LINK: http://www.sinembargo.mx/11-10-2013/781457.
Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF), insiste, no ofrecen garantías para documentar la protesta social y sus policías reprimen la libertad de expresión, incluso al extremo de criminalizar el ejercicio de un derecho humano.
En el tercer trimestre de este año, la organización registró 67 agresiones a la libertad de expresión, entre éstas seis detenciones arbitrarias en contextos de protestas sociales.
Sin embargo, en enero a septiembre de 2013, la Organización No Gubernamental (ONG) documentó un total de 225 agresiones, lo que supera al total anual de agresiones de año 2012, en el cual se registraron 207 y al total de 2011 en el que se documentaron 172 agresiones, con lo que este año se sitúa como uno de los más violentos para la prensa.
La centralización de la vida política en la capital política mexicana, afirma, la hace destino de la protesta social de las distintas latitudes. Además, la transición democrática ha incrementado la frecuencia de marchas y protestas; es, de hecho, síntoma de una democracia en crecimiento y construcción, afirma.
La organización defensora de la libertad de expresión plantea que durante el último año, a partir del 1 de diciembre de 2012, las protestas han cobrado un nuevo significado y se han tornado más violentas. “Un pequeño grupo de civiles ha convertido las calles en un campo de batalla exhibiendo a un cuerpo policiaco que carece de protocolos para garantizar por un lado, la libre expresión y por el otro, el procesamiento de quienes cometen un delito en el contexto de las protestas”.
“Protestar no es delinquir, esto parece ser lo que sugieren la mayoría de las coberturas de la prensa escrita. Los medios alternativos o independientes han cobrado más relevancia en este contexto”, expone.
Si embargo, afirma, las autoridades capitalinas, además, lejos de castigar a los responsables de agredir a los representantes de la prensa y colectivos de medios, han llegado al extremo de detener y consignar a fotoperiodistas que cumplían con su labor informativa obligándoles al pago de 126 mil 476 pesos (9 mil700 dólares) para evitar llevar su proceso en prisión al presumirles culpables.
Gustavo fue sometido, agredido físicamente y arrestado por los policías a los que grababa, quienes lo acusaron de “ataques a la paz pública” y “ultrajes a la autoridad”.
Por esas acusaciones Gustavo pasó cuatro días en la cárcel y un juez capitalino, pese a las evidencias que demuestran su inocencia y los abusos cometidos contra él, le fijó en 126 mil 476 pesos la posibilidad de enfrentar el proceso penal en libertad.
Por esas acusaciones Gustavo pasó cuatro días en la cárcel y un juez capitalino, pese a las evidencias que demuestran su inocencia y los abusos cometidos contra él, le fijó en 126 mil 476 pesos la posibilidad de enfrentar el proceso penal en libertad.
“Para ARTICLE 19 la detención de Gustavo Ruiz además de representar una de las 67 agresiones a la libertad de expresión cometidas y documentadas en México durante el tercer trimestre de 2013, vino a fortalecer dos patrones observados en el DF desde el 1 de diciembre de 2012: las autoridades locales no ofrecen garantías para documentar la protesta social y sus policías reprimen derechos fundamentales como la libertad de expresión en movilizaciones sociales llegando al extremo de la criminalización del ejercicio de un derecho humano”, expuso.
LAS CIFRAS
Se trata de un tercer trimestre marcado por cinco ataques a páginas de Internet pertenecientes a medios de comunicación; dos ataques con explosivos a las instalaciones de periódicos; un asesinato; 16 agresiones físicas/materiales; 30 actos de intimidación/presión, en 10 casos a través del veto y cinco robos. Además, dos periodistas han sido denunciados penalmente por difamación.
Los estados con mayor número de agresiones a la libertad de expresión son: Veracruz, 13; Baja California, 10; Distrito Federal, 10; Zacatecas, ocho; Quintana Roo, cinco; Oaxaca, cuatro, y Michoacán, con 3.
Del total de agresiones documentadas en el tercer trimestre, en 36 casos hay servidores públicos involucrados. La mayoría de ellos pertenecientes a fuerzas de seguridad pública, sin que hasta el momento existan sanciones penales o administrativas por sus acciones. Además, hay otras 8 agresiones documentadas en el tercer trimestre pero que se cometieron entre el primer y segundo trimestre del año.
En Veracruz, el desalojo de maestros la Plaza de Lerdo, en el municipio Xalapa, la madrugada del sábado 14 de septiembre, además de evidenciar que la política de reprimir la protesta social no fue exclusiva del DF en el tercer trimestre del año, dejo al descubierto la ineficacia de las autoridades locales para castigar a los policías responsables de agredir a tres periodistas y un comunicador social que documentaron el acto.
“Para ARTICLE 19, la agresión más grave a la libertad de expresión documentada en este tercer trimestre del año, es el asesinato del periodista de “El Imparcial” de Oaxaca, Alberto López Bello, ocurrido la madrugada del miércoles 17 de julio”, destacó.
López Bello era un periodista especializado en temas de seguridad pública. El 18 de mayo de 2013, es decir dos meses antes del asesinato, fue detenido ilegalmente por policías estatales cuando fotografiaba unas mantas con mensajes escritos por grupos delincuenciales. Hasta el cierre del presente informe trimestral, las autoridades oaxaqueñas seguían sin presentar avances en las indagatorias del crimen del comunicador.
Apenas tres semanas antes, ocho voceadores del medio habían sido objeto de 11 actos de intimidación y ataques físicos, cuando un grupo de personas ligadas a un político local los golpearon y les robaron los ejemplares en lo que se informaba de la quema de boletas electorales durante las elecciones del 7 de julio.
La última agresión a un colaborador de El Piñero de la Cuenca se registró el sábado 10 de agosto, cuando un grupo de personas quemaron el automóvil de Filadelfo Figueroa, corresponsal del medio en la ciudad de Oaxaca. “Aun cuando en todos los casos los colaboradores del periódico han identificado a sus supuestos agresores, no hay detenidos ni sancionados por esos hechos”, denunció la ONG.
Los ataques cibernéticos que sufrieron los portales de El Mañana de Nuevo Laredo; el Zócalo de Saltillo y el Noroeste de Culiacán, horas previas de celebrarse las elecciones del 7 de julio, son actos que cobran especial atención para Artículo 19, debido a la importancia de garantizar que la libertad de expresión en contextos electorales pueda darse sin inhibiciones, lo que evidentemente no sucedió con las páginas de Internet de los periódicos señalados.
A los ataques cibernéticos registrados en un contexto electoral, se suman las amenazas e intimidaciones que los periodistas Roberto Morales Ayala, director del periódico Presencia en Veracruz, y Jaime Delgado, director del portal Periodismo Negro en Baja California, recibieron producto de la línea editorial que manejaron sus medios en las elecciones locales celebradas en sus estados.
“Para ARTICLE 19 resulta altamente preocupante que de las 67 agresiones a la libertad de expresión documentadas en el tercer trimestre de 2013, no exista castigo para los responsables de estos actos, más cuando los responsables, en 46% de los casos, son servidores públicos vinculados con corporaciones policíacas.
“Para ARTICLE 19 es primordial que las autoridades federales y locales adopten protocolos de actuación que permitan que un derecho fundamental como la libertad de expresión se desarrolle sin ningún tipo de inhibiciones, pero sobre todo que se castigue a los servidores públicos responsables de estos actos”, denunció.
No hay comentarios:
Publicar un comentario