AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.
Primero. Es loable que el proceso de renovación vaya caminando razonablemente bien, con un amplio diálogo con las más distintas organizaciones de la sociedad civil que ha propiciado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), dirigido por un político atípico, el sólido jurista Manuel Granados. Este hecho no es menor. Con Granados al frente se permite elevar la calidad de la discusión, procesar con civilidad las diferencias de percepción y de criterio sobre perfiles y, lo más importante, los retos que tiene frente a sí la CDHDF. Si bien es verdad que las organizaciones de la sociedad civil no votan, también lo es que tienen un peso específico que no puede ni debe ser soslayado para que el organismo tenga un amplio acompañamiento social.
A la convocatoria emitida por la ALDF para renovar la presidencia de la CDHDF respondieron 29 personas que consideraron llenar los requisitos para que bajo su presidencia sea el garante autónomo de la observancia de los derechos humanos en el DF. De ellas, la ALDF no descartó a nadie para que cada uno de los aspirantes tenga la posibilidad de demostrar sus cartas credenciales frente a los asambleístas, medida inteligente para sumar y no restar.
Segundo. Las organizaciones de la sociedad civil más representativas de la Ciudad de México hicieron, mediante un interesante y exhaustivo análisis de perfiles, una depuración que redujo los 29 iniciales a menos de un tercio de los aspirantes, que, entiendo, la ALDF deberá tomar en cuenta para que de ahí surja quien encabece la CDHDF, es decir, de una lista corta que cuenta con el aval social. De entrada considero que debe denominarse ombudsperson (no ombudsman) para evitar la insinuación de que sólo los hombres pueden dirigir la CDHDF, lo que en sí mismo sería, paradójicamente, una discriminación. De quienes aparecen en la lista referida me parece que tres –y los menciono en orden alfabético– harían una espléndida labor en esa posición en juego:
1. Édgar Cortez Morales, un activista de los derechos humanos a quien he podido conocer en estos años como una persona decente, capaz, congruente con sus convicciones de ayudar a los que menos tienen, y a quien le profeso un gran respeto por su trabajo y por anteponer el interés general sobre cualquier otro. Se trata de un gran activo que, independientemente de que sea o no presidente de la CDHDF, debe aprovecharse por el bien de todos.
2. Perla Gómez Gallardo, decente, muy capaz y con una gran habilidad para la academia y el litigio estratégico, como lo señaló en su tiempo Miguel Ángel Granados Chapa, uno de sus defendidos en el Bufete Jurídico Gratuito de la UNAM, como otros periodistas a los que se representó en sus demandas sin cobrarles un centavo. Tan es así que, sin formar parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha sido apoyada institucionalmente por su director y un gran número de investigadores del instituto.
3. José Antonio Guevara Bermúdez, un joven comprometido con el tema, también una persona decente y de quien he podido constatar su genuino interés al respecto desde que dirigía el Programa Iberomericano de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana con Santiago Corcuera, otro muy respetable defensor de derechos humanos.
Tercero. En un hecho inédito, el Consejo Consultivo de la CDHDF, según el boletín 374/2013, pide a la ALDF que adopte estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas, pero sólo para el nombramiento de la presidencia de la CDHDF. Por supuesto, son de compartir sus inquietudes. Me llama la atención que al cuarto para las tres y no antes hubieran hecho estas propuestas, y todavía más, me causa estupor que, como en las añejas costumbres del régimen autoritario mexicano, el Consejo pida transparencia a los demás y no predique con el ejemplo.
En efecto, las sesiones del Consejo no sólo no son públicas, sino que ni siquiera la minuta de versión pública está a disposición de la sociedad en línea. ¿Qué ocultan y por qué? ¿Por qué ese arranque de transparencia no se aplicó en la estructura de la CDHDF? ¿Cómo avalan que se viole la ley y no se difundan los directorios completos de los servidores públicos? ¿Por qué no está en línea la lista de proveedores, consultores y anexas? ¿Por qué ocurre lo mismo con la agenda pública y la declaración patrimonial de preferencia detallada del presidente de la CDHDF, a quien le extienden un certificado de “probidad”? ¿Por qué no se hallan en línea las auditorías técnicas, contables, operativas y el impacto que representa el personal que tiene la CDHDF? ¿Por qué no están los comprobantes de gastos de representación, justificación y viajes e impactos del presidente de la CDHDF? ¿Por qué no se encuentran disponibles los informes de pagos de publicidad, los criterios y los medios que eligieron para ese efecto? ¿Por qué no se hallan a la vista los indicadores de gestión y el avance trimestral del ejercicio presupuestal?
Cuando la congruencia no existe, la calidad moral se esfuma. Por otro lado, el reto fundamental de la CDHDF, además de la transparencia y rendición de cuentas que pone sobre la mesa el citado Consejo, es la armonización de derechos de todos los que habitamos la capital del país. Cabe recordar que el derecho de una persona termina cuando afecta el derecho de los demás. La autonomía de la CDHDF debe ser un escudo contra presiones de parte olvidando el todo. No es fácil, pero tampoco imposible.
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