La familia Mesino, historia de una persecución

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

MÉXICO, D.F. (apro).- En la historia de las luchas sociales del país hay familias enteras que han sido perseguidas y asesinadas por distintos grupos y autoridades. Otras familias también han tenido un final fatal producto de la violencia que se vive desde hace una década. Ahí está la familia de los Cerezo, que ha sido amenazada por años, lo mismo que los familiares de Lucio Cabañas o de Rosendo Radilla. También están las familias de Julián Le Barón que alzó la voz para defenderse del crimen organizado y la de Olga Reyes que tiene seis hermanos, primos y una cuñada asesinada por el narcotráfico en Chihuahua.

El pasado sábado 19 en la tarde en la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, fue asesinada a balazos por dos individuos la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur OCSS, Rocío Mesino, cuya familia ha sido perseguida por supuestos vínculos con la guerrilla del EPR.

Rocío Mesino fue regidora en el municipio de Atoyac (2009- 2012). Su padre Hilario es fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en 1994 junto con Benigno Guzmán. Cuando apareció el EPR en 1996 en el vado de Aguas Blancas (donde un año antes fueron asesinados 17 campesinos), el Estado mexicano de inmediato relacionó a la organización campesina con la guerrillera y dio paso a la persecución de sus integrantes.

Hilario Mesino Acosta y Benigno Guzmán fueron detenidos en la ciudad de México acusados de pertenecer a la guerrilla. Los dos salieron en libertad pero sus familias fueron perseguidas desde entonces por la policía, el ejército y grupos armados.

Miguel Ángel Mesino Mesino, hijo de Hilario, también fue perseguido y asesinado. En 1994 el Ejército lo detuvo en el pueblo El Escorpión de donde es originario y fue torturado. Por eso salió libre y se fue de su pueblo a trabajar a Zihuatanejo por un tiempo. El 19 de enero de 2003 el hermano de Rocio fue nuevamente detenido acusado de homicidio en el mercado de artesanías de Acapulco, pero fue absuelto el 18 de noviembre de ese mismo año. Dos años después, el 18 de septiembre de 2005 fue asesinado.

Rocio Mesino, quien se quedó a la cabeza de la OCSS luego de que su padre fuera amenazado de muerte, recibió también en diversas ocasiones intimidaciones y acusaciones de participar en la lucha armada. Ella siempre estuvo activa en la defensa de los derechos de los campesinos de la sierra sur de Guerrero, participó en varios bloqueos en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y en la toma de ayuntamientos de la costa grande, siempre de manera pacífica a fin de exigir al gobierno el cumplimiento de las demandas que presentaba la organización formada desde sus inicios en 1994 por campesinos pobres de los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, La Unión, Coahuayutla, José Azueta, Petatlán y Benito Juárez.

El sábado pasado junto con su hermana Norma se encontraba supervisando la construcción de un puente provisional en la comunidad de Mexcaltepec cuando fue asesinada a mansalva por un hombre quien disparó en su contra varias veces y luego huyó a bordo de una moto que conducía otra persona. Al parecer hubo un operativo de policías y militares, pero todo fue en vano.

Desde el gobierno de Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto las agresiones, amenazas y ejecuciones a defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales se han incrementado gravemente. Previo al Examen Periódico Universal realizado en Ginebra sobre la situación de los derechos humanos en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ofreció un informe en el que hay 2 mil 352 expedientes y 7 mil 253 casos de tortura, muchos de ellos de autoridades lo que refleja una crisis en derechos humanos y en el sistema penitenciario donde el 60 por ciento de las cárceles tienen autogobierno por parte de grupos delincuenciales.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU también presentó un informe en el que pone acento en la falta de investigación y de castigo a los responsables de la violación de derechos humanos en México, principalmente en los casos de tortura, desaparición forzada y privación de la vida. La impunidad es la reina de la injusticia.

El asesinato de Rocio Mesino es parte de esta historia negra de violencia institucional y del crimen organizado, de agresiones a la prensa, a defensores de derechos humanos y líderes de movimientos sociales, de la severa crisis de los derechos humanos y la de la actuación impune de autoridades que son los principales responsables de esta situación.

Por más leyes que se propongan y se aprueben serán sólo iniciativas inocuas sino se investiga y se castiga a los responsables, y de eso el gobierno de Peña Nieto no parece ser diferente al de Felipe Calderón, sino al contrario, tiene la fama de gustarle la represión y la criminalización de la movilización social.