinero asignado a la Consejería para realizar sus labores estuvo presente.

Se resaltó que, actualmente, la Dirección de Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica cuenta con una plantilla de 476 defensores. Ellos, con un salario mensual de entre 11,500 y 12,500 pesos, tienen que encargarse de los miles de juicios que requieren a un defensor de oficio. Sus obligaciones incluyen “ejecutar las acciones institucionales encomendadas, garantizando el acceso real y equitativo para las personas que carecen de los recursos económicos necesarios para retribuir a un defensor particular o que pertenecen a alguno de los grupos de población vulnerables, entre los que se encuentran las mujeres víctimas de violencia; las y los jóvenes; los pueblos y comunidades indígenas; población LGBT; las personas adultas mayores; y las personas con discapacidad”. Deben realizar estas actividades en espacios físicos poco adecuados, con exceso de trabajo y con un salario relativamente bajo por lo que, según la diputada Olivia Garza, “existe un rezago en la defensoría”.

Amieva Gálvez dijo que “tendremos capacidad de atender tan finita como nuestros recursos humanos”, sin embargo, defendió a su personal diciendo que “dentro del presupuesto que recibimos damos el 100%. La mayor riqueza que tenemos es la humana”. Sin embargo, enfatizó que el personal necesita y pide mobiliario, obra pública y equipamiento. Además, es necesario modificar la condición de las galeras, “no nos gustaría tener muertes en galera [por las malas condiciones]: necesitamos tener luz natural, video vigilancia y substituir los barrotes por otro material. Nos gustaría trabajar para los colaboradores y para quienes van a cumplir su sanción administrativa”. El mayor freno para realizar acciones es el presupuestal.

Sobre el Registro Público de la Propiedad, el consejero dijo que se está trabajando en su modernización; este año comienzan con la digitalización del acervo actual y el histórico “ya tenemos avance de más del 80%, lo que nos va a llevar éste y el próximo año”. De igual forma, buscarán la interconectividad de los sistemas en el Registro. Para esto, se hace esencial terminar de migrar al sistema de folios y firmas electrónicas cuya implementación se ha visto dificultada por el presupuesto exiguo. De 2008 a 2012 se han invertido 408 millones de pesos en la modernización y faltan cerca de 200 millones de pesos para concluir.

La propia Consejería ha tratado de actuar en la renovación de las instalaciones pero han estado muy limitados. Amieva Gálvez dijo que el año pasado “nos dieron 500mil pesos para renovación de banquetas” y que a ellos les hubiera gustado usar ese dinero para necesidades más apremiantes pero no se pudo porque el dinero salió etiquetado específicamente para banquetas.

El consejero también dijo que la recaudación de la institución que dirige es muy alta y que les “gustaría que hubiese más equidad al momento de la redistribución del presupuesto”.

Entre algunos de los logros de la Consejería, Amieva Gálvez destacó que se han realizado 2513 matrimonios LGBT desde que se aprobó esta posibilidad; muchas de las personas que contrajeron matrimonio vinieron al DF desde otros estados de la República. También se han llevado a cabo 603 bodas en reclusorios. Se han creado 4 apps para teléfonos móviles que permiten mayor eficiencia al momento de realizar trámites con la consejería. Éstas son: defensoria de oficio, gaceta oficial del distrito federal, alerta inmobiliaria y registro civil. Por el momento, sólo se encuentran disponibles para sistema operativo Android.

Se destacaron algunos otros avances como que se han ofrecido 204 mil 307 asesorías en materia Familiar, Civil, Penal, de Arrendamiento Inmobiliario y Mercantil; de los 5 mil 105 juicios de alimentos que se patrocinaron se tuvo un índice de efectividad del 96% para el pago de pensión alimenticia; la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento está totalmente exenta de pago para niños hasta 12 meses de edad; se entregó la primer acta de nacimiento en lengua indígena y se amplió el programa de juzgados móviles.

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales es el área jurídica central del Gobierno del Distrito Federal encargada de coordinar y asesorar jurídicamente a todas las áreas de la Administración Pública de la Ciudad, elaborar y revisar las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás normas jurídicas que emita el jefe de gobierno del DF. También presta servicios jurídicos a la ciudadanía pues tiene a su cargo el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, la Defensoría de Oficio, el Archivo General de Notarías y los Juzgados Cívicos que sancionan las infracciones administrativas cometidas por los ciudadanos en el DF. Opera con un techo presupuestal asignado por la ALDF de más de 925 millones de pesos, de los cuales casi 762 millones se ocupan para servicios personales.