AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
Son 230 kilómetros de espanto: 29 ejidos afectados, más de 50 túneles con filtraciones, decenas de puentes cuarteados, centenas de hectáreas afectadas, miles de metros de asfalto deslavado, aludes, fallas geológicas no previstas… Bienvenidos a la carretera Durango-Mazatlán, “la más importante y emblemática que se haya hecho en la historia de la ingeniería reciente de México” y que será inaugurada dentro de unos días por el presidente Peña Nieto. No sólo muestra baches y derrumbes, sino también la voracidad de quienes pueden invertir 28 mil millones de pesos pero sólo ofrecen 60 centavos por metro expropiado.
A causa de ese meteoro los daños se multiplicaron: hundimientos del asfalto por la presión del agua, drenajes tapados o que no soportaron el caudal y reventaron el asfalto, cunetas anegadas por la misma carga pluvial y pesadas rocas que deshicieron túneles, sin contar con que más de 50 de los 64 pasajes filtran agua. Una parte importante de los 57 puentes también presenta fallas de diverso calibre.
La carretera de 230 kilómetros fue anunciada como la más “importante y emblemática que se haya hecho en la historia de la ingeniería reciente de México, tanto por el reto que supuso su construcción como por la aplicación de la tecnología más avanzada”. Hoy es una ruta de desolaciones. No sólo por los túneles y puentes estropeados, sino también por los daños “colaterales” que causaron las constructoras Tradeco, Aldesa y Omega en 29 ejidos y comunidades de la zona (Proceso 1823).
Esas afectaciones también son cuantiosas: arroyos o grandes cauces de ríos –como El Baluarte– completamente azolvados por el material que desparramaron las constructoras más allá de su derecho de vía. Contaminaron zonas protegidas, en las que crecen especies de pino endémicas, como la pseudotsuga. Destruyeron el hábitat de la guacamaya, que está en peligro de extinción. Cerraron caminos que servían para sacar los productos de las zonas madereras o de cultivo y quitaron puentes de paso para ganado. En pueblos como Santa Lucía, Sinaloa, los habitantes demandan la reparación de las cuarteaduras que las detonaciones causaron en sus inmuebles. Y lo paradójico: se construyeron puentes que no sirven a nadie.
A ello se suma que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretende pagar a 60 centavos el metro cuadrado de tierra expropiada. Sin acuerdo previo, además, otorgó el permiso para que Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, instalara en forma paralela a la megaobra el cableado de fibra óptica.
La lucha de los ejidatarios y comuneros se inició en noviembre de 2012. En febrero de 2013, por iniciativa de Andrés Medrano Quiñonez –quien se inició con El Movimiento por la justicia agraria–, siete ejidos y comunidades decidieron irse al amparo. Del municipio de Pueblo Nuevo, entre otros, fueron Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo, San Antonio y Anexos; del municipio de Durango se sumaron La Victoria y José María Morelos, sólo que estos dos últimos fueron “apaciguados” por el actual senador suplente Óscar García Barrón, quien entonces era líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y presidente de asuntos agrarios de la Cámara de Diputados federal, en la legislatura pasada, narra el abogado defensor Enrique Pérez Virgen.
“La primera demanda la presentamos en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de la ciudad de Durango, por el pago justo y la reparación de daños. Tenemos avalúos de la tierra y de bienes diferentes a la tierra que entregamos en las oficinas centrales de la SCT, así como en los estados. Estamos hablando de alrededor de 633 mil pesos por hectárea para Pueblo Nuevo, mientras que para San Antonio y Anexos, que está más conurbado, se cotiza arriba del millón de pesos”, señala Andrés Medrano, mientras entrega a Proceso copia de los avalúos de cada uno de los ejidos.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1928, ya en circulación)
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